¿Récord mundial? Mientras simulan apoyar la Ley Micaela los políticos de Tucumán cubren a CUATRO legisladores acusados por violaciones, abusos sexuales y violencia contra las mujeres

Frente a esa situación, solo se escucha el silencio de la clase política -empezando por el peronismo mayoritario-, que prefiere mirar para otro lado en cuestiones tan graves, mientras hacen la pantomima de asistir a las capacitaciones de la Ley Micaela.

Los cuatro casos de estos políticos presuntamente abusadores están judicializados, y sin embargo la dirigencia de la provincia opta por mantenerse callada, en una actitud que denota complicidad, o un "pacto de caballeros", como lo denominó la abogada Soledad Deza.

El año último, el senador nacional tucumano José Alperovich fue denunciado por abuso sexual por su sobrina y ex asesora. A raíz de la presentación judicial y el avance de la causa, Alperovich pidió una licencia de seis meses sin goce de sueldo en la Cámara alta, que recientemente fue extendida por tres meses más.

En ese contexto, la joven denunciante dio a conocer una dura carta pública, en la que da cuenta de los difíciles momentos por los que tuvo que atravesar: “La vergüenza que estas situaciones traumáticas me hacían sentir me condenaba a un silencio pactado conmigo misma. Mi monstruo ni siquiera tenía que hacerse cargo de que me oprimía”.

“Ese día de mayo, mi cuerpo, mi conciencia y mi entereza para enfrentarlo me sacaron de ahí para siempre”, relató la mujer en la conmovedora carta. En total, la denuncia habla de que Alperovich habría cometido abuso sexual en siete oportunidades. Aún se investiga.

“No necesito que nadie me diga que José Alperovich cometió actos de abuso contra mi integridad física, sexual y psicológica para que sea cierto, yo sé que es cierto, lo viví, me pasó a mí. Elegí elevar mi caso a la Justicia, a pesar de lo difícil que es llevar a cabo una denuncia, por mi necesidad de poner las cosas en su lugar y de decirlas para liberarme de su carga”, escribió la mujer en la misiva.

En tanto, la denuncia contra el ex gobernador de Tucumán la realizó el 22 de noviembre pasado. Allí, la mujer lo acusó por siete hechos. Dos de ellos habrían tenido lugar en la provincia del norte argentino, mientras que por los otros cinco comenzó un proceso paralelo en la Ciudad de Buenos Aires.

“El domingo 24 de mayo se cumplió un año desde que decidí, con mi ultimísimo aliento y después de un proceso postraumático muy doloroso, enfrentar esta situación de raíz y decirle a él mismo mi ‘nunca más’. El vencimiento de su licencia en el Senado celebrándose el mismo día del aniversario del vencimiento de mi silencio. Hasta ese momento, y desde fines de 2017, trabajaba en la campaña política de José Jorge Alperovich para las elecciones a gobernador que ocurrieron en junio de 2019 en Tucumán”, escribió la joven.

Y siguió: “Me lo negué a mí misma durante mucho tiempo porque no podía asumir el peso del miedo, del sometimiento y de la violencia sexual a la que me expuso. No podía, no quería que sea verdad. Lo tapé, creí que iba poder. Viví, seguí adelante”.

“Llegó el día en el que directamente no pude siquiera levantarme de mi cama para ir a trabajar, ya no podía más... y junté fuerzas toda esa mañana para animarme a hablar con él. Por primera vez me sentí con las herramientas para cuidarme de la situación, yo ya estaba rota y no tenía nada que perder, a partir de ese momento se trataba de empezar a conceptualizar, llamar a los hechos y a las personas por su nombre”, sostuvo.

“Empecé por elegir un ámbito de seguridad para mí al reunirme con él. Decirle a mi abusador que no podía continuar porque necesitaba alejarme de él para sanarme del dolor que me había causado por lo que me había hecho, era una conversación difícil de afrontar. Por eso elegí que fuera en su casa, donde estaría su familia circulando y donde sentí que ante el rompimiento de mi silencio su reacción debía ser controlada y podría salir de ahí a salvo. El 24 de mayo de 2019 mi cuerpo, mi conciencia y mi entereza para enfrentarlo me sacaron de ahí para siempre”, concluyó.

Agustina Poch tenía una estrategia para no cruzarse a su vecino de al lado, al entonces diputado José Orellana, entonces diputado nacional por Tucumán del Frente para la Victoria, en los despachos del anexo H del Congreso de la Nación. Siguió trabajando a poca distancia de Orellana meses después de denunciarlo en la Justicia penal, no se había dispuesto el cambio de su despacho a otro anexo, la salida de Orellana, hoy intendente de Famaillá, del lugar donde Agustina cumplía sus funciones como secretaria de la diputada Gabriela Troiano.

“Lo evitaba en los pasillos, mis compañeras me avisaban cuándo salía, hacía todo lo posible por no cruzármelo. Si él tomaba el ascensor, yo iba por la escalera. Con el tiempo, dejé de ir a las sesiones de los jueves en el reciento. Me causaba un gran nerviosismo”, dice Poch.

