Yerba Buena: luego de violar las normas, el hermano de Alperovich asegura que no recibió beneficios de la política

Domingo 18 de Junio de 2017, 08:48

José y Naum Alperovich



Naum Alperovich se ha convertido en una figura de la escena política de Yerba Buena. El jueves pasado, el Concejo Deliberante de esa ciudad rechazó el convenio que él había firmado con el intendente, Mariano Campero, quien lo responsabiliza de haber construido unas torres que no se adecuan a lo que está escrito en el Código de Ordenamiento Urbano y, por consiguiente, le fijó una multa de $ 4,6 millones.

Ambas partes habían acordado que el pago se hiciera efectivo a través de una obra. Ese es el trato que impugnaron los ediles, y que ha colocado al empresario en un lugar que -dice- no es el suyo. “Me dedico a trabajar. Nunca hice política. Y no quiero ser usado por los políticos”, declara.

Y como su nombre se oye, por estos días, en las oficinas de los concejales y de los funcionarios municipales, Naum Alperovich reitera que es un empresario y que su empresa, León Alperovich Group S.A., se dedica únicamente a los rubros automotriz e inmobiliario.

“Hay más de 45 proyectos en situaciones similares, con observaciones o pedidos de cambio. El único que sale a la luz, es el nuestro. Tengo la sensación de que un asunto sobre un inmueble ha traspasado hacia la política”, afirma.

- El intendente ha declarado que dejará firme el fallo del Concejo, pues sostiene que usted no ha cumplido con el acuerdo.

- Niego totalmente esas afirmaciones. La calle está ejecutándose dentro de los tiempos establecidos. Se ha hecho una apertura, que ha sido certificada mediante un escribano público. Tenemos 12 meses para completar la obra. Hemos avanzado unos 1.800 metros.

Objeciones

En noviembre del año pasado, el Tribunal de Faltas del municipio había condenado a la constructora a pagar esos $ 4,6 millones. Puntualmente, los funcionarios intervinientes objetaron una subdivisión de lotes.

Tras esa multa, Alperovich firmó el acuerdo con Campero, por el que se comprometía a construir una trocha que debía ir desde el cruce de las avenidas Perón y Fanzolato -donde se erigen sus edificios- hasta la altura de las canchas de rugby y de hockey del country Jockey Club.

En el texto del acuerdo, se leía que la obra completa debía tener una superficie de unos 8.200 metros cuadrados, una extensión aproximada de un kilómetro y un costo de unos $ 12 millones. Las partes habían resuelto que los dineros que excedieran el monto de la multa (unos $ 7,4 millones) iban a quedar como crédito en el municipio, a favor de la empresa, e iban a imputarse como pago adelantado de impuestos y de otras obligaciones impositivas. El convenio lleva la firma, también, del juez de faltas de esa Municipalidad, Fernando García Hamilton.

“Hay que destacar que aceptamos una multa millonaria. Quisiera saber qué otra empresa acepta una sanción de esta magnitud. Incluso, hasta estuvimos de acuerdo con adelantar el pago de los impuestos, para beneficio de los vecinos, pues esa arteria favorecerá a quiénes viven detrás del country Jockey Club”, agrega Alperovich. Luego afirma que se encuentra a disposición de los concejales, de la Municipalidad, de la prensa y de los vecinos para comprobar sus dichos. “Tenemos todo formalizado, legal y aprobado”.

Los comienzos

La historia del Boulevard del Cerro -como se denomina el emprendimiento- comenzó a transitar por los despachos gubernamentales en 2012, cuando Daniel Toledo gobernaba la ciudad. En agosto de aquel año, se aprobó la documentación técnica para levantar cuatro torres.

Lo que ocurrió después es historia conocida: la empresa inició su obra. Pero en 2015 comenzaron a oírse algunas voces críticas, de concejales y de arquitectos. Los cuestionamientos apuntaban, principalmente, a la altura de la edificación. Sin embargo, el otrora intendente aseguró que la construcción respetaba lo establecido por las leyes.

Hasta que, en enero de 2016, las torres fueron noticia otra vez, cuando Campero les envió una notificación pidiéndoles que liberen la calle del camino de sirga lindera al canal Caínzo-Las Piedras, que durante dos años estuvo cercada por ellos, con consentimiento de Toledo.

La nueva gestión enumeró otras transgresiones -según su interpretación- en las que habría incurrido la constructora. Argumentaron, por ejemplo, que se había construido más del doble de lo permitido por el Factor de Ocupación Total (FOT), un coeficiente establecido en el Código.

También dijeron que detectaron excesos en las alturas e incumplimientos en los retiros reglamentarios. Por ello, les dieron, en principio, permiso para hacer únicamente dos torres, pese a que Toledo había aprobado cuatro. Ante eso, Naum Alperovich asegura que la obra respeta la normativa, y reclama reglas claras para los empresarios.
 

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/734135/actualidad/nunca-hice-politica-no-quiero-ser-usado-politicos.html