Bourlé denunció por fraude a Alperovich y a los secretarios Almaraz e Iramain

Viernes, 04 de Septiembre de 2015 21:21




El titular de la Asociación Bancaria y virtual legislador electo Eduardo Bourlé denunció en la justicia penal al gobernador José Alperovich por fraude electoral, malversación de caudales, incumplimiento de deberes de funcionario público y otros delitos.

La denuncia también involucra a los secretarios de la Junta Electoral Provincial, Darío Almaraz y Alfredo Iramain.

La denuncia de Bourlé, con el patrocinio del doctor Juan Andrés Robles, apunta a la supuesta participación dolosa de Alperovich en las elecciones del 23 de agosto, y a su reconocimiento del reparto de bolsones de alimentos durante el proceso electoral.

El siguiente es el texto de la denuncia:

FORMULO DENUNCIA.  REQUIERO INVESTIGACION SUMARIA JURISDICCIONAL.

JUEZ DE INSTRUCCIÓN DE TURNO.- 

CAUSA: “ALPEROVICH JOSE JORGE Y OTROS S/ FRAUDE ELECTORAL, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, PECULADO, VIOLACION DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO Y OTROS DELITOS”.-

                                    EDUARDO ALBERTO BOURLE, argentino, mayor nacido el 7 de octubre de 1949, DNI Nº 7.838.748, con domicilio real en Calle Las Rosas n°40 de la Ciudad de Yerba Buena, Tucumán y constituyéndolo a los fines legales en casillero de notificaciones N° 599, a S.S respetuosamente me dirijo y digo: 

                                   OBJETO: 

                                   Que vengo a interponer formal denuncia penal en contra del Sr. Gobernador de la Provincia de Tucumán, JOSE JORGE ALPEROVICH, cuyos demás datos filiatorios desconozco, y de todos aquellos funcionarios que intervinieron y que surjan de la investigación penal preparatoria a realizarse, por los delitos de FRAUDE ELECTORAL, VIOLACIÓN DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIOS PUBLICO, MALVERSACION DE CAUDALES PUBLICOS, PECULADO y de los que pudieran surgir de la presente investigación, ilícitos en perjuicio de la Provincia de Tucumán.

Asimismo insto formal denuncia en contra los Sres. Secretarios de dicho cuerpo EDGARDO DARIO ALMARAZ y ALFREDO IRAMAIN, cuyos demás datos desconozco,  por los delitos de PARTICIPACION NECESARIA EN EL DELITO DE FRAUDE ELECTORAL, VIOLACION DE LOS DEBERES DE FUNCIONARIO PUBLICO, como de todo delito que surja de la presente investigación penal preparatoria a llevarse a cabo.

                                   Teniendo en cuenta que el Sr. Gobernador y el Sr. Presidente de la Junta Electoral posees privilegios Constitucionales que obstaculizan su investigación en los ilícitos denunciados (Art. 14, 15, 16 y cc del CPPT), vengo por el presente a solicitar se efectúe una SUMARIA INVESTIGACIÓN JURISDICCIONAL a fin de que eventualmente se disponga, si las pruebas colectadas la ameritan, se proceda oportunamente a la instrucción jurisdiccional pertinente, debiéndose en el caso de los denunciados  Almaraz e Iramain formarse las actuaciones correspondientes a los fines de iniciar de inmediato la investigación penal preparatoria. 

                                   HECHOS:

                                   Con fecha 23/08/2.015 se celebraron las  elecciones  provinciales generales a los fines de proceder a la elección de Gobernador, Vicegobernador, Intendentes, Legisladores Provinciales, Concejales y Delegados Comunales.

Que conforme es normado por la Ley Provincial N° 7.876 (en adelante Código Electoral Provincial o CEP) se encuentra a cargo de la Junta Electoral Provincial (en adelante JEP) la dirección del proceso electoral convocado, siendo la misma, autoridad de aplicación de dicha normativa y de toda legislación local en materia electoral que se dictara al efecto, y supletoriamente el Código Electoral Nacional (en adelante CEN).

