Debate en marcha: ¿hay que acortar los 45 días de feria que tiene la Justicia?

Domingo 22 de Enero de 2017, 10:37




Mientras la feria judicial de enero transita el tramo final, organizaciones no gubernamentales (ONG) agitan argumentos para terminar definitivamente con lo que consideran que son las vacaciones “de privilegio” de jueces, funcionarios y empleados. Este debate, que no es nuevo en los tribunales, encontró eco en “Justicia 2020”, el programa que auspicia el Gobierno de la gestión de Cambiemos.

Ese proyecto para el Poder Judicial del futuro propone, entre diversas iniciativas, la revisión de la modalidad de la feria de 45 días: un mes en el verano y dos semanas más en el invierno. En Tucumán, el debate tiene algún adepto, aunque predominan el rechazo y las dudas.

La prolongación del descanso -gran incentivo para trabajar en los Tribunales- y la virtual parálisis de la institución resultan inaceptables para Torcuato Sozio, director ejecutivo de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC), entidad con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. “Muy a pesar del equilibrio de poderes que consagra nuestra Constitución, la Justicia funciona como una camarilla de tradición vitalicia con salarios excesivos, exención de impuesto y unas privilegiadas vacaciones que no condicen con las condiciones de trabajo del resto de la administración pública”, criticó en un texto de opinión divulgado por su ONG.

Según Sozio, la cuestión debe ser analizada “con seriedad y no con espíritu corporativo”. “No se puede interrumpir el servicio de justicia y que sólo se mantenga para situaciones excepcionales. Se trata de una prestación que es demasiado importante como para tener ese beneficio. Después se tendrán que encontrar mecanismos alternativos, dado que el abogado y el juez también tienen derecho a tomarse vacaciones”, dijo en una entrevista publicada en diciembre pasado en Diario Judicial.

Durante los recesos largo (enero) y corto (julio), los Tribunales funcionan con un régimen de atención acotado en cuanto al horario de trabajo y el número de juicios que atienden. Los criterios para tramitar un caso en la feria son sumamente restrictivos: en el fuero penal el trabajo se concentra casi con exclusividad en las fiscalías, defensorías y juzgados de turno. No resulta sencillo identificar los parámetros de urgencia que justifican que un proceso prosiga y otro quede “en pausa” hasta el reinicio de la actividad normal. En la feria, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán, por ejemplo, se dedica casi con exclusividad a la resolución de hábeas corpus puesto que no suele haber número de votos suficientes para emitir sentencias en otros juicios, sin perjuicio de que nada impide a los jueces adelantar trabajo. Los magistrados y el personal afectado luego se toman una licencia compensatoria.

Cuestión de credibilidad

La ONG Fores (Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia), también con sede en la capital del país, brega desde hace al menos una década por la modificación de esta tradición judicial que aparentemente se consolidó y extendió durante la última dictadura militar.

Un argumento recurrente para sostener la feria es el desgaste que genera el contacto con la conflictividad típica de los tribunales. “No hace falta explicar que el servicio de justicia es tan esencial como la salud y el transporte. A nadie se le ocurre que los hospitales o los aeropuertos paren durante un mes y medio cada año”, razonó Marcelo Gobbi, secretario del Comité Ejecutivo de Fores, en un artículo de opinión publicado la semana pasada en el sitio Bastión Digital.

Según los números de Fores, el sistema judicial funciona sólo 190 días al año si se descuentan feriados, asuetos y recesos. Esta ONG calcula que la feria implica una interrupción del 18,36% de la labor anual del sector y que si a ello se suma que en el Poder Judicial se trabajan seis horas diarias (a veces con un equipo a la mañana y otro por la tarde), el resultado comparativo con otros ámbitos del Estado es de 132 jornadas (el sector privado trabaja 231 días). La situación varía de provincia en provincia y de país en país. En Córdoba, el Poder Judicial cumple 45 horas semanales de servicio, con posibilidad de extensión. En Estados Unidos y Bolivia no existe la feria de 45 días, o es de menor extensión. En los hechos, los magistrados argentinos suelen disponer, además, de enorme flexibilidad en lo que se refiere a la concurrencia a sus lugares de trabajo.

