Una firma tucumana bajo sospecha por ventas con sobreprecios a Venezuela

Miércoles 12 de Junio de 2019, 08:30

LA SEDE DE LA EMPRESA CUESTIONADA POR INTERVENIR EN EL FIDEICOMISO ARGENTINOVENEZOLANO. Acceso y fachada de la compañía de legumbres ubicada en San Felipe, en las afueras de San Miguel de Tucumán. LA GACETA / FOTO DE ANALÍA JARAMILLO.



Durante años Argentina vendió productos diversos a Venezuela, y ese país “pagó” las cuentas con petróleo y dólares. Este acuerdo comercial cuestionado por su manejo irregular fue materializado mediante dos series de un fideicomiso denominado Pdvsa aparentemente originado en una reunión a solas que los entonces presidentes Hugo Chávez y Néstor Kirchner mantuvieron en 2003. Por esta estructura circularon alrededor de U$S 2.000 millones.

Entre las empresas beneficiarias del mecanismo está la tucumana Paramérica SA, que habría exportado alimentos y otros bienes con sobreprecios, según un informe de la Sindicatura General de la Nación (Sigen). Carlos Ruiz Juárez, presidente de la compañía, rechazó las sospechas.

“La totalidad de las operaciones de nuestra empresa se concertaron por los precios y con las modalidades correspondientes a las condiciones de mercado existentes a la fecha de su celebración”, dijo el ejecutivo.

El Fideicomiso Pdvsa “murió” en 2016, tras la llegada de Mauricio Macri al Gobierno. Hasta el cambio de mando, el acuerdo comercial formaba parte del ámbito de incumbencias de Julio De Vido, el ex ministro nacional de Planificación Federal preso de manera preventiva por denuncias de corrupción. Su auge coincidió con la época del cepo cambiario que impuso la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y rigió hasta que aquella dejó la Casa Rosada: una política de control del cambio de divisas todavía vigente en Venezuela.

Las dudas sobre los fines y las formas de esta iniciativa del chavismo -que mantuvo Nicolás Maduro- y del kirchnerismo volvieron a quedar expuestas a partir del documento que la Sigen elaboró por pedido de Marcelo Aguinsky, juez federal en lo Penal Económico Nº6 de la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo de control detectó inconsistencias en la facturación y la determinación de precios de los productos y servicios del Fideicomiso Pdvsa.

Los auditores encontraron que, en algunos casos, los venezolanos pagaron hasta el 90% más del valor de mercado. Llamativamente, el país de Simón Bolívar también abonó sumas inferiores a las de referencia. El informe de la Sigen sitúa a Paramérica SA en las dos hipótesis: por un lado habría facturado con recargos los cargamentos de legumbres y de maíz, y, por el otro, habría exportado soja por un precio inferior al del mercado.

La soja dio quebranto

Según la Sigen, la empresa vendió maíz amarillo por U$S 27 millones cuando el producto valía U$S 14 millones. Esta operación generó una diferencia de U$S 13 milones. La Sigen halló un sobreprecio todavía mayor: por otro envío de maíz, Paramérica SA recibió U$S 19,1 millones.

Si hubiese ido al mercado, le habrían dado U$S 116.000. En este caso el recargo ascendería a U$S 19 millones. Por el contrario, la firma tucumana habría perdido dinero al vender a Venezuela soja que valía U$S 200 millones por U$S 106,8 millones. Esta operación habría generado un quebranto de U$S 93,2 millones. Respecto de los porotos, la Sigen apuntó que la empresa de los Ruiz Juárez facturó U$S 26 millones cuando el precio de referencia era U$S 18 millones.

La mayoría de las restantes sociedades mencionadas en el informe también se dedicaban a la producción de comida. El chavismo otorgó al Ejército la administración de las importaciones de alimentos: ese organismo aún controla el Ministerio del Poder Popular para la Alimentación.

En abril y en medio de la crisis humanitaria que padece Venezuela por sus conflictos políticos, económicos y sociales, el presidente Maduro puso a cargo de esta cartera estratégica al mayor general Carlos Leal Tellería. Alimentación estuvo a cargo del poderoso militar Rodolfo Clemente Marco Torres, hoy gobernador de Aragua, durante buena parte del período alcanzado por la auditoría de la Sigen.

El informe podría dar lugar a una investigación sistémica sobre si el fideicomiso fue utilizado para cometer hechos de corrupción
. Un caso individual abona esa conjetura. El juez Aguinsky imputó a Juan José Levy, cabeza de un grupo de empresas intervinientes en Pdvsa, entre ellas Laboratorios Esme, la posible comisión de una serie de delitos, entre ellos cohecho y soborno transnacional.
 

Fuente: https://www.lagaceta.com.ar/nota/809134/actualidad/empresa-tucumana-aparece-entre-companias-sospechadas-vender-venezuela-sobreprecios.html