Que no obstante ser dicho acto eleccionario, el acto democrático por antonomasia, durante los días previos, y en especial durante la celebración del mismo,  del escrutinio provisorio y del definitivo, el mismo se encontró viciado de una serie continua de delitos, los que podrían por una razón del destino encontrarse relacionados entre sí de una manera tal que parecería que se tratara de un plan delictual estratégico llevado a cabo de manera precisa, siendo los ejecutantes quienes deberían en la práctica garantizar el normal desarrollo, y transparencia de todo acto electoral.                                  

Durante los días previos al inicio del acto electoral, vimos y observamos aterrorizados el gran despliegue y acopio de bolsas de mercaderías, los que fueron plasmados por la prensa oral,  escrita y televisiva, las que a la postre fueron distribuidos, o bien para distribuirse, con la única y clara intención de “torcer” la voluntad de los sectores más vulnerables de electores, quienes al momento de emitir su sufragio fueron inducidos (algunos coaccionados) y compelidos a votar de una manera determinada, direccionando el sufragio a favor de los candidatos oficiales, sea del denominado Frente para la Victoria, o el denominado partido provincial Acción Regional, ambos integrantes de una misma fuerza política aunque fuera en vano el intento de mostrarse como distintos.

Es de público y notorio que ambos frentes o espacios electorales, se componían en su mayoría por postulantes ligados al gobierno de turno, sea en cargos electivos o bien dependientes del Estado (sean del Poder Ejecutivo, Legislativo, Municipal y/o Comunal, y/o Judicial).

No hace falta ser un gran investigador como para poder asegurar que el dinero utilizado, no sólo para la propaganda electoral, el traslado de votantes o “torcer” la voluntad de un gran grupo de electores mediante la entrega a cambio de mercadería o planes sociales, fue el producto de la utilización de manera arbitraria y delictual de fondos del Estado.

Pero, lo que siempre se trató de sostener por parte de los miembros de los tres poderes del Estado (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) que la elección del día 23 del cte. Mes  presentaron las características propias de todo proceso electoral, siendo los actos y hechos observados una clara muestra “del folclore del juego de la democracia”.

¿Se podría sostener que el acarreo (porque no estuvimos en presencia del traslado de electores) o la entrega de mercadería para inducir u obligar a un vasto sector de votantes que emitieran su sufragio por él o los candidatos oficiales forma parte de la democracia?

¿Esto podría ser ajeno al accionar y obligaciones  de las autoridades que debían, no solo de modo preventivo impedir tan grosera practica antidemocrática,  sino que una vez detectadas tomar las medidas para garantizar el normal desenvolvimiento del acto electoral? 

La respuesta para ambos interrogantes son más que obvias.

Pero toda posibilidad de asombro o duda de quién fue el ideólogo o autor de las conductas delictuales observadas, quedó de lado cuando el día lunes 31/08/2.015 al ser consultados por los diferentes medios periodísticos el Sr. Gobernador de la Provincia José Jorge Alperovich expresó: “…Esta mañana, el gobernador José Alperovich reconoció que se habrían entregado bolsones durante las elecciones provinciales del pasado 23 de agosto. "De ambos lados habría sucedido pero igual nosotros perdimos en San Miguel de Tucumán y admitimos la derrota", expresó en su habitual contacto con la prensa…”

Esto quedó plasmado no sólo en la prensa escrita, sino en todos los medios periodísticos tanto  locales y nacionales los que serán ofrecidos como prueba.

Éste reconocimiento por parte del Sr. Gobernador de la entrega de  bolsones de mercadería para obligar o inducir a votantes a emitir su voto de una manera determinada, no era ni pudo ser desconocida por los integrantes de la JEP, quienes con su complicidad lograron la ejecución precisa del plan delictual planificado.

Pero no sólo vimos o escuchamos como el denunciado Alperovich reconocía a los cuatro vientos la entrega de mercadería  a cambio de un voto, sino que además esa mercadería fue adquirida con fondos del Estado Provincial (en sus tres facetas, Provincial, Municipal y Comunal) lo que agravaría aún más la conductas desplegadas.


