Ordenan sumariar al fiscal Herrera

Sábado 23 de Mayo de 2015, 09:08




La historia vuelve a repetirse. Hace dos años, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán (CSJT) ordenó la apertura de un sumario para esclarecer la responsabilidad administrativa de Carlos Albaca, ex fiscal N°2, en el trámite de la causa “Lebbos”. El jueves, el alto tribunal tomó idéntica resolución respecto de otro integrante del Ministerio Público: Guillermo Herrera, fiscal N°10 de la capital. En esta oportunidad, los vocales Antonio Gandur (presidente), René Goane, Claudia Sbdar y Daniel Posse ordenaron que la investigación interna comprenda cinco actuaciones de Herrera cuestionadas por el Colegio de Abogados de la Capital: “Teves”, “Albarracín”, “Rigourd”, “Valdez” y “Jorrat”. Al igual que en el caso de Albaca, la Corte designó instructora a Marta Jerez de Rivadeneira, fiscala de Cámara de la II Nominación.

La CSJT adoptó la alternativa del sumario después de recibir el informe elaborado por los auditores Luis Lezana Flores, Mariana Tasquer y Agustín Ladetto, según indica la Acordada 516/2015. “Se advierten hechos que justifican la instrucción de una pesquisa interna”, expresaron los vocales que firmaron la resolución. Ese documento informa que Antonio Estofán, el quinto miembro del alto tribunal, se excusó de intervenir en el asunto. Fuentes judiciales explicaron que la inhibición responde a la relación de amistad que mantiene con el fiscal N°10. Antes, Estofán tampoco había rubricado el acto que sancionó a Herrera y a su entonces secretaria Carmen Reuter -desde el jueves fiscala N°3- con un llamado de atención por haber concretado la restitución de un inmueble en enero de 2014, en una causa penal que no había sido declarada asunto de feria.

La Acordada 516/2015 describe en forma sucinta los antecedentes del sumario. Entre ellos, las dos acordadas previas que ratificaron la auditoría ordenada por Gandur en los expedientes objetados de Herrera por medio de una resolución de presidencia del 14 de abril. Aquella fiscalización “de reacción inmediata” desencadenó una disputa inédita entre la Corte y el ministro público Edmundo Jiménez por la custodia de las causas controvertidas.

El acta de la discordia

Primero, Jiménez planteó que Gandur no estaba facultado para fiscalizar el trabajo del Ministerio Público con el argumento de que esa potestad de superintendencia había quedado a su exclusivo cargo a partir de la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Como consecuencia de ello, la Corte en pleno manifestó que el artículo 121 de la Constitución de Tucumán le había otorgado a ella la potestad para ejercer la fiscalización de la Administración de Justicia. “Dicha función es propia e inherente de los tribunales superiores”, precisó. En esos días, Jiménez dijo a la prensa que los expedientes no podían salir de la Fiscalía N°10 y que, por ende, la auditoría debía practicarse allí.

Después de algunas idas y vueltas, los auditores se instalaron en una oficina del fuero penal, y empezaron a compulsar el caso de Roxana Teves y de Miguel Albarracín, pero, a pocas horas de llegar, decidieron retirarse aduciendo que Jiménez había intentado establecer los límites de la fiscalización. El altercado fue relatado en el acta del 22 de abril que rubricaron cuatro fedatarios: los auditores Lezana Flores, Tasquer y Ladetto, y Gabriela Blanco, secretaria de Superintendencia de la CSJT. “(Jiménez) nos comunicó que él era el veedor de la auditoría de acuerdo con la Acordada 643/2012 (...) y que tuviésemos en cuenta que no podíamos inmiscuirnos en cuestiones jurisdiccionales, que abarcan leer escritos presentados por los letrados, declaraciones de las partes y resoluciones de los magistrados (...). Nos dijo que si leíamos los expedientes, podríamos tener problemas”, precisaron.

El ministro público, que había irrumpido en la oficina donde tenía lugar la auditoría, acompañado por la secretaria María del Carmen Veiga y el relator Néstor Rafael Macoritto, afirmó que la tarea de los auditores debía limitarse únicamente al control de sellos, firmas y plazos. Entonces y siempre en función del acta, Tasquer hizo notar al ministro que surgía el inconveniente de que el apoderado de la querella en la causa “Teves” era su hijo Edmundo Javier Jiménez. “Preguntado el ministro si, como consecuencia de tal situación, procedería a inhibirse de actuar, (este) contesta que no; que dicha circunstancia no tenía relevancia y que también constituía un tema jurisdiccional ajeno a nuestra competencia”, detallaron.

El acta desembocó en una nueva acordada, la segunda en 48 horas. Esta vez, la Corte en pleno dio cuatro horas a Jiménez y a Herrera para que entregasen la documentación. Ese mismo 23 de abril, el fiscal informó que las causas ya no estaban en su poder. Luego se supo que Jiménez, antes de partir a Buenos Aires, había redistribuido los expedientes -por medio de una resolución fechada el 22 de abril- “para dar serenidad y sin que ello implicase poner en duda la honorabilidad de Herrera”. En virtud de ello, los casos cuestionados quedaron en poder de las fiscalas Mariana Rivadeneira (“Rigourd”), Adriana Reinoso Cuello (“Jorrat”), Adriana Giannoni (“Teves” y “Albarracín”) y María de las Mercedes Carrizo (“Valdez”). Por fin el viernes 24 de abril, después de ir de fiscalía en fiscalía, los auditores tomaron posesión de las causas y las trasladaron a sus dependencias en el Palacio de Justicia.

“No existe ningún conflicto con la Corte. Siempre pusimos las causas a disposición”, dijo Jiménez a los dos días, en una conferencia de prensa. Antes, los legisladores radicales Ariel García y Fernando Valdez le habían pedido que renunciara o, caso contrario, le anticiparon que pedirían un juicio político para destituirlo. Jiménez, que entre 2003 y agosto de 2014 fue ministro de Gobierno y Justicia del Gobierno de José Alperovich, aseguró que no había pensado en dimitir, y que tampoco iba excusarse por el hecho de que sus hijos Edmundo Javier Jiménez y Ana Lucía Jiménez hubiesen actuado en el caso “Teves”.

Desenlaces posibles

El informe que los auditores Lezana Flores, Tasquer y Ladetto elevaron al alto tribunal durante la semana pasada da cuenta de numerosas anomalías en el trámite de las causas objetadas por el Colegio de Abogados de la Capital. El 31 de marzo pasado, Francisco García Posse, presidente de dicha entidad, declaró ante el fiscal Diego López Ávila que “Teves”, “Albarracín”, “Rigourd” y “Valdez” reflejarían, respecto de Herrera, un mismo patrón de conducta irregular. Ese modus operandi consistiría en la tramitación de denuncias relativas a conflictos entre particulares de evidente naturaleza civil, no penal; la hiperactividad de la fiscalía orientada más a la adopción y al requerimiento de medidas que no tienen relación con la investigación en sí sino que resultan actuaciones de coerción sobre el denunciado o querellado, y el cese abrupto del interés del fiscal una vez que los particulares llegaban a un acuerdo patrimonial.

Los hallazgos de los auditores avalarían el escenario descripto por García Posse. Frente a esta fiscalización adversa, Herrera dijo “que todo era mentira”. El viernes, el fiscal N°10 volvió a comunicarse para informar que había sido notificado de la apertura del sumario. “Aprovecho este contacto para aclarar que cuando dije que no sabía si había favorecido a Ana Lucía Jiménez y Edmundo Javier Jiménez (en ‘Teves’ y ‘Albarracín’) me refería concretamente a la conclusión de la auditoría que observa ‘una inusitada celeridad para atender los pedidos de Jiménez’. Sé que la verdad procesal está perfecta, pero la diferencia de trato entre las partes requiere el cotejo de las fechas de los decretos, que dependían de la secretaria Reuter”, añadió.

El sumario puede derivar en una declaración de inocencia o en la aplicación de sanciones. En el caso de Albaca, la investigación dirigida por la fiscala Jerez de Rivadeneira dio lugar a una denuncia penal por encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, que ya tiene un requerimiento de elevación a juicio. En el momento crítico, Albaca y el ex ministro público Luis de Mitri presentaron sus renuncias: el ex fiscal y su ex jefe se habían atribuido recíprocamente la responsabilidad por la impunidad del caso “Lebbos”, pero, por esos caprichos del destino, terminaron unidos por los pedidos de destitución que les lamían los pies y jubilándose con el beneficio del 82% móvil el 31 de julio de 2014.
 

Fuente: http://www.lagaceta.com.ar/nota/638565/politica/corte-ordena-sumario-contra-herrera.html