A la espera de su modificación total, aplicarán parches al Código Procesal
Viernes 12 de Febrero de 2016, 06:22
ESTE MIÉRCOLES. Los vocales Gandur y Posse (centro) llegan a la Legislatura. LA GACETA / FOTO DE FLORENCIA ZURITAFuentes del Poder Legislativo adelantaron que en la sesión programada para la semana que viene aprobarán los cambios que promovieron los vocales Antonio Gandur (presidente), Claudia Sbdar, Antonio Estofán y Daniel Posse durante la reunión con Jaldo; el presidente subrogante de la Legislatura, Julio Silman; Guillermo Gassenbauer (hijo del ex funcionario alperovichista) y Ariel García (UCR), vicepresidentes primero y segundo, y Marcelo Caponio, titular de la comisión de Asuntos Constitucionales.
Al término de ese encuentro, el vicegobernador dio su apoyo a la reforma procesal penal integral que había elaborado una comisión especial por decisión de la Legislatura anterior. La reforma parcial que impulsa la Corte se inspira en aquel anteproyecto global consensuado con los tres poderes del Estado y los colegios de abogados (oposición y representantes del Ministerio Público incluidos). Si bien el oficialismo dio señales de que pretende convertir el trabajo completo en ley, la idea es avanzar, mientras tanto, con modificaciones concretas que aliviarán el colapso de la Justicia penal y la crisis del sistema carcelario.
Las modificaciones sugeridas por la Corte están comprendidas en 12 artículos llamados a “parchar” por enésima vez el Código Procesal Penal de Tucumán adoptado en 1991. La incorporación del llamado principio de oportunidad autorizará a los fiscales de Instrucción a declinar la acusación en ciertas circunstancias. Este instituto se contrapone al principio de legalidad hoy vigente, que obliga al Ministerio Público a tramitar todas las denuncias que recibe, por más irrelevantes que sean. En la práctica resulta un deber de ejecución imposible puesto que, según la estadística de la Corte Suprema, más de 72.000 causas ingresaron al fuero penal de la capital en 2014. El ministro público Jiménez dijo que esa cifra volvió a aumentar el año pasado.
El principio de oportunidad ingresó al Código Penal de la Nación en junio mediante una norma que delega su regulación a las leyes procesales que sancionen las provincias. Ello implica el establecimiento de una política criminal que priorice la investigación de los casos en función de su importancia para el interés público y la paz social. La búsqueda de un desahogo para el fuero penal colapsado se complementa con la propuesta para introducir la conciliación y la mediación, dos salidas alternativas al juicio oral, siempre que concurran ciertos delitos y circunstancias.
Las restantes modificaciones parciales procuran limitar el uso de la prisión preventiva, ya sea mediante la aplicación de medidas sustitutivas como la retención de documentos de viaje y la vigilancia del imputado mediante algún dispositivo electrónico de rastreo, o el establecimiento de la obligación de circunscribir el instituto a un período de tiempo preciso y determinado (el plazo máximo es dos años prorrogables por un semestre más). Los jueces, además, deberán justificar la extensión de la medida.
Los cambios relativos a la prisión preventiva obedecen a la intención de tutelar los derechos humanos de los acusados, según explicaron fuentes judiciales. El año pasado, un hábeas corpus promovido por los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni permitió dimensionar la saturación de las cárceles provinciales. En diciembre, Regino Amado, ministro de Gobierno, Justicia y Seguridad, informó que la estructura disponible tiene capacidad para albergar a sólo 1.400 presos. En agosto, la Corte Suprema prohibió el alojamiento de imputados con prisión preventiva en las comisarías.
Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/670793/politica/corte-propone-limitar-aplicacion-prision-preventiva.html
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