 PLAN DELICTUAL EFECTIVO:

Que si bien todo proceso electoral trae aparejado para nuestro pueblo la esperanza que toda práctica espuria antidemocrática sea desterrada, lo que se observó en los días previos a la jornada electoral, en día de los comicios y durante el escrutinio (sea con la falsificación o adulteración de los datos contenidos tanto en los denominados telegramas de escrutinio, como en las actas, o en la destrucción o cambios de las urnas de votantes) fue el resultado de un plan diseñado y ejecutado de una manera aceitada, o casi perfecta.

Pero éste andamiaje casi perfecto no es el resultado de la planificación de la noche a la mañana.

Estamos en presencia de un plan con años de diseño y puesta en práctica.

Haciendo un poco de historia, se podría decir que el nacimiento de éste plan estratégico se inició con la pretendida “legalización” de éstas prácticas delictuales antidemocráticas. Es de recordar que  comenzó en la sesión del 12/02/2.007 de la Honorable Legislatura de la Provincia de Tucumán.

En la misma Honorable Legislatura, sancionó una serie de cambios  al Régimen Orgánico de los Partidos Políticos, ley N° 5.454 y sus modificatorias, entre las que podemos destacar no sólo la implementación en los procesos electorales del sistema de VOTO ELECTRONICO, sino que además establecía el rechazo y sanción de una serie de conductas delictivas, en especial a la ENTREGA DE BOLSAS DE MERCADERIAS A UN CIUDADANO PARA INDUCIR A VOTAR A UN CANDIDATO DETERMINADO.-

El sistema del VOTO ELECTRONICO se encuentra prevista en nuestra Constitución Provincial (año 2.006), siendo que NUNCA el titular del Poder Ejecutivo, no obstante ser una facultad exclusiva y excluyente de dicho poder su puesta en práctica, REGLAMENTÓ el sistema instituido por nuestra carta magna local, en un claro incumplimiento de los deberes a su cargo, con la única finalidad que el clientelismo instituido desde su acceso al gobierno provincial (año 1.999 como Ministro de Economía de la Provincia) no traería sus frutos con la implementación de sistema de transparencia electoral como es éste tipo de modo de emitir el sufragio.

Estas modificaciones votadas y sancionadas en el Poder Legislativo, en dicha sesión del 12/02/2.007, fueron vetadas por el denunciado mediante Decreto 45014-MGyJ, Expte. 261/110L-07 de fecha 26/02/2.007.

Pero esa trascendental modificación pretendida por la HLT, la cual quedó trunca, necesitaba el respaldo del Poder que debía controlar todo proceso electoral.

Es por ello, que en su afán de un salto a la carrera política, el por entonces presidente de la Excma. Corte Suprema de Justicia de Tucumán, Dr. Alfredo Carlos Dato, quien a la vez presidía la JEP, con una irresponsabilidad espasmosa, en la época de la celebración de la elecciones para Convencionales Constituyentes, declaró públicamente que  (http: //www. lagaceta. com.ar /nota /147480 / Pol%C3%ADtica/Dato-asegura-entrega-bolsones-no-delito.html), "es imposible comprobar cómo influyó un bolsón en la voluntad de un elector", avalando que la entrega de una bolsa de comida a un electoral para influir en su voluntad no era un acto delictual.

Pero éste ataque al sistema democrático, tiende a viciar la voluntad del elector ya que instan u obligan a  una persona a sufragar de determinado modo, violentando su decisión anterior y comprando su voluntad, impidiendo que la gente no se pueda expresar libremente.

 Asimismo en dicha publicación periodística también el otrora magistrado, quien anunciara su candidatura política como Diputado Nacional por el FpV aun en ejercicio de la presidencia del máximo tribunal local, descartaba también  que sea delito el alquiler de vehículos para trasladar ciudadanos o incluso el acompañamiento de dirigentes.

Como S.S. puede observar  existió connivencia, o vista gorda de la utilización de los fondos públicos para la compra de bolsas de comidas o contratación de vehículos para el acarreo de votantes, a los fines de inducirlos (viciando su voluntad) para que sufragaran de determinado modo.

