Duras críticas al tribunal fiscal armado con amigos y un familiar de Alperovich

Sábado 03 de Octubre de 2015, 06:38




Desde un premio consuelo y un puesto laboral para familiares y amigos hasta un “brazo armado” para el director de Rentas. Así reaccionaron referentes opositores luego de que el gobernador, José Alperovich, solicitara acuerdo a la Legislatura para designar a los tres miembros del Tribunal Fiscal de Apelación (TFA), un órgano que estaba previsto en la Ley N° 5.121 (Código Tributario de la Provincia) y que rige desde diciembre de 1979, pero que nunca había sido puesto en funciones.

“La sorpresiva propuesta de designación de los miembros del Tribunal Fiscal suena a ‘premio consuelo’ para tres incondicionales del régimen”, expresó el legislador José Manuel Páez (Democracia Cristiana). El parlamentario se refirió de esa manera a la decisión del mandatario provincial, quien envió a la Cámara los pliegos del actual ministro de Economía, Jorge Jiménez; del fiscal de Estado, Jorge Posse Ponessa; y del legislador José Alberto León, a la vez primo del gobernador. “La procedencia de esos funcionarios propuestos torna ‘dudosa’ su imparcialidad frente al cúmulo de problemas derivados de la arbitraria e inequitativa legislación impositiva que caracterizó los 12 años del régimen alperovichista”, añadió el parlamentario opositor.

En este punto coincidió la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR). La radical, además de objetar la discrecionalidad con la que Alperovich eligió a quienes integrarán el directorio del Tribunal, cuestionó la presión a los contribuyentes. “En su retiro, el gobernador parece decidido a combatir el desempleo, pero lo hace pensando sólo en sus familiares y amigos. Es una burla que constituyan un tribunal que debe defender a los contribuyentes con quienes impulsaron, durante años, una política de presión fiscal que ahogó a comerciantes y a productores de toda la provincia”, planteó.

Según la norma de creación, el Tribunal Fiscal de Apelación será competente, entre otros, para conocer de los recursos de apelación contra diversas resoluciones que dicte la Dirección General de Rentas. Este ente, de acuerdo a lo que estipula la ley de 1979, debe integrarse con tres miembros, dos abogados y un doctor en Ciencias Económicas o Contador Público Nacional. Deben ser nombrados por el Poder Ejecutivo, con acuerdo de la Legislatura. A raíz de ello, Alperovich envió los pliegos de Jiménez, de Posse Ponessa y de León a la Cámara. Estos serán discutidos la semana que viene, cuando se desarrolle -probablemente- la última sesión de la actual composición parlamentaria.

Frente a esa posibilidad, Elías de Pérez reclamó que se llame a concurso público para la constitución del Tribunal Fiscal. “Durante años reclamamos que funcione este organismo como una forma de poner límites a la prepotencia fiscal de (Pablo) Clavarino. La agencia de colocaciones laborales de Alperovich no piensa en los ciudadanos. Lo ideal sería que el órgano se conforme con funcionarios idóneos e independientes, sin compromisos con el Gobierno”, amplió.

El viernes, el ministro de Economía había recordado que ya venía ejerciendo “el rol del TFA” como tribunal de alzada y que, en esta oportunidad, el Gobierno lo único que hacía era conformarlo. Frente a eso, la senadora Elías de Pérez le enrostró la denuncia que, a principios de 2005, había formulado el hoy diputado José Cano contra esas facultades del ministro Jiménez. El por entonces legislador había presentado una denuncia sobre el presunto pago de un soborno por parte de la empresa Gasnor para obtener una resolución favorable ante un reclamo impositivo de la Dirección de Rentas. Cano había llevado una denuncia anónima que llegó a su despacho. En ella se sostenía que el Ministerio de Economía, a cargo de Jiménez, había dejado sin efecto un expediente de Rentas que exigía a la concesionaria $ 11 millones en concepto de una presunta deuda por Impuesto a los Sellos. Paralelamente, y siempre según la presentación del parlamentario, se habían producido tres extracciones de fondos en la firma, por un total de $ 900.000. Tanto el funcionario como los directivos de Gasnor repudiaron en aquella ocasión la denuncia y puntualizaron que la medida gubernamental se ajustó a derecho. Y adujeron que se basaron en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en otras provincias falló en contra del Estado en reclamos similares. El expediente fue archivado por el juez Francisco Pisa en abril de 2005.

El representante del PRO en la Legislatura tucumana, Alberto Colombres Garmendia, adelantó que votará en contra de los pliegos propuestos por Alperovich. “Es una verdadera vergüenza que Alperovich, tras 12 años de gestión y recién en sus últimos días como gobernador se acuerde de este organismo y, lo que es peor aún, que recurra al nepotismo y al amiguismo para su integración. Alperovich se va tomándonos por estúpidos a los tucumanos con esta movida”, arremetió el macrista. “Este Tribunal Fiscal se transformará en el brazo armado del director de Rentas para avalar todas las tropelías y arbitrariedades que se pergeñan desde esa repartición”, advirtió.
 

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/655903/politica/segun-opositores-tribunal-fiscal-sumara-presion-contribuyentes.html