Recuerda taquicardias, el pulso elevado. Orellana se negaba a mudarse. La causa penal en su contra existía, pero el diputado tardó meses en irse a otro anexo. No había casi nada que la protegiera. La diputada Troiano presentó un pedido para que Orellana sea suspendido, algo que no prosperó.

Con el tiempo, Orellana se fue, terminó su mandato, volvió a su provincia y es intendente de Famaillá. La causa, en cierta forma, también, por un delito grave, y una falta ética total para un un funcionario público, un abuso de su poder.

Poch tenía 21 años.

Al salir, la empleada rompió en llanto. Con el apoyo de Troiano, llevó el caso a la Justicia, con querellantes como María Elena Barbagelata, actualmente en el expediente, o Carlos Cruz, y el apoyo de la UFEM, el ala de la Procuración dedicada a delitos de violencia de género, con el expediente que recayó en el Juzgado N°6 de Alejandra Provítola. La jueza dictó la falta de mérito para el diputado en un comienzo, algo que fue apelado por la UFEM, pero ratificado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones.

Este martes 19, con una nueva composición, la Sala IV, hoy integrada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Alberto Seijas decidió revocar la decisión previa. Así, Orellana fue finalmente procesado. La jueza Provitola recibió el expediente de vuelta y podrá elevar a juicio al actual intendente tras darle vista a las partes.

Poch siente alivio.

“Es una cosa inmensa. Es una resolución que nos trae mucha esperanza para poder seguir. Fueron años muy duros en lo personal para seguir esta causa. La Justicia, siento yo, escuchó una parte del relato, hasta ahora, que han revisado”, dice hoy Agustina.

La denuncia que investiga la Justicia contra el legislador Ricardo Bussi tiene varios capítulos: abuso sexual, amenazas de muerte e ilícitos bancarios de Fuerza Republicana en los que habrían participado policías retirados.

Algunos de los pasajes de las denuncias policiales y judiciales contra Bussi parecen extraídos de una novela de terror:

A fines de enero me dirigí al Banco Galicia a fines de cobrar la asignación social, y la cajera me dice que tenía otra caja con 600 mil pesos y si yo la había abierto. Le dije que no. A otras personas que trabajaban para Bussi les pasó lo mismo. Nunca cobré esas transferencias, que desaparecieron de la cuenta.

El 11 de mayo Bussi me dice que me presente en la Legislatura a las 10, porque a las 9 tenía una reunión.

Ese día fui a la Legislatura en Muñecas y avenida Sarmiento. Bussi me atiende luego de 30 minutos, en su despacho del quinto piso, en la última oficina, lado derecho.

Ahí entra Bussi, yo nunca lo había visto personalmente, me pregunta que pasaba, yo le digo que quería que me expliquen y me solucionen lo del banco, que no quería saber más nada con Fuerza Republicana, entonces Bussi me dice que espere, que terminaba una reunión por videollamada y me atendía.

El vuelve a salir, demora unos diez minutos, vuelve a entrar y me pregunta qué es lo que tenía que hablar.

Yo le muestro la computadora, me dice que la deje en la silla. El cerró la puerta, estábamos los dos parados, y en se momento me dice “vení chiquita, que te pasa”, me quiere besar, él me agarra de la nuca diciéndome que me agache.

Le dije que no dos veces, me dice que le haga sexo oral. Le dije que no, me agarró de la mano, me hizo que lo toque, y me hace que lo toque por encima de la ropa.

Me dijo “chiquita bajate”. Entonces él se sentó en una silla a la par mía y me obligó a que me agache. Me tenía agarrada de la nuca.

Tres veces le dije que no, me dice “así no vamos a solucionar las cosas”.

Me agarró de la cintura y me obligó a que me arrodille en el piso y me agarró de la cara, y me obligó a que lo haga, a que le haga sexo oral.

Después eyaculó afuera, limpiándose el miembro con servilletas de papel.

Yo aproveché para levantarme y salir rápido y el me quiso manotear la computadora. Ya no había nadie en la oficina. Traté de salir tranquila, detrás de mí venía un policía que vino conmigo en el ascensor y me preguntaba qué me pasaba, yo no le dije nada, estaba muy nerviosa.

Afuera estaba lleno de periodistas, salí por la puerta del estacionamiento y caminé hacia la plaza Urquiza, en la parada del taxi un remisero me dio agua y me preguntó si me pasaba algo.

Yo les venía mandando mensajes a las chicas de Fuerza Republicana, que necesitaba verlas.

Mientras las esperaba recibí mensajes del legislador Bussi desde el número XXX, diciéndome que me quede tranquila, que todo se iba a solucionar, que tengo una boquita de bebé.

Yo le dije que lo iba a denunciar, él me dijo que no sea tontita, que lo que me había pasado me iba a volver a pasar.

El borró todos los mensajes, pero yo hice captura de todo.

Llegaron las chicas y una me dijo que fuéramos al Observatorio de la Mujer en el Hospital Centro de Salud, adónde nos dirigimos a hacer la denuncia...