La ley contra motochorros no incide aún en la forma más común del delito

Domingo 19 de Agosto de 2018, 07:59

“Siempre hemos dicho que este es el delito callejero que más muta y es el que más nos preocupa. Cuidamos un sector y aparece en otro. No tienen un lugar fijo para atacar. Complica los operativos diagramados y la tarea de prevención. Por eso, apuntamos a los controles móviles”, explicó Luis Ibáñez, secretario de Seguridad.

“Los arrebatos que tenemos en la provincia se cometen utilizando motos. Hemos hecho un anillo fuera del micro y del macrocentro de la capital. Las motos de la policía andan de a dos o tres y paran a motocicletas y hacen la requisa. Queremos incrementar estos operativos con más rodados”, agregó el funcionario.

El populoso barrio de Villa Urquiza fue el escenario de al menos dos marchas pidiendo seguridad. Allí los motochorros les están ganando a las fuerzas de seguridad. “No vamos a parar de manifestar y de presentar notas para que nos escuchen de una vez por todas. Ya no creemos en nadie. Ni en la Policía, ni en la Justicia ni en el Gobierno. Supuestamente la ley contra los motochorros iba a ser la solución, pero nada cambió. Seguimos a merced de los delincuentes”, explicó María del Carmen Barrionuevo, quien participó en la manifestación.

“Buenos resultados”

La norma fue aprobada el 14 de marzo por la Legislatura. Impulsada por el ministro fiscal Edmundo Jiménez, la ley establecía que a motochorros, “rompevidrios” y escruchantes se le dictara prisión preventiva. El gobernador Juan Manzur la promulgó de inmediato. Su implementación generó polémica porque los especialistas la consideraban inconstitucional.

Pese a ese cuestionamiento, a cinco meses de haberse puesto en vigencia, según el ministro fiscal Jiménez, se están consiguiendo buenos resultados. “Después de lograr que los jueces entendieran el fin de esta norma, se está avanzando mucho. No sólo porque se les dicta la prisión preventiva a los acusados, sino que se está avanzando en las condenas de los imputados”, explicó.

“Hay casos que, después de haber llegado a acuerdos con los defensores, los imputados reciben una condena y saben que si vuelven a ser imputados por el mismo delito, terminarán en la cárcel. Eso es lo que buscamos, que tengan antecedentes, no una planilla donde figuren todos los delitos que cometieron y ninguna condena”, explicó el jefe de los fiscales.

Jiménez indicó que todavía es muy prematuro determinar si la Ley fue efectiva o no. “Con esta norma se está consiguiendo lo que hasta hace mucho tiempo parecía imposible: que un motochorro tenga una condena. El proceso demoró en funcionar, pero ahora que está funcionando, con el tiempo se verán más y mejores resultados”, opinó.

Una herramienta

Los fiscales Diego López Ávila y Adriana Giannoni coincidieron en que es tan sólo una herramienta para luchar contra este tipo de delito. “Es cierto que se notó una disminución de reincidentes, pero todavía falta mucho para solucionar el problema de fondo. Hay que tener en cuenta que estamos trabajando con una estructura de 20 años y que lentamente se va modificando con numerosas medidas, pero todavía no alcanzó a los cambios delictivos que se registraron en idéntico lapso de tiempo”, explicó el fiscal.

“El cambio se produjo en el proceso, pero todavía no se modificaron otras cosas como el tiempo de condena. Este es un delito que se está produciendo en todo el país y no sólo en Tucumán. También debería estudiarse un cambio en el Código Penal, tratamiento que se debe realizar en el Congreso”, indicó López Ávila.

Giannoni consideró además que se debe insistir con los procesos cortos para conseguir condenas rápidas. “Hemos tenido buenos resultados con los juicios abreviados. Pero faltan muchas cosas. Es cierto que se están aplicando las prisiones preventivas, pero los tiempos no son suficientes. Otorgan en promedio entre cuatro y seis meses, cuando en realidad solicitamos entre seis y ocho, que es el tiempo que consideramos que se puede llegar a una sentencia rápida”, comentó.

“Faltan recursos”

“No hay dudas de que faltan recursos humanos y tecnológicos para mejorar, en primer lugar, la prevención y, por último, trabajar en la persecución penal. Este es un esfuerzo que se debe realizar en forma conjunta entre todos los poderes”, explicó López Ávila.

Giannoni consideró que la cuestión social es fundamental para mejorar: “en primer lugar hay que trabajar con las adicciones. El 80% de los detenidos que cometen este delito son adictos y la gran mayoría reconoce que cometieron el ilícito para poder comprar sustancias. También hay que trabajar fuerte en la reinserción social del condenado. Hay que lograr su readaptación, sino todos los esfuerzos son insuficientes o no sirven de nada”.
 

Fuente: https://www.lagaceta.com.ar/nota/780948/actualidad/ley-motochorros-cumple-cinco-meses-arrebato-sigue-siendo-delito-mas-comun.html

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