Elevaron a juicio una causa contra la ex monja salteña acusada de abuso sexual

Se trata de la causa seguida contra María Alicia Pacheco, de 44 años, quien se encuentra acusada del delito de abuso sexual gravemente ultrajante por la duración en el tiempo y por las circunstancias de su realización, agravado por ser ministro de culto, y corrupción de menores en concurso real.

El caso
En diciembre de 2016, Pacheco fue detenida por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, en perjuicio de una menor que formaba parte del Instituto creado por el sacerdote Agustín Rosa, también acusado por abuso sexual.
Pacheco, también conocida como hermana Micaela, fue denunciada por una mujer que aseguró que, cuando tenía 13 años, acudía a la parroquia de la Santa Cruz, donde la ex monja colaboraba en el Instituto.
Allí, la entonces adolescente dijo que comenzó a sufrir un acoso sistemático por parte de la ex monja, además de hechos de abuso sexual en forma continuada, hasta que decidió desvincularse de la congregación.
Los hechos denunciados ocurrieron entre 2004 y 2005, en el domicilio de la víctima y en las instalaciones de la parroquia de la Santa Cruz, donde la hermana Micaela colaboraba con Rosa y su obra, situada en la calle Santa Fe al 1.200, de la ciudad de Salta.
El padre Rosa y el sacerdote Nicolás Parma, del mismo instituto, también fueron denunciados por la ex monja Valeria Zarsa, que era la mano derecha de Rosa, y el ex novicio Yair Gyurkovitz, de 21 años.
En marzo de este año, la causa seguida en contra del fundador de esta congregación, acusado de abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual simple, en ambos casos agravado por ser ministro de culto reconocido, fue elevada a juicio.
En tanto, en agosto pasado, la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y Sociedades de Vida Apostólica decidió cerrar al Instituto religioso de derecho diocesano Hermanos Discípulos de Jesús de San Juan Bautista, cuya sede principal está en Salta, y que fue fundado por Rosa.
La jueza de Garantías 1 de Salta, Ada Zunino, realizó el control de legalidad de la investigación penal preparatoria, según lo exige la ley vigente, y dijo que fue efectuada con respeto de los derechos y garantías de las partes implicadas, tras lo que elevó la causa a juicio. El expediente fue radicado en la Sala VII del Tribunal de Juicio, donde continuará con el trámite pertinente.