La Corte tucumana falló a favor de Google y contra el pedido de una jueza
Sábado 14 de Enero de 2017, 07:12
EN 2010. Estofán saluda a la flamante camarista en presencia de sus pares. La Gaceta / Foto de Jorge Olmos SgrossoLa camarista había demandado por daños y perjuicios a la Fundación Adoptar y a su presidente, Julio César Ruiz, con el argumento de que estos habían publicado información que hería el derecho a la intimidad de ella y de su grupo familiar. El juicio comenzó en 2011: al poco tiempo, Hilda Graciela del Valle Vázquez, titular del Juzgado en lo Civil y Comercial N°5 de esta ciudad, ordenó la supresión en forma cautelar del contenido incluido en la web de Adoptar. Dos años después, Vázquez amplió la medida precautoria, que en total alcanzó a 11 enlaces relativos a la muerte acaecida en 1996 de Claudia Lucrecia Díaz, quien era empleada doméstica de la familia de la camarista (ver más abajo).
Aunque la orden de Vázquez afectaba a Adoptar y a Ruiz, y a los motores de búsqueda Bing, Yahoo y Google, sólo esta última compañía la recurrió. En ese afán, fue a la Cámara en lo Civil y Comercial Común, que confirmó la cautelar con los votos de los magistrados Carlos Ibáñez y Raúl Bejas. En 2015, el incidente llegó a la Corte, donde no fue sencillo conseguir tres votos coincidentes para emitir una sentencia. Posse acogió el planteo de Google; Estofán dio la razón a Paz de Centurión; Gandur adhirió a la posición de Posse y Goane se sumó al criterio de Estofán. Sbdar desempató con un voto propio en el sentido en el que se habían expedido Posse y Gandur.
En definitiva, prevaleció el principio de que no procede la tutela preventiva cuando está en juego la libertad de expresión. Luego de advertir que el pleito iniciado por Paz de Centurión aún no tenía sentencia en primera instancia, Posse expresó que la medida cautelar discutida podía surtir los efectos de una resolución de fondo pese a que había sido adoptada a partir del pedido de Paz de Centurión, y sin oír a los codemandados y a los buscadores (“inaudita parte”). Al respecto, opinó: “en estas circunstancias, el instituto cautelar no es idóneo, por ejemplo, para decidir que un sitio web deba ser censurado y excluido del escrutinio público. Una decisión tan severa no puede adoptarse mediante una cautelar (...). De lo contrario, estaríamos frente a un caso de ‘censura preventiva’ anterior a la demostración de la antijuridicidad de la divulgación del hecho, lo que dejaría librado a la discreción de una autoridad judicial (reiteramos: sin debate) qué es lo que puede ser informado o no, cosa que es inaceptable en un Estado de Derecho”.
Según Posse, la decisión de Vázquez implicaría transgredir la Convención Interamericana de Derechos Humanos suscrita por Argentina, instrumento con jerarquía constitucional. El vocal manifestó asimismo que, dado que la buena conducta es un requisito para la permanencia en la magistratura, cualquier información que la cuestionara no podía ni debía ser censurada sin un debate amplio.
“La medida cautelar sujeta a revisión refiere a circunstancias que en su momento fueron de público y notorio conocimiento referidas a la posible comisión de un hecho ilícito en el domicilio particular de una funcionaria pública y sobre la actuación judicial desarrollada en aquella oportunidad. La cuestión excede el ámbito de privacidad (de Paz de Centurión)”, definió Posse.
Estofán disintió. Según su criterio, la medida cautelar no podía ser dejada sin efecto porque no se trata de una sentencia definitiva, sino de una decisión provisoria susceptible de ser modificada en cualquier momento del proceso. “Tampoco se vislumbra el alegado vicio de gravedad institucional. Por el contrario, la gravedad institucional se configuraría si esta Corte, violando el principio de preclusión procesal, habilitara esta instancia extraordinaria”, manifestó. Y añadió que Google no era parte en el juicio que había promovido la camarista de Familia sino uno de los tres buscadores alcanzados por la cautelar a los efectos de garantizar su pleno y eficaz cumplimiento.
Estofán dijo que no parecía afortunada la invocación de que el mantenimiento del conjunto de enlaces bloqueados por la jueza Vázquez comprometía el interés público: “los hechos se remontan a 20 años atrás, y han sido objeto de investigación judicial con resultado negativo y de un pedido de juicio político (contra Paz de Centurión) que nunca prosperara. Con posterioridad a ellos, la demandante recibió un nuevo acuerdo de la Legislatura para acceder al cargo de camarista”. En apoyo de su postura, Estofán dijo: “la libertad de expresión en internet no tiene carácter absoluto ni ampara una curiosidad morbosa y malsana, o el ansia desenfrenada de conocer cuestiones que no se tiene derecho alguno a saber porque, como ya lo expresara Nietzsche, ‘la sabiduría sabe poner freno al conocimiento’”.
El ex fiscal de Estado del Gobierno de José Alperovich meditó luego sobre el fenómeno de las tecnologías de la comunicación: “con relativa frecuencia los medios se encuentran más preocupados por el cliqueo que por chequear el contenido y ya no hay tiempo de evitar que un usuario comparta un dato falso. Para colmo, los algoritmos sobre los que se basan Facebook y Google (...) refuerzan nuestras creencias preexistentes. Cuando dos personas buscan lo mismo, los resultados nunca son los mismos. Y así, alguien ha llegado a sostener que somos semejantes a perros digitales mordiéndonos la cola”.