Pero éste círculo delictual, no sólo lo vemos en el poder político de turno, o el silencio de los miembros del  Poder Judicial, sino que además el órgano encargado de la dirección y control de todo proceso electoral provincial, no sólo omitieron de manera dolosa llevar adelante un correcto control del mismo, sino que al igual que lo ejecutará el por entonces presidente de la JEP, Alfredo Carlos Dato, rápidamente salieron a sostener, sin resolución alguna a los diferentes planteos efectuados que “estábamos en presencia de comicios limpios sin anomalías”,  expresiones desafortunadas del presidente actual de la JEP efectuadas a horas de finalizado el escrutinio provisorio plagado de denuncias. Aún observamos como el denunciado Almaraz en su afán de transformarse en un personaje de los medios no deja periodista alguno sin pedir una nota para alabar el “gran trabajo desplegado por la JEP”.

Es por todo ello que se sostiene que el accionar desplegado  los días previos a los comicios, durante dicha jornada (es decir el 23/08/2015 ) o durante la tramitación de los escrutinios respectivos, no fue obra de una sola persona, no obstante el reconocimiento del denunciado Alperovich quien confesara la entrega de bolsas de mercaderías (la cual habrían sido adquiridas con fondos del Estado) a los votantes, para influir en su decisión, sino que dichos actos fueron “acallados” por quienes tenían la obligación legal del control y resguardo del acto eleccionario, omitiendo todos ellos el deber de todo funcionario de denunciar todo accionar delictual del que tomaren conocimiento.

Pero si uno tiene conocimiento del resultado, no le queda duda de las irregularidades que primaron en el proceso electoral, siendo sumamente llamativo si la JEP dictara la Resolución N° Resol. 971/15 del 14 de Agosto de 2015, no tomaran las medidas conducentes a evitar el atetado al sistema democrático.

CALIFICACIÓN LEGAL:

                                   Sin perjuicio de una más estricta calificación a la que se podrá arribar al cabo de la investigación, las conductas en las que incurrió el Sr. Gobernador se las puede enmarcar dentro de las previsiones legales de los arts.:139 inciso “b” e “i”; 140 del CEN; 248, 260 y cc del Código Penal.

Asimismo  las conductas enrostradas al presidente de la JEP y Secretarios de dicho órgano, se encuadrarían en las previsiones de los artículos 45, 261 y 248 del CP.-


DELITOS ELECTORALES- FRAUDE ELECTORAL:

Todo sistema electoral de un estado democrático tiene como finalidad primigenia garantizar la libre expresión de la voluntad soberana del pueblo.

Los delitos electorales podríamos denominar al  conjunto de conductas atentatorias contra la transparencia y objetividad del proceso electoral, como asimismo contra la igualdad entre los distintos competidores en la lid electoral y contra la libre manifestación de su opción de voto por parte del elector, en definitiva, contra la pureza de los comicios, es decir son aquellas acciones u omisiones que, de una u otra forma, atentan contra los principios de objetividad, transparencia, igualdad y libertad, que han de regir un sistema electoral democrático.

La libertad de emisión del sufragio puede ser constreñida a través de medios muy diversos: bien directamente, obligando o coaccionando a votar en un determinado sentido o impidiendo la emisión del voto, bien a través de cauces indirectos, induciendo con engaño a un elector, o a una pluralidad de ellos, a votar por una opción política concreta.

El Fraude electoral constituye un atentado contra la libertad electoral y la transparencia de los comicios, destinado a distorsionar deliberadamente el ejercicio libre del sufragio, siendo un ataque deliberado a la soberanía misma de un pueblo.

El CEN, en su título VI, Capitulo II legisla sobre los delitos electorales. En su artículo 139 tipifica que se impondrá la pena de uno a tres años a quien: “…b) Compeliere a un elector a votar de una manera determinada…”, a quien “…i) Falseare el resultado…” Asimismo en el artículo 140 estatuye la pena de prisión al que con engaños indujere a otro a sufragar en determinada forma.

De ningún modo es intención del denunciante en hacer un análisis de la situación de abandono en la que se encuentra la mayor parte de la población de nuestra provincia, trayendo como consecuencia un estado de vulnerabilidad, transformándose “fáciles víctimas” de un sistema electoral perverso.

