El tribunal del caso Lebbos juzgará a los policías acuartelados en los saqueos
Sábado 17 de Marzo de 2018, 07:51
DESPUÉS DE LOS SAQUEOS. Así quedó el supermercado de avenida Gobernador del Campo luego de que los saqueadores ingresaran al local aprovechando el paro policial de 2013.La megacausa ingresó a la Sala III de la Cámara Penal de esta capital, el mismo tribunal que interviene en el juicio del caso “Lebbos”. Aunque el desarrollo de ese proceso -también dirigido contra funcionarios de Seguridad- augura que no será inmediato el enjuiciamiento de los presuntos policías rebeldes, técnicamente ya comenzó la preparación de la audiencia con mayor número de imputados de la historia del Poder Judicial local.
Los tiempos se aceleraron a partir de finales del mes pasado, cuando Enrique Pedicone (preopinante) y Eudoro Albo, vocales de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, confirmaron la elevación a juicio del expediente dispuesta por la ex magistrada Mirta Lenis de Vera el 26 de noviembre de 2015.
La entonces jueza de Instrucción en lo Penal N°5 había accedido al requerimiento formulado por los fiscales Adriana Giannoni (N°8) y Diego López Ávila (N°4). Al igual que Lenis de Vera, los camaristas Pedicone y Albo rechazaron los recursos por considerar que había pruebas suficientes contra los imputados, entre ellos Jorge Racedo, ex jefe de la Policía, sin perjuicio de que el debate pudiese desembocar en una absolución.
Si el tribunal se mantiene como está y no ocurren imprevistos susceptibles de torcer el rumbo del proceso, la tarea de juzgar recaerá sobre los camaristas Carlos Caramuti, Dante Ibáñez y Rafael Macoritto. En función de la agenda de ese estrado, el megajuicio recién sería abierto en 2020.
La gama de delitos atribuida a los policías incluye la sedición agravada por la condición de agentes de la fuerza pública y por la ostentación de armas de fuego; la incitación a la violencia colectiva; el impedimento del normal funcionamiento de los transportes por tierra; la privación ilegítima de la libertad; la coacción agravada con el fin de obtener concesiones de las autoridades provinciales, y el hurto y el robo calamitosos reiterados.
Los hechos investigados tuvieron lugar entre el 8 y el 11 de diciembre de 2013. En esas jornadas, un conjunto de agentes se acuarteló en la Subjefatura de la Policía ubicada en la esquina de las calles Chile y San Miguel de esta ciudad. La medida de fuerza -una huelga ilegal puesto que los policías no tienen derecho a sindicalizarse- obedeció, al menos en la superficie, al reclamo de un aumento de salarios y de la reincorporación de cesanteados, como el imputado Diego Herrera, que ofició de vocero de los promotores del paro.
El Estado recuperó el control de la Policía cuando el ex gobernador José Alperovich decretó un incremento de $ 8.700 de bolsillo (U$S 1.338 dólares según la cotización oficial de $ 6,50 de aquella época) y una retribución básica inicial superior a los $ 4.900 (o U$S 754). “Vivimos una verdadera extorsión”, dijo Alperovich en aquella oportunidad.
La rebelión policial desencadenó un caos intenso en coincidencia con la celebración de los 30 años de la reinstauración de la democracia: la alteración de la paz social incluso obligó a desplegar una dotación de Gendarmería. Hubo muertos y numerosos heridos en un escenario donde la población montó barricadas y guardias armadas. Ese estado de anarquía fue aprovechado para saquear supermercados y otros negocios, además de para perpetrar asaltos en la vía pública y en domicilios particulares.
La pesquisa relativa a quienes aprovecharon la situación de indefensión para tomar bienes ajenos quedó en manos de la fiscala Adriana Reinoso Cuello (N°6). Los daños materiales fueron afrontados por el pueblo puesto que, mediante la Ley 8.685 de 2014, la Legislatura otorgó créditos para cancelar tributos provinciales a medio centenar de comercios por casi $ 39 millones (U$S 4,8 millones de aquel momento).
La Corte Suprema de Justicia de Tucumán y el entonces ministro público Luis De Mitri activaron la respuesta judicial (Jorge Posse Ponessa, fiscal de Estado de Alperovich, presentó una denuncia de sedición). En el transcurso de la investigación de la revuelta policial, una veintena de sospechosos quedaron desvinculados (una decena fue detenida). Los fiscales Giannoni y López Ávila consideraron acreditado que entre el 8 y el 11 de diciembre los agentes imputados actuaron en contra de los ciudadanos que debían proteger. “Desampararon a la sociedad”, dijeron en el requerimiento de elevación a juicio. Y reprocharon al ex jefe Racedo no haber dispuesto ninguna orden efectiva para detener el levantamiento de sus subordinados.
Fuente: https://www.lagaceta.com.ar/nota/764444/actualidad/saqueos-2013-caso-rebelion-policial-ya-tiene-tribunal.html
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