Jueves 31 de Diciembre de 2020, 13:22
Alperovich, Orellana, Bussi y Vermal
En pocos
meses, Tucumán sumó cuatro casos gravísimos de funcionarios políticos
denunciados por violaciones, abusos sexuales y maltrato a las mujeres: el senador José Alperovich (senador con licencia), el ex diputado José Orellana
(ex diputado y actual intendente de Famaillá) y los legisladores
neoperonistas Horacio Vermal y Ricardo Bussi.
Frente
a esa situación, solo se escucha el silencio de la clase política
-empezando por el peronismo mayoritario-, que prefiere mirar para otro
lado en cuestiones tan graves.
Los cuatro casos
de estos políticos presuntamente abusadores están judicializados, y sin
embargo la dirigencia de la provincia opta por mantenerse callada, en
una actitud que denota complicidad, o un "pacto de caballeros", como lo denominó la abogada Soledad Deza.
En el caso de la Legislatura tucumana, todos los integrantes de la Cámara avalaron con su silencio el borrado de filmaciones que probarían la violación, y se han mantenido en un silencio mafioso para encubrir a Bussi.
Los cuatro casos de políticos tucumanos denunciados en los últimos meses:
José Alperovich
La Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional N°10 de la Capital Federal, interinamente a cargo del fiscal Santiago Vismara, y la Unidad Fiscal Especializada de Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, pidieron el miércoles último que se cite a indagatoria al ex gobernador de Tucumán José Alperovich en una causa por abuso sexual.La denuncia contra el actual senador en uso de licencia por la provincia de Tucumán fue radicada hace poco más de un año. Los representantes del Ministerio Público Fiscal recordaron que hay otro expediente que tramita ahora en la justicia tucumana pero que fue reclamado para que se acumule con esta causa. Esa situación de competencia está ahora en la Corte Suprema de Justicia.
En el dictamen, los fiscales Vismara y Labozzetta repasaron las dos situaciones mencionadas por la denunciante, ocurridas en diciembre de 2017. Remarcaron que los casos de abuso sexual se cometen en un ámbito de intimidad donde no siempre es posible contar con testigos directos de lo ocurrido. “Por ello, las mujeres víctimas de esta clase de agresiones y abusos enfrentan grandes dificultades para denunciarlos, todo lo cual ha llevado al trazado de políticas públicas que, desde el servicio de justicia, se vienen desarrollando hace algunos años, a fin de garantizarles una asistencia eficaz y oportuna”, sostuvieron.
En esa línea, resaltaron el informe pericial psicológico, las constancias médicas, las comunicaciones mantenidas entre la víctima y Alperovich, que otorgaron “fuerza probatoria” a los dichos de la denunciante. Hicieron hincapié en la necesidad de aplicar “un criterio de amplitud probatoria”, es decir, que se consideren las presunciones que contribuyan a la demostración de los hechos “siempre que estos sean indicios graves, precisos y concordantes”.
“Puede sostenerse que la prueba más trascendental en estas causas son los dichos de la víctima y los elementos reunidos deben evaluarse bajo la directriz que establece la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer”, consideraron. A esto le sumaron que en el expediente se cuenta con “sobrados elementos de cargo” que sustentan esos dichos.
Mencionaron en su dictamen los distintos tipos de violencia contra las mujeres, como la sexual, la psicológica y la simbólica. “Las mujeres, por el hecho de ser mujeres, padecen de forma desproporcionada la violencia en el ámbito intrafamiliar, y la padecen con características distintivas, dado que en ese espacio las relaciones entre mujeres y varones atravesadas por el género adquieren más intensidad”, consideraron. En el caso de la denunciante, resaltaron que la relación de asimetría estaba atravesada también por la relación laboral que tenía con Alperovich y la posición de poder que éste ostentaba, no solo en la cuestión de trabajo sino a nivel provincial y nacional.