Si bien el derecho, y su aplicación es por demás conocido por los Sres. Magistrados, es oportuno traer a  colación lo resuelto por la Excma. Cámara Federal Electoral, en los autos   "Héctor T. Polino y otros por la Lista Nº 1 ‘Conducción Socialista’ del Partido Socialista distrito Cap. Fed. s/queja” (Expte. Nº 4058/05 CNE) CAPITAL FEDERAL FALLO Nº 3605/2005, con fecha 10/11/2005, lo que ayudaría a entender la importancia de la presente denuncia y la necesidad de su resolución en tiempo oportuno.

Entre los fundamentos sostenidos en dicha resolutiva, podes destacar que:”… 6º)…la Corte Suprema de Justicia de la Nación ha explicado que “existe un interés concreto y actual, que arraiga en el principio de soberanía popular, en obtener la verificación judicial de la legitimidad del acto comicial, interés que no desaparece por la asunción de funciones de quienes se denuncian como representantes de una voluntad aparente” (Fallos 317:1469).- 7º) Que es del caso recordar aquí que, mediante las elecciones, el pueblo pone en ejercicio su soberanía a efectos de constituir directa o indirectamente a las autoridades de la Nación (cf. Fallos CNE 3352/04 y 3533/05). En este sentido, se ha definido a la democracia como el “régimen en el cual los gobernantes son escogidos por los gobernados, por medio de elecciones sinceras y libres” (Duverger, Maurice, “Los partidos políticos”, Ed. Fondo de Cultura Económica, México, 1957, página 376).- Resulta -entonces- que las elecciones son algo más que una técnica para la designación de las autoridades de la Nación. En efecto, éstas adquieren así el sentido de una consulta a la opinión y voluntad popular, un medio a través del cual el cuerpo electoral expresa su pensamiento sobre la conducción del Estado (cf. Fayt, Carlos Santiago, “Sufragio y Representación Política”, Ed. Bibliogr?fica Omeba, Bs. As., 1963, página 112), a la vez que tienen por finalidad esencial legitimar y limitar el poder (cf. Mackenzie, W. J. M., “Elecciones libres”, Ed. Tecnos S. A., Madrid, 1962, página 159).- Sobre tales premisas, se ha explicado que en todo juicio sobre una elección debe guiar al juzgador la preocupación por respetar la voluntad genuina del cuerpo electoral y que cualquier argumentación de naturaleza jurídicoformal que pretenda desconocer la sustancial realidad cuyo respeto el sistema de democracia representativa procura asegurar, queda de tal suerte irremediablemente enervada (cf. Fallos CNE 359/87; 367/87; 783/89; 796/89 y 1147/91).- 8º) Que las prácticas clientelares - entre las que se encuentra la denominada “compra de votos”- conspiran precisamente contra la expresión de libre voluntad que constituye un presupuesto indispensable del ejercicio del sufragio. Así, se ha explicado que el clientelismo se sitúa en el origen del concepto de clientela romana, donde se designaba a un conjunto de relaciones de poder, dependencia política y económica que se establecía entre individuos de status desiguales, basadas en el intercambio de favores. En las sociedades modernas las relaciones clientelares han logrado sobrevivir y adaptarse, tanto frente a la administración centralizada como frente a las estructuras de la sociedad política (elecciones, partidos, parlamentos) (cf. Bobbio, Norberto; Matteucci, Nicola y Pasquino, Gianfranco, Diccionario de política, 8ª edición, Siglo XXI editores, Madrid, 1994, página 234).-  9º) Que, en efecto, el concepto general de clientelismo político está acotado en nuestra sociedad a una mera permuta de favores entre jefes partidarios y potenciales electores provenientes en su mayoría de clases bajas y desamparadas. Sin embargo, la lógica del poder que responde a su raíz profunda va más allá de un simple intercambio de mercaderías por votos. El esquema desplegado es mucho más complejo y aquél es, en última instancia, el resultante final de una larga cadena (cf. Dinatale, Martín, "El festival de la pobreza", La Crujía Ediciones, Bs. As., 2004, página 41).- 10º) Que “la compra de votos” -como la que en este caso los recurrentes denuncian- se presenta entonces como la práctica típica del clientelismo políticoelectoral, pues -aun cuando aquélla puede presentarse como fenómeno autónomo- éste constituye su contexto natural. En efecto, ésta ha sido definida como el mecanismo en el que los votantes son “sobornados” para que se comprometan a un particular y determinado comportamiento electoral (cf. Pfeiffer, Silke, “Compra de votos y sus implicancias para la democracia: evidencias de América Latina” en www.globalcorruptionreport.org/download/ger2004/es/ compra_de_voto), afectando así las bases mismas de la representación y de la democracia.- Se ha destacado, por otra parte, que a medida que “la compra y venta de votos” se enraíza en la cultura política de un país, se estimula al comprador para que busque más recursos con qué incentivar la actividad (cf. Pfeiffer, Silke, ob. cit.).- El objeto de la transacción puede ser variado, en ocasiones no se ofrecen bienes o dinero, sino que se negocian trabajos de corto plazo y contratos públicos (cf. cf. Pfeiffer, Silke, ob. cit.) o -asimismo- garantizar a los votantes el acceso a programas sociales u otros servicios públicos a cambio de su voto, así como también amenazarlos con quitarles beneficios si no votan como se les “ordena”.- 13°) Que, sobre esa base y en virtud del efecto extremadamente pernicioso que las prácticas clientelares como las denunciadas en estos autos tienen sobre los principios fundamentales del régimen representativo y en particular sobre la expresión genuina de la voluntad del elector que es su presupuesto, diversos países comenzaron a incorporar en sus legislaciones disposiciones que prevén consecuencias de índole variada. Así, se establecen previsiones tendientes a prevenirlas impidiendo su concreción o dificultarlas mediante la instauración de mecanismos -v. gr. el voto secreto- que les resten ocasión de realizarse. A su vez, para el supuesto de que se efectivicen, se prevé su neutralización mediante la anulabilidad de los actos viciados o de sus consecuencias -v. gr. nulidad de la elección o del título surgido de ella- y se contemplan también sanciones de tipo penal para quienes incurren en actividades de esa especie.- En efecto, las acciones que tienen por fin lesionar de algún modo la sinceridad de los comicios y particularmente del sufragio son hechos ilícitos que constituyen en muchos casos delitos penales, aunque no siempre configurando tipos autónomos y específicos sino que en ocasiones simplemente se trata de prácticas tipificadas independientemente de la órbita electoral -como cohecho, malversación de caudales públicos, soborno, etc.-. No obstante ello, la especificidad del ámbito electoral ha dado lugar a la regulación de figuras penales propias, ya sea que se las incluya en los códigos o leyes electorales o en los cuerpos penales propiamente dichos…”

Tomando como fundamentos los considerado por la JEP en su Resolución N° 971 del 14/08/2015:”… en un sistema de democracia representativa es determinante la existencia de elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores (conf. art. 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos). En consecuencia, los Estados partes de la Convención Americana sobre Derechos Humanos “no sólo tiene la obligación general establecida en el artículo 1 de la Convención de garantizar el goce de los derechos, sino que tiene directrices específicas para el cumplimiento de su obligación. El sistema electoral que los Estados establezcan de acuerdo a la Convención Americana debe hacer posible la celebración de elecciones periódicas auténticas, realizadas por sufragio universal e igual y por voto secreto que garantice la libre expresión de la voluntad de los electores” (Corte IDH, “Caso Castañeda Gutman vs. México”, de fecha 6 de agosto de 2008, parágrafo 158). En el mismo sentido, la Carta Democrática Interamericana dispone que son elementos esenciales de la democracia representativa, entre otros, “la celebración de elecciones periódicas, libres, justas y basadas en el sufragio universal y secreto como expresión de la soberanía del pueblo” (artículo 3º). Es que esos estándares internacionales propician la manifestación auténtica de “la voluntad del pueblo” en función de fortalecer la democracia (conf. art. 23 de la CADH, art. 25 del PIDCP, art. 21 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, entre otros).  Al respecto, la Comisión Ineramericana de Derechos Humanos ha explicado que la “autenticidatd” que debe caracterizar a las elecciones, “implica -en sentido afirmativo- que debe existir una estructura legal e institucional que conduzca a que el resultado de las elecciones coincida con la voluntad de los electores. Y en sentido negativo, “implica la ausencia de coerciones que distorsionen la voluntad de los ciudadanos” (OEA/Ser.L/V/II.76, “Informe sobre la situación de los derechos humanos en Panamá”, del 09/11/1989. Idem: resolución nº 01/90). En diversos pronunciamientos, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha reiterado que “la “autenticidad” de las elecciones abarca dos categorías diferentes de fenómenos: unos, son los referidos a las condiciones generales en que se desarrolla el proceso electoral; y otros, son los fenómenos vinculados con el sistema legal e institucional que organiza las elecciones y que ejecuta las acciones propias del acto electoral” (CIDH, resolución nº 01/90 -casos 9768 y 9820- del 17/05/1990, parágrafo 48). En lo que se refiere a las condiciones generales en que se desarrolla el proceso electoral, “ellas deben conducir -en sentido positivo- a que las diferentes agrupaciones políticas participen en el proceso electoral en condiciones básicamente equivalentes” (Resolución nº 01/90, parágr. 90). Y en sentido negativo, ellas deben asegurar la ausencia de coerciones directas en contra de los opositores y de ventajas indebidas en favor de uno de los participantes en la contienda electoral (Informe anual 1988/89, págs. 200/206. Nicaragua). En consecuencia, el concepto de elecciones auténticas (como estándar del Sistema Interamericano de protección de Derechos Humanos) significa, entre otras dimensiones, la necesidad de garantizar que la voluntad del pueblo se exprese genuina y fidedignamente en las elecciones de sus representantes, sin que la existencia de elementos ni mecanismos políticos, produzcan condicionamientos o alteraciones de su voluntad, distorsionando la elección popular y afectando la transparencia de la democracia.  En el plano nacional se observa que el artículo 37 de la Constitución Nacional consagra que el “sufragio es universal, igual, secreto y obligatorio”, como mecanismo para garantizar la libertad del sufragio, dado que éste último constituye un elemento esencial para el correcto funcionamiento del sistema democrático. La misma lógica se desprende del inc. 3 del artículo 43 de la Constitución de la Provincia de Tucumán. Se observa también que nuestro Código Electoral Nacional (al cual remite el artículo 49 de la Ley provincial n° 7876 -Código Electoral de Tucumán-) contiene una numerosa serie de previsiones de diversa índole tendientes a preservar la autonomía y libertad del elector, donde se destaca que el artículo 13 prevé que el “elector tiene derecho a guardar el secreto del voto”, tal norma se complementa con las cláusulas orientadas a que tal reserva sea efectiva, por ejemplo, el artículo 85 -que prescribe la obligatoriedad de aquél secreto durante el acto electoral-, el artículo 82, inc. 4 -que contempla la necesidad de habilitar un cuarto oscuro “para que los electores ensobren sus boletas en absoluto secreto”-, el artículo 141 -que sanciona a quien viole el secreto del sufragio de un tercero-, y el artículo 142 -que sanciona a quien revele su propio voto-.

