MIGUEL BRITO: primer alperovichista llevado a juicio oral por CORRUPCION

Sábado 22 de Abril de 2017, 09:13

José Alperovich y Miguel Brito.



La Cámara de Apelaciones en lo Penal confirmó la elevación a juicio oral de la causa por presunta corrupción contra Miguel Angel Brito, ex titular de la Dirección de Arquitectura y Urbanismo (DAU) del gobierno de José Alperovich.

Brito será el primer funcionario alperovichista juzgado por corrupción.

La causa fue iniciada hace más de dos años por la senadora Silvia Elías de Pérez (UCR), quien acusó a Brito por sobreprecios de obras; facturas truchas; la existencia de "choripaneros empresarios" que trabajaban para la DAU; empresas fantasmas y trabajos no realizados y pagados.

El gobernador Juan Manzur jugará un rol relevante en el juicio oral, ya que tendrá que elegir al fiscal que ha de acusar al ex funcionario alperovichista Miguel Ángel Brito ante la Sala VI de la Cámara Penal.

La terna de candidatos a titular de la Fiscalía de Cámara N°6 ingresó el 15 de marzo a la Casa de Gobierno, y está compuesta por Juan Carlos Nacul, Carlos Saltor y Carolina Epelbaum.

El primer juicio de presuntas irregularidades con fondos públicos cometidas en el Gobierno de José Alperovich comenzará en los últimes meses de 2017.

“Las partes terminaron de ofrecer las pruebas en marzo. Ahora corresponde analizar la oferta y decretarla. Cuando finalicemos ese trámite, fijaremos la fecha del juicio oral (del caso ‘DAU’)”, informó Marta Cavallotti, la camarista que preside la Sala VI. Además de Cavallotti, integran el estrado que juzgará a Brito las juezas Alicia Freidenberg y Stella Maris Arce.

En la larga fila de los procesos penales elevados a juicio oral suelen tener prioridad aquellos que incluyen acusados en prisión preventiva. No es el caso de Brito, que transitó en libertad la investigación iniciada en 2012 como consecuencia de la denuncia de Silvia Elías de Pérez.

Previamente, se había difundido un acuerdo del Tribunal de Cuentas que advertía sobre presuntos sobreprecios en una obra de restauración de la fachada de la Casa de Gobierno: a posteriori, aquel órgano de control practicó una auditoría que detalló supuestas anomalías en 86 de las 423 obras públicas ejecutadas con un régimen especial de contratación directa. El monto global de esos proyectos ascendía a $ 6 millones (1,2 millones de dólares según la cotización de 2012).

Entre los testigos citados para el juicio está un constructor que en su momento dijo que el Estado lo había contratado para edificar una obra en la residencia de un familiar de Alperovich.