Ordenan fiscalizar el juzgado observado por el ex prosecretario, hoy sumariado
Sábado 11 de Febrero de 2017, 07:42
La orden de investigación interna lleva la misma fecha que la resolución de apertura de un sumario administrativo contra Cornet Esteves. Ese funcionario, que fue trasladado en forma provisoria a la Mesa de Entradas en lo Penal, había dicho que quería irse del Juzgado N°2 para proteger su buen nombre y honor, y porque en su funcionamiento había advertido procederes contrarios a su sentido de la justicia.
“Noté ciertas anomalías en el trámite de causas penales y mucha mora (...). Según mi opinión, hubo connivencias con algunos letrados que ejercen su función en el fuero penal”, había acotado Cornet Esteves a mediados de enero.
El jueves y luego de notificarse de que iba a ser investigado por estas manifestaciones, Cornet Esteves dijo que el sumario tenía un tinte amedrentador para quien había expresado sus inquietudes en la prensa. “Lejos de valorar y premiar el coraje de haber realizado la nota, se me inicia un sumario”, lamentó.
1.200 casos pendientes
El viernes se pudo concocer una serie de actuaciones de superintendencia relativas al Juzgado N°2 que dan cuenta del proceso de deterioro que esa oficina sufrió como consecuencia de la acefalía prolongada y de las consiguientes subrogancias.
Desde el año pasado, los tres jueces de Instrucción en funciones en San Miguel de Tucumán -Víctor Manuel Pérez, Juan Francisco Pisa y Alejandro Tomas- cubren la vacante en turnos de dos semanas. Estos reemplazos son retribuidos, pero en la base pública de acordadas de la Corte no consta que Pérez haya reclamado el pago adicional.
De aquella fuente surge que Pisa cobró más de $ 54.000 en mayo; $ 36.000 en septiembre de 2015 y otros montos -no especificados en las acordadas- por igual concepto en abril de 2014 y marzo de 2013. Por actuar como subrogante, Tomas percibió, además de los emolumentos correspondientes al cargo de juez de Instrucción N°1, $ 18.000 en diciembre; $ 13.000 en noviembre; $ 9.000 en abril de 2015, y otros importes -no consignados- en diciembre y septiembre de 2014, y en diciembre de 2013.
Pese a que se supone que el magistrado sustituto ha de comportarse, durante el tiempo de la sustitución, como titular, en marzo de 2016 Gandur advirtió a los jueces subrogantes que debían resolver todas las causas que ingresaran y no sólo las que implicaran una urgencia. En ese acto, el presidente del alto tribunal ordenó a Carlos Acuña, secretario del Juzgado N°2, que informara la cantidad de procesos pendientes de resolución; y los tipos y fechas de vencimiento.
Después de reiterar la instrucción y de que transcurrieran dos meses, Acuña presentó un informe en el que consta que había 1.200 casos sin decisión a mayo de 2016. “Según surge de los informes de seguimiento de la auditoría (de 2012), existe un atraso importante”, expresó Gandur y encomendó a Eudoro Albo, presidente de la Cámara de Apelaciones en lo Penal de Instrucción, que distribuyera los expedientes entre los restantes juzgados.
“Recomiendo al secretario (Acuña) que en el futuro guarde un mayor control y celo en el cumplimiento de las tareas a su cargo, en especial las referidas al correcto despacho de las causas. Asimismo, deberá poner en conocimiento de la Corte cualquier situación que implique una demora en los expedientes en trámite”, añadió el presidente Gandur.
“Cierta relajación”
El informe final de la auditoría original (octubre de 2012) del Juzgado N°2 fue firmado por uno de los jefes del Cuerpo, Luis Lezana Flores, y revela la existencia de falta de uniformidad en las directivas y “cierta relajación” en el control interno, situación que repercute en la productividad. “En el caso de las resoluciones de sobreseimiento se advirtió una excesiva demora en las decisiones desde la fecha de ingreso del expediente al juzgado”, dijeron los auditores Mariana Tasquer, Agustín Ladetto, Rafael De Santis y Liliana Estela Fernández.
La situación había empeorado en 2013. El primer seguimiento de la auditoría indica que Acuña explicó que la demora constatada respecto de los sobreseimientos obedecía a que los magistrados subrogantes manifestaban que debían hacer un estudio más profundo antes de expedirse. Para entonces, De Santis hablaba de “un retraso importante” en general. “El juzgado está estancado”, informó el auditor y sugirió un nuevo control en tres meses.
El segundo seguimiento tuvo lugar recién en abril de 2016. En esa oportunidad, la auditora Fernández expresó que el Juzgado N°2 se veía “seriamente perjudicado” por la falta de titular: “los jueces subrogantes son distintos y, consecuentemente, no existe unidad de criterio entre ellos. Como denominador común sólo tienen la priorización de las medidas urgentes (detenciones, prisiones preventivas, allanamientos y hábeas corpus). Así, dejan de lado una gran cantidad de proyectos sin firmar, lo que produce una mora considerable y, en algunos casos, la prescripción de las causas”.
Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/718326/politica/gandur-ordena-fiscalizacion-juzgado-instruccion-n2.html
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