Esto priva a ésta parte a agregar concepto alguno…lo sucedido estaba previsto, lo que quedo demostrado.-

Violación a los deberes de funcionario público: 

El art. 248 del Cód. Penal es claro al establecer que “será reprimido...el funcionario público que no ejecutare las leyes cuyo cumplimiento le incumbiere…”, figura que consiste en la decisión de no ejecutar la ley, es decir no aplicarla, prescindir de ella, actuando como si no existiera.

El Código Procesal Penal de nuestra Provincia (en adelante CPP) establece que la acción pública, es ejercida por el Ministerio Publico, el que deberá iniciarla de oficio siempre que no dependa de instancia privada.

Pero como es costumbre cuando el que se encuentra involucrado algún  Funcionario Público de turno, el poder judicial connivente, si  algún ciudadano formaliza denuncia alguna, no se pone en marcha el aparato   (Código Penal, artículo 72).

Pareciera que los miembros del Poder Judicial no supieran que toda persona que tenga noticia de un delito cuya represión sea perseguible de oficio deberá denunciarlo al fiscal de Instrucción ya que es obligación de los Funcionarios Publicos denunciar los delitos perseguibles de oficio que conozcan de los mismos.

La ley ha definido el concepto de Funcionario Público, en especial por el  art. 77 del CP, sosteniendo que es quien participa accidental o permanentemente del ejercicio de funciones públicas, sea por elección popular o por nombramiento de autoridad competente.

