Al asumir, Alperovich les prometió jugosos negocios a los constructores tucumanos, que tenían como gestor al ladrón arrepentido Carlos Wagner

Viernes 10 de Agosto de 2018, 13:59





"El Zar", la biografía de José Alperovich que escribieron Nicolás Balinotti y José Sbrocco, cuenta cómo se pagaban las coimas en el Tucumán de Alperovich:

El 21 de Julio de 2004, la Nación firmó un convenio con todas las provincias para la construcción de viviendas. En ese momento, a Tucumán le tocaron 4.000 casas. El presupuesto era de 30 mil pesos por cada una. Eso representaba unos 120 millones de pesos; nada despreciable para una actividad que venía de una crisis terminal y había producido la quiebra de muchas compañías.

Con ese convenio bajo el brazo, el gobernador José Alperovich citó a todos los empresarios de la construcción a un acto en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno. Tomó el micrófono y fue directo al grano:

— Muchachos, hay obras para todos, repartan ustedes. Yo acepto sin peleas, entonó el gobernador.

La voracidad empresaria se relamía. Los hombres de negocios se miraban cómplices y sonreían. Sus compañías volverían a las épocas de bonanza. Estaban todos expectantes, pero sin dudas que ese anuncio los marcó para siempre.

Al poco tiempo, desde la Cámara Argentina de la Construcción, avisaron a la filial local que un funcionario del Ministerio de Planificación Federal llegaría a la provincia para reunirse con ellos y avanzar con los proyectos que se iban a desarrollar en la provincia.

Los empresarios Juan Falivene, Rodolfo Antonio Alonso, Fernando Battig y Antonio Viola recibieron al enviado de la Nación, que desembarcaba en la provincia con la chapa de ser “el hombre de De Vido”. Su nombre era Andrés Galera y efectivamente aterrizó en Tucumán con el aval del súper poderoso ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.

Los constructores quisieron agasajar a Galera y lo llevaron a almorzar a un bar de la calle San Martín, entre Junín y Salta, en el corazón de la city tucumana. El funcionario sorprendió ni bien irrumpió el mozo: ordenó “el vino más caro y la mejor comida para todos”, según recordó uno de los presentes. El mozo aún no se había llevado el pedido cuando Galera les advirtió a los comensales: “Muchachos, hay que poner el 5 por ciento en cada obra adjudicada”.

El asombro tomó por asalto a los empresarios. Tras un segundo de un silencio eterno, la primera reacción fue espontánea: se negaron a pagar ese retorno porque no habían sido avisados de antemano que debían cotizar con sobreprecios para devolver ese dinero a los funcionarios.

La charla continuó y alcanzó cimas de tensión, aunque nadie perdió la compostura. El almuerzo siguió guiado por la incomodidad y el desacuerdo.

Ante la negativa de los empresarios, el Gobierno nacional había decidido no enviar los fondos comprometidos para los anticipos de las obras. El tiempo pasaba y los empresarios decidieron viajar a Buenos Aires con el afán de destrabar la negociación. Confiaban en la gestión que podía hacer Carlos Wagner, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción y un empresario muy cercano al ex presidente Néstor Kirchner. (N. de la R.: Wagner es hoy uno de los empresarios que se declaró arrepentido, luego de ser imputado por las coimas de los cuadernos K).

Los tucumanos argumentaron que no habían sido advertidos de las comisiones y lograron reducir el porcentaje de las mismas. Al menos en algunos proyectos. Así, acordaron pagar entre el dos y el tres por ciento, según el cliente y la dimensión de la obra.

De esta manera, comenzó a funcionar el sistema de retornos en las obras públicas.

Con el avance del tiempo, Galera cambió de rol. Dejó de ser un enviado de De Vido y pasó a ser un recaudador, un valijero. Se bajaba del avión que lo traía de Buenos Aires y se alojaba en un hotel cinco estrellas frente al parque 9 de Julio.

Los empresarios que se habían reunido con él esperaban nerviosos en el lobby hasta que un llamado telefónico les indicaba que podían subir a la habitación. Galera los aguardaba con un listado en mano de las compañías que habían dejado su porcentaje. Los empresarios subían, de a uno por vez, a llevarle la recaudación, en ocasiones, celosamente guardada en bolsas de consorcio.

Galera los recibía a veces en pijamas, acostado en la cama, mientras degustaba un desayuno americano. Apenas los empresarios ingresaban en la habitación, ordenaba amablemente dejar la bolsa de dinero a un costado, y luego ofrecía un vaso de jugo. La charla duraba poco tiempo y luego pasaba otro constructor con otra bolsa. Un circuito de recaudación cuidadosamente aceitado.

La entrega de dinero en efectivo al enviado de la Nación se hizo al menos dos veces, según se pudo reconstruir para esta investigación.

Al principio, algunos hombres de negocios dudaron de entrar en el juego. El Gobierno nacional, mientras tanto, cumplía con su promesa: a cada firma constructora que ponía la comisión le comunicaba cuándo y cómo vendrían los fondos.