Además de la relación familiar, los fiscales tuvieron en cuenta la diferencia de edad (35 años); la situación de dependencia laboral; el hecho de que Alperovich era y es un reconocido político con influencia provincial y nacional, que gobernó años Tucumán, la provincia donde la denunciante reside actualmente. La joven relató, incluso, el contexto de “permanente control y humillación en el que se desenvolvía esa relación, el constante tono imperativo de él hacia ella y la naturalización del entorno de frases obscenas proferidas por él y dirigidas a ella y a otras personas”.En ese sentido, los fiscales mencionaron la publicación que realizó la Dirección General de Políticas de Género y la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, “Herramientas para el abordaje de la violencia de género desde los espacios institucionales”. Alli se se describen las características que presenta esta modalidad de violencia, que incluye el acoso sexual como conductas o comentarios con connotación sexual no consentidos por quien los recibe. Esos chistes, esos comentarios sobre la ropa o el aspecto físico crean “un entorno laboral intimidante, adverso o humillante”.
Allí también se define al acoso psicológico (o moral) como “el maltrato ejercido sobre una trabajadora con el objeto de desestabilizarla, aislarla, destruir su reputación, deteriorar su autoestima y disminuir su capacidad laboral”. Fue por esto que marcaron que el desequilibrio de poder y la asimetría constituyen elementos básicos en la violencia laboral, pero no necesariamente vinculados a niveles de jerarquía, sino también considerando “otros elementos como la capacidad psicológica de influencia y manipulación y la presión de grupo ejercida contra la trabajadora”.
En conclusión, los fiscales Vismara y Labozzetta solicitaron que se indague a Alperovich en el marco de la causa y sostuvieron que los hechos que le imputaron “se enmarcan en un contexto de violencia sexual, intrafamiliar y acoso laboral por razones de género”.
José Orellana
Agustina
Poch tenía una estrategia para no cruzarse a su vecino de al lado, al
entonces diputado José Orellana, entonces diputado nacional por Tucumán
del Frente para la Victoria, en los despachos del anexo H del Congreso
de la Nación. Siguió trabajando a poca distancia de Orellana meses
después de denunciarlo en la Justicia penal, no se había dispuesto el
cambio de su despacho a otro anexo, la salida de Orellana, hoy
intendente de Famaillá, del lugar donde Agustina cumplía sus funciones
como secretaria de la diputada Gabriela Troiano.
“Lo evitaba en
los pasillos, mis compañeras me avisaban cuándo salía, hacía todo lo
posible por no cruzármelo. Si él tomaba el ascensor, yo iba por la
escalera. Con el tiempo, dejé de ir a las sesiones de los jueves en el
reciento. Me causaba un gran nerviosismo”, dice Poch.
Recuerda
taquicardias, el pulso elevado. Orellana se negaba a mudarse. La causa
penal en su contra existía, pero el diputado tardó meses en irse a otro
anexo. No había casi nada que la protegiera. La diputada Troiano
presentó un pedido para que Orellana sea suspendido, algo que no
prosperó.
Con el tiempo, Orellana se fue, terminó su mandato,
volvió a su provincia y es intendente de Famaillá. La causa, en cierta
forma, también, por un delito grave, y una falta ética total para un un
funcionario público, un abuso de su poder.
El
11 de noviembre de 2016, según la denuncia que Poch presentó, Orellana
la invitó a ingresar a su oficina, donde le dijo: “Vos necesitás alguien
que te quiera... Me encantás desde que te ví”. "En ese momento Orellana
se puso de pie y comenzó a besarla en su oreja. "Seguramente nadie te
besó así, no?’”. Luego, comenzaron a llegar mensajes de WhatsApp de
parte del entonces diputado.
Poch tenía 21 años al momento de los hechos.
Al
salir, la empleada rompió en llanto. Con el apoyo de Troiano, llevó el
caso a la Justicia, con querellantes como María Elena Barbagelata,
actualmente en el expediente, o Carