El jugoso negocio de los registros del automotor en Tucumán siguió creciendo con el macrismo: nombres conocidos

Miércoles 18 de Julio de 2018, 09:44

La noticia sobre el fin de la privatización de los registros automotores erizó la piel de varios popes de antaño y de actuales. Muchos son hijos de los obsequios del menemismo para la casta política: nacieron allí, se reprodujeron en el nuevo milenio y ahora parecen destinados a morir, indicó el periodista Indalecio Sánchez en La Gaceta. Añadió que ex parlamentarios nacionales, ex gobernadores y ex funcionarios gozan de esa “máquina de hacer chorizos”. Eso son los registros. Lugares en los que se complican y encarecen los trámites para radicar vehículos, con la única finalidad de que un puñado de ahijados del poder recaude millones por mes.

Un registro pequeño de Tucumán, por ejemplo, factura un promedio de $ 3 millones mensuales. De allí, gasta unos $ 500.000 en documentos oficiales (títulos, cédulas y formularios) y otros $ 500.000 en personal y funcionamiento. La ganancia: $ 2 millones.

Según la Dirección Nacional del Registro de la Propiedad Automotor, en nuestra provincia hay 21 dependencias, que están a cargo de: Manuel Alfredo López, Augusto Reyes Ponce de León, José Isaías Uriburu Padilla, Viviana Perczyk, María Celia Cerezo de Chehín, Luis Alberto Fernández, Francisco Raúl Prado, Raúl Arturo Jiménez Iguacel, Esteban Daniel Osatinsky, María Elvira Farall de Di Lella, Augusto Pío Tacconi, Gloria María Araujo, Silvia Patricia Menéndez, Lía Dolores Agüero de Moreno, Hortensia Carmona de Delgado y Héctor Antonio Colombres (Ponce de León, Iguacel, Laks y Araujo repiten nombres en el registro oficial porque poseen competencia en autos y en motos). Casualmente, en el listado hay esposas de ex parlamentarios nacionales, hijos de ex jueces, ex asesores de actuales diputados y amigos cercanos de ex funcionarios. También casualmente se intervinieron -y cambiaron de manos- tres registros durante el gobierno de José Alperovich y un par en lo que va de la gestión de Mauricio Macri. Antes y ahora los cambios habrían respondido a pedidos de unos y otros ante el Ministerio de Justicia de la Nación, el encargado de administrar y recaudar unos $ 15.000 millones al año de los registros de todo el país.

En esto como en aquello, muchos conocen las vinculaciones, los nombres y los nombramientos de parientes y conocidos en hasta el más insospechado entecito estatal. Sin concurso y sin ninguna otra explicación que la de la arbitraria lapicera de los barones del Estado.

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