Quienes inicialmente se resistían a entrar en el acuerdo, luego dejaron sus prejuicios a un lado y se unieron a la forma de trabajar que se imponía desde las oficinas del Ministerio de Planificación Federal. De lo contrario, no podrían acceder nunca a ninguna obra pública.

Un tiempo después, el nombre de Galera saldría a la luz por uno de los hechos de corrupción más grandes del país: el pago de coimas para la construcción del gasoducto del norte, conocido como el caso Skanska.

Uno de los imputados en la causa, Adrián Félix López, fue uno de los proveedores de facturas truchas a la empresa sueca para ocultar el pago de coimas. Según el diario Clarín, López admitió en varios reportajes que había participado en 2005 de una reunión en la que se armó el negocio. El encuentro se hizo en el Hotel Regal Pacific y, según López, participó el contador Andrés Galera, quien se presentó como enviado de De Vido. López dijo sobre Galera: “Yo sabía que era ... un valijero y el decía venir en nombre de Planificación, en nombre de Julio De Vido, creo que no es funcionario, creo que si trabaja con López [José Francisco], el de Obras Públicas”.

En los registros oficiales no figura ningún Galera como empleado ni ex empleado del Gobierno nacional.

José Francisco López es el secretario de Obras Públicas. En base a esas declaraciones, el fiscal del caso Eduardo Taiano imputó a Galera y a Baratta: se buscaba averiguar si el subsecretario participó en la reunión donde se organizó la ingeniería para esconder las coimas con facturas falsas.

Cuando el caso salió a la luz, De Vido dijo sobre Galera: “No tengo ni tuve trato de ninguna naturaleza con este hombre, es más no lo conozco”. El ministro todo terreno de la Casa Rosada embistió contra el diario Clarín: “Falsea la información, ya que hace 60 días cualquier vinculación con las personas mencionadas en esa nota fue desmentida categóricamente por Roberto Baratta, a través de un comunicado”. En su descargo, el ministro ratificó que “el denominado caso Skanska es un acto de corrupción entre privados”.

Dos hechos puntuales juegan en contra de la teoría de De Vido: si Galera no tenía nada que ver con él, ¿por qué cuando los empresarios tucumanos ponían el porcentaje que pedía el Gobierno, las constructoras recibían los adelantos para hacer las obras? ¿Si Skanska fue un caso entre privados, por qué la Casa Rosada echó a Fulvio Madaro (ex titular del Enargas) y a Néstor Ulloa (ex titular Nación Fideicomisos) cuando el ex fiscal Carlos Stornelli dijo que se los iba a llevar puestos? ¿Dos funcionarios públicos echados por un caso entre privados?

“Era evidente el poder de que gozaba Galera, ya que el que ponía (la comisión) era inmediatamente hablado y se le comunicaba cómo y cuándo venían los fondos. Y sin lugar a dudas así se cumplía. Todos los empresarios entraron (sic)”, confió un constructor tucumano en una entrevista para este libro.

Desde el anuncio de Alperovich, las contrataciones directas de obras públicas se convirtieron en moneda corriente en la provincia. Las licitaciones pasaron a ser un raro experimento, usado cada vez con menos frecuencia. Las obras públicas se adjudicaron mediante concursos privados de precios.

En la práctica, el organismo contratante invitaba a algunas empresas para que cotizaran determinada obra. Después, esos mismos empresarios se reunían y se repartían quién “ganaba” cada concurso. Una vez le tocaba a uno, otra vez a otro. Entre ellos mismos coordinaban los precios que iban a presupuestar para que ganara el elegido. El círculo se repitió en armonía varios años hasta que afloraron algunos conflictos internos y cada empresario pugnaba por un pedazo más grande de la torta.

Al parecer, esta metodología se repetía a lo largo de la Argentina. En este contexto, Roberto Lavagna se alejó del Ministerio de Economía del gobierno de Néstor Kirchner, el 28 de noviembre de 2005, tras denunciar la “cartelización” de la obra pública. A mediados de ese año, Vialidad Nacional había informado la suspensión de diez licitaciones porque los precios cotizados superaban el presupuesto oficial.

“Durante la administración Alperovich se evitaron las licitaciones con fines claramente recaudatorios, para sí mismo y para quienes son sus hombres de confianza”, describió con crudeza un empresario del rubro en una charla para esta investigación. Pidió que no se mencionara su nombre porque eso significaría perder contratos con el Estado.

“El sistema es así. Si no se deja un porcentaje de la obra, no se trabaja. Ojalá que algún día cambie el esquema corrupto que hay”, dijo por separado otro constructor, durante una siesta de primavera en un bar frente a la Plaza Urquiza.

“Hay dos motivos por los cuales los empresarios empezaron a criticar este sistema: unos critican el aspecto moral de tener que dar comisiones para ganar obras, y otros simplemente por poder; quieren un pedazo de torta más grande”, reflejó un empresario.

“Son pocos los que no participan de la rosca. La realidad es que si no estás, te quedas relegado de hacer obras públicas. Algunos se involucran porque saben que esa forma de trabajar no va a cambiar”, se sinceró otro hombre de negocios.