En agenda del PEN

Aunque el tema forma parte de la agenda del ministro nacional Germán Garavano, Sozio desconfía que el Poder Ejecutivo de la Nación pueda producir algún cambio “por sí solo”. “Dadas las circunstancias, resulta fundamental que los mismos abogados y los propios jueces asumamos con compromiso los fundamentos del ejercicio de la profesión y hagamos justicia durante todo el año. Es claro que un sistema de estas características resulta incompatible con el concepto de acceso amplio y generalizado a la justicia así como con la credibilidad que deberían merecer quienes tienen, ni más ni menos, que la responsabilidad de resguardar nuestra Constitución y todos los derechos que de ella se derivan”, escribió.

No parece posible que la Justicia permanezca mucho tiempo más como una reliquia operando de manera distinta del resto de los servicios privados y públicos, según Gobbi. Para el directivo de Fores, se impone modernizar a los Tribunales o superar sus anacronismos: “la revolución digital tiene sentido si la información y los servicios están disponibles en todo momento y desde cualquier lugar. Ningún empleado judicial toleraría hoy la necesidad de esperar hasta las diez de la mañana del lunes para conocer el saldo de su cuenta bancaria. Y los empleados del banco también tienen horarios y vacaciones”.

El descanso es un derecho y es necesario, afirman los judiciales

Funcionarios y empleados judiciales tucumanos rechazaron las críticas que algunas organizaciones no gubernamentales formularon respecto del régimen de recesos de los Tribunales.

La posición de la Asociación por los Derechos Civiles (ADC) y de Fores supone “un avasallamiento” para Alejandra Martínez, quien trabaja en los Tribunales provinciales y es secretaria general de la Seccional N°5 de la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN). “Cambiar el paradigma de lo que representa la feria judicial no es el camino acertado para que el servicio de justicia sea de excelencia: tampoco es sano comparar datos ‘duros’ de los tres poderes del Estado ya que las condiciones laborales son distintas”, opinó por mensaje de texto.

Martínez afirmó que, según las estadísticas oficiales, en el fuero penal del centro judicial capital ingresan por año 90 mil causas. Esos expedientes se reparten entre 10 fiscalías de Instrucción, cuyos requerimientos son controlados por cinco juzgados, y revisados con participación de una fiscalía de Cámara de Apelaciones y de un tribunal de tres miembros mientras que en la instancia de juicio oral intervienen seis salas de la Cámara Penal y seis fiscalías.

“Sólo tenemos nueve defensorías oficiales y dos juzgados de Menores. Todo esto quiere decir que una fiscalía de Instrucción que abre entre las 7 y las 19 acoge un promedio de 9.000 causas nuevas al año, volumen de trabajo que deben atender 20 empleados y cuatro funcionarios, en el mejor de los casos”, observó. Martínez dijo que en la Justicia tucumana los empleados cumplen funciones ocho horas diarias en la mayoría de las oficinas y superan con creces las 50 horas semanales. La representante gremial dijo que no defendía la feria como un privilegio, sino como un derecho adquirido.

Cristian Schurig, presidente del Centro de Funcionarios Judiciales, advirtió que empleados, funcionarios y jueces debían descansar por una cuestión de salud y de derecho: “y la cantidad de tiempo no parece excesivo para el tipo de tarea” que se desarrolla. “Los críticos de la feria quizá nunca estuvieron en una fiscalía donde se trabaja con cadáveres ni en el juzgado de Familia que debe velar por una niñita abusada sin hogar ni en un juzgado laboral con los empleados despedidos en la puerta ni en el tribunal que debe decidir sobre la validez de las elecciones”. Añadió que la feria era una forma de coordinar las vacaciones de numerosos agentes y, también, de los abogados. “Así como sucede en la vida, también hay ciclos jurídicos y nosotros sabemos cuando el servicio de justicia puede ser requerido”, apuntó.

PUNTO DE VISTA

“El nivel de conflictos y de tensión de los tribunales no resulta inocuo”

Orlando Stoyanoff, Juez de Familia - de feria en la 2° parte de enero

Reducir la extensión de la feria (período de receso) judicial, como una medida a través de la cual se aspire a mejorar el servicio que brindan los tribunales, no parece ser un respuesta conducente, suficiente, y mucho menos satisfactoria para las múltiples necesidades de una ciudadanía que, lógicamente, reclama un pronta respuesta a sus reclamos y necesidades.

Cuando ese tipo de propuestas -curiosamente expuestas en los períodos de receso- son receptadas por la comunidad a través de los medios de comunicación pareciera no colocarse en la balanza un factor cuya valoración no puede ser soslayado: en los tribunales, invariablemente, se trabaja con un elevado (en muchos casos exacerbado) nivel de conflictos y tensión. Ese ámbito laboral no resulta inocuo.

De allí que hablar de un satisfactorio espacio de descanso no constituye un privilegio, sino una necesidad inobjetable. A ello debe sumarse un dato estadístico inocultable, ya que en la comparación entre la cantidad de juzgados y el volumen de litigios existe una desmedida desproporción que atenta contra el ideal del mejor servicio de justicia posible.

En doble turno

No debe olvidarse tampoco que en el centro judicial capital el servicio de justicia es brindado, en casi todas las unidades jurisdiccionales, en doble turno horario, ya que se trabaja efectivamente desde las 7 de la mañana hasta las 19.

De tal manera que Tucumán es uno de los pocos distritos judiciales del país, sino el único, que tiene esta práctica horaria.

Si lo que verdaderamente se busca es brindar una satisfacción a los problemas judiciales, se deberán ofrecer respuestas serias. Así, reducir la feria judicial no constituye un adecuado modo de brindar un mejor servicio de justicia, ya que ese tipo de medidas solamente tienen un impacto efectista.

El Estado (entendido desde su concepción más amplia) debería pensar en mecanismos verdaderamente resolutivos de los litigios, para lo cual se deberían rediseñar -y en la mayoría de los casos diseñar- nuevas políticas judiciales. Solo a título ejemplificativo: desde hace ya muchos años los juicios de menor cuantía constituyen un reclamo de la comunidad jurídica nunca atendido. De igual modo, la modificación y actualización de nuestros códigos de procedimiento es otro de los reclamos impostergables, máxime si se considera que la mayoría de ellos fueron sancionados a principios de los años 90.

En esa línea de cambios, es cada vez más intenso el reclamo para una pronta mudanza de los procesos escritos hacia otros con mayor presencia de instancias orales. A esta altura de los avances tecnológicos, a título personal considero inadmisible que al menos las audiencias que se celebran en los juzgados no sean videograbadas. Solo esa simple medida evitaría un creciente número de denuncias falsas y apelaciones carentes de sustento legal. Otra cuestión no menor, que favorece la proliferación de los juicios y la búsqueda de su prolongación, es la baja tasa de intereses que deben satisfacer los deudores morosos, si se la compara con las prácticas comerciales o bancarias.

Si las partes sufrieran las consecuencias patrimoniales de sus conductas desleales y remisas, otra sería la suerte de muchos pleitos. Piénsese para ello en la innecesaria prolongación de los juicios de daños y perjuicios que hoy se verifica a causa de las conductas dilatorias asumidas por las compañías aseguradoras. Pero como contrapartida se debe reconocer que esos cambios no se logran sin una adecuada asignación de recursos económicos, cosa que nuestra práctica evidencia como una quimera.

Por último resulta impropio afirmar que los Tribunales “cierran sus puertas” durante los períodos de receso, ya que desde siempre se han previsto mecanismos de atención a aquellos casos o reclamos cuya urgencia no admite postergación en su tramitación. En todo caso, lo que podría hacerse es repensar el sistema de trabajo en feria, pero no suprimirla ni reducirla. En resumen: adoptar medidas como la reducción o eliminación de la feria judicial en modo alguno daría respuesta a los inobjetables reclamos de la ciudadanía, pero no debe olvidarse que más no (siempre) es mejor… es solo más.


Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/716028/politica/organizaciones-civiles-piden-poder-judicial-elimine-45-dias-anuales-feria.html