Luego de citar jurisprudencia estadounidense y de recordar que la Corte Suprema de Justicia de la Nación había afirmado que la publicación de datos y opiniones en internet fomenta la libertad de expresión, Sbdar consideró que en el expediente concreto no estaban dadas las condiciones excepcionales que autorizan a restringir aquel derecho. La vocal se pronunció por acoger la tesitura de Google sin perjuicio de las eventuales responsabilidades ulteriores que pudieren corresponder como consecuencia de abusos producidos mediante el ejercicio de la libertad de expresión.
El pedido de la jueza
La jueza Marta Paz de Centurión litiga para eliminar de la web las referencias a su persona y familia ligadas a la muerte de Claudia Lucrecia Díaz. El deceso de la entonces empleada doméstica ocurrió el 3 de marzo de 1996: 15 años más tarde, la magistrada inició un juicio invocando que la subsistencia de las publicaciones en internet lesionaban su honor e intimidad. Como consecuencia de ese proceso, que aún no tiene sentencia de fondo, la Justicia ordenó la supresión provisoria de 11 enlaces digitales. Un lustro más tarde, Google consiguió revertir la medida cautelar por medio de un fallo de la Corte Suprema de Justicia de Tucumán que tutela la libertad de expresión.
Por los protagonistas, las aristas jurídicas y las plataformas tecnológicas involucrados, el caso es único en la historia del Poder Judicial provincial. El litigio de Paz de Centurión, que era jueza de Familia N°4 hasta que en 2010 ascendió a camarista, empezó con viento a favor. Al poco tiempo de interponer la demanda de daños y perjuicios contra la Fundación Adoptar y su titular, Julio César Ruiz, Paz de Centurión consiguió que Hilda Graciela del Valle Vázquez, jueza civil y comercial N°5, bloqueara en forma cautelar un texto incluido en la página web de la organización.
“De las publicaciones surge que ellas lesionan no sólo derechos constitucionales de Paz de Centurión, sino también supranacionales. El artículo 5 de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre establece que toda persona tiene derecho a la protección contra ataques abusivos a su honra, a su reputación y a su vida privada familiar”, expresó Vázquez en mayo de 2011. La jueza civil y comercial deslizó que el daño ya estaría consumado puesto que las opiniones emitidas por los cibernautas (en la web de la Fundación Adoptar) tenían “hasta un tinte agresivo” respecto de Paz de Centurión.
¿Qué hizo, entonces, Vázquez? Emitió una orden amplia a los codemandados, y a los buscadores Bing, Yahoo y Google. La instrucción consistía en dar de baja la dirección electrónica fundacioadoptar.org.ar/2011/jueza-sin-explicacion “y toda publicación tendenciosa a los efectos de eliminar las referencias de imágenes, figuras, comentarios, frases y cualquier otro agravio que atente contra la dignidad de Paz de Centurión y de su familia, con el apercibimiento de aplicar astreintes (conminación de carácter pecuniario)”. Cinco meses más tarde, la titular del Juzgado en lo Civil y Comercial Común N°5 cumplió la advertencia e impuso una multa diaria de $ 1.000 a quienes se negaran a cumplir su orden.
Dos años después, en 2013, Vázquez amplió la cautelar original a otros diez vínculos de internet que reproducían el texto de Adoptar: esta nota firmada por Ruiz conecta a la magistrada de Familia, a su esposo y a su hijo con las dudas que rodean a la muerte de Díaz. En 2015 y en virtud de un recurso de Google, los camaristas Carlos Ibáñez y Raúl Bejas confirmaron la tesitura de Vázquez: argumentaron al respecto que la orden precautoria no era definitiva -podía ser modificada en cualquier momento- y que estaba descartada la arbitrariedad puesto que había sido bien fundada. Allí terminó la racha de victorias judiciales de Paz de Centurión puesto que la Corte revirtió la medida a instancias del buscador.
Hasta ayer, Yahoo y Google seguían impidiendo el acceso a la información -en el supuesto del segundo motor de búsqueda, con la explicación de que el bloqueo responde a una orden judicial- mientras que aquella estaba disponible en Bing. La entrada también desapareció de la web de Adoptar.
La publicación vedada por Vázquez formula un cúmulo de cuestionamientos a la investigación del fallecimiento de Díaz, ciudadana oriunda de Los Ralos, que llevó adelante el fuero penal.
Las actuaciones oficiales concluyeron que la empleada de 16 años había muerto en virtud de una asfixia con anhídrido carbónico en la casa de Paz de Centurión. Ruiz, quien sostiene que hay cabos sueltos o situaciones no esclarecidas, manifestó que Emma De Nucci, jueza de Instrucción N°2 fallecida en 2012, archivó el caso y que dicha decisión había quedado firme.
El presidente de la Fundación Adoptar dijo que había denunciado infructuosamente a Paz de Centurión en 2009 en la Legislatura y que, un año después, esta fue promovida a camarista por el ex gobernador José Alperovich. “Es una cuestión muy delicada: no haré comentarios”, respondió Paz de Centurión ante una consulta de LA GACETA.
En el entorno de la jueza explicaron que este tema había dado lugar a otros pleitos en la Justicia Federal y señalaron la posición dominante de los buscadores respecto de quienes se sienten afectados por sus contenidos.
El debate entre los derechos y valores en pugna está lejos de terminar puesto que aún falta que la jueza Vázquez se pronuncie sobre la demanda de daños y perjuicios que articuló Paz de Centurión, sentencia que podría recorrer el mismo camino de impugnaciones de la medida cautelar.
Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/715105/politica/corte-local-falla-favor-buscador.html
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