72 mil causas penales en un año llevan a la Corte a pedir la reforma del Código

Miércoles 10 de Febrero de 2016, 06:18




La comparación es elocuente. En el fuero Civil y Comercial Común de la capital, que consta de ocho juzgados de primera instancia, entraron 4.385 casos durante 2014. En ese mismo período, 72.234 causas hicieron lo propio en el fuero penal de San Miguel de Tucumán, donde actúan 10 fiscalías de Instrucción: en promedio, más de 7.200 expedientes ingresaron a cada oficina. Tales números surgen del informe estadístico que Antonio Gandur, presidente de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, presentó a sus pares durante la semana pasada con el objeto de evaluar la actividad de los Tribunales.

El documento nada dice sobre la productividad del fuero penal, donde la promoción de los procesos está en manos del Ministerio Público que dirige Edmundo Jiménez. En contraste, Gandur destacó la tendencia a la disminución de la morosidad en los fueros civiles liderada por los jueces de Documentos y Locaciones.

Los 72.234 expedientes de 2014 dieron pie a la Corte para solicitar a la Legislatura la creación de cinco fiscalías, según recordó Gandur. Estos nuevos despachos aún no funcionan porque están pendientes de cobertura -el Consejo Asesor de la Magistratura sustancia los concursos para preseleccionar a sus titulares-. El titular del alto tribunal precisó que el 43% de los casos radicados en el fuero penal de San Miguel de Tucumán durante 2014 se refieren a los delitos de hurto, amenazas y lesiones. Estos tipos penales representan el 56% de las causas en Monteros. Los homicidios dolosos superan el centenar de casos en toda la provincia: es lo que dice la medición específica que la Corte lleva adelante desde 2014.

Respecto de las medidas tomadas para aliviar el abarrotamiento del fuero penal, Gandur expresó que, en 2012, el entonces presidente Antonio Estofán promovió un plan piloto que nunca llegó a ser aplicado. “En la actualidad, nuestro Poder Judicial forma parte de la comisión especial para el estudio del Código Procesal Penal de Tucumán que junto con representantes de los poderes Ejecutivo y Legislativo, y de los colegios de abogados presentó en octubre un anteproyecto de reforma procesal”, comentó Gandur en su informe. Y añadió que, mientras tanto, el alto tribunal solicitó a la Legislatura que avance con una reforma parcial para incorporar al Código Procesal Penal vigente la conciliación y criterios de oportunidad que permitirán priorizar la persecución de ciertos delitos (la Corte en pleno tiene previsto reunirse este miércoles a las 12 con Osvaldo Jaldo, presidente del Poder Legislativo, para abordar este tema).

Al final del texto, Gandur avaló el anteproyecto elaborado por el comité especial que trabajó durante más de 800 días. “Considero que esta comisión -con representantes del Ministerio Público (fiscales y un defensor)- ha recorrido un largo camino para reformar de raíz el proceso penal”, opinó el magistrado.

La semana pasada, el ministro público Jiménez expresó que la provincia debía incorporar el nuevo Código Procesal Penal de la Nación que potenció las facultades discrecionales de la procuradora general Alejandra Gils Carbó y cuya puesta en marcha (prevista para el 1 de marzo) fue suspendida por el Gobierno de Mauricio Macri. La propuesta de Jiménez establece la autarquía de la institución que encabeza, lo que le permitiría manejar el personal y el presupuesto sin los controles que hoy ejerce la Corte local.
 

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/670564/politica/mas-7200-causas-ingresaron-cada-fiscalia-capital.html