La pareja fue acusada de delitos contra la salud pública, ya que no contaban con las autorizaciones necesarias. En total, distribuyeron 12.000 kilos de mercadería en 22 provincias.
Se les acusa de un delito contra la salud pública y otro contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social.
La investigación de la Guardia Civil detectó que los detenidos comercializaban las pizzas por Internet y a través del celular y que no tenían ninguna documentación que acreditara el origen autorizado del producto.
También se comprobó que en la elaboración de las pizzas tampoco cumplían las condiciones higiénicas requeridas y que, por lo tanto, esta actividad podía suponer un riesgo para la salud pública.
Los afectados son restaurantes, caterings, hoteles, pizzerías, campings, piscinas, empresas de organización de acontecimientos y particulares.