En los presentes observamos que la conducta desplegada por el Gobernador de la Provincia de Tucumán, lo que motiva la presente denuncia, no sólo consistió en no observar o no cumplió las leyes, decretos o resoluciones que debiera observar en el manejo de fondos públicos, sino que además no concurrió al órgano judicial a fin de denunciar el desvío de fondos, lo que fueran utilizados a posteriori para la adquisición de toneladas de mercadería a la postre entregadas a los votantes.

Un párrafo aparte merece el NO DAR CUMPLIMIENTO, con lo dispuesto por el artículo 43 inciso 3° de nuestra Constitución Provincial, el que instituye (desde el año 2.006) la implementación del voto electrónico a los fines de lograr la transparencia en los comicios a celebrarse, demostrándose que desde el veto parcial a la reforma política operada por el Poder Legislativo, en el año 2007, siempre fue intención del denunciado la manipulación del sistema de votación a los fines de someter a la masa más vulnerables de votantes a un clientelismo casi “esclavizante”.

Pero es de destacar que la ejecución del plan delictual denunciado no hubiera podido ser plenamente efectiva sin la colaboración del Sr. Presidente de la JEP y de sus Secretarios, todos ellos denunciados.-

Malversación de caudales públicos. Peculado: 

                                   Las conductas descriptas por el tipo normado en el artículo 260 del Código penal, es la de dar a los efectos o caudales públicos un destino distinto para los cuales estaban destinados, sin sacarlos de la administración, otorgándole al término de caudales, el sentido amplio de abarcar toda clase de bienes.

Pero éste desvío de caudales o viene públicos, fueron efectuados en beneficio propio del partido del cual es parte integrante el denunciado Alperovich, para la adquisición de mercadería para el armado de “bolsones” sino además para el alquiler de autos para el traslado de votantes, quienes al momento o previo a sufragar viciaban su voluntad al ser presos de una “compra de voluntades”, es decir UN VOTO=UN BOLSON., por lo que se tipificaría la conductas denunciadas en PECULADO (art. 261 del CP.)

                                   PRUEBAS QUE SE ADJUNTAN:                                  

1)           Decreto 450/14-MGyJ. Expte. 261/110-L-07, del 26/02/2007.

2)           Resolución N° 971/15 del 14/08/2015 de la HJEP.

PRUEBAS QUE SE OFRECEN:

1)           Se requiera de medios periodísticos como ser LA GACETA DE TUCUMAN, TN CANAL DE NOTICIAS; CONTEXTO; LV12; entre otras las entrevistas y publicaciones,  en crudo y editadas realizadas al denunciado JOSE JORGE ALPEROVICH.

2)           Se requiera a la HLT se remita copia del Libro de Sesiones del día 12/02/2.007.

3)           Se requiera de medios periodísticos como ser LA GACETA DE TUCUMAN, TN CANAL DE NOTICIAS; CONTEXTO, CCC noticias, entre otros imágenes y publicaciones referidas a la entrega, acopio de mercaderías para las elecciones provinciales generales del día 23/08/2015 

4)           Se requiera la JEP el legajo completo del candidato MARCELO ALBACA, debiéndose requerir acta de matrimonio del mismo. 

 PETITORIO:

                                   1-  Me tenga por presentado en el carácter invocado y por formulada la presente denuncia.

                                  2- Teniendo en cuenta que el Sr. Gobernador y el Presidente de la HJEP poseen privilegios constitucionales que obstaculizan su investigación en los ilícitos denunciados, (conf. Arts. 14, 15, 16 y concordantes del CPPT), solicito se lleve adelante una sumaria investigación jurisdiccional a fin de que eventualmente se disponga, si las pruebas colectadas la ameritan, se proceda oportunamente a la instrucción jurisdiccional pertinente.

                                   3- Se agreguen y se tengas presentes las pruebas adjuntadas y se provean las ofrecidas.

                                  4- En lo que respecta a los denunciados ALMARAZ e IRAMAIN se practique la correspondiente investigación penal preparatoria.

                                  5-Oportunamente se solicite el correspondiente desafuero y se eleve la causa a juicio.

                        Proveer de conformidad por ser

                                                                                                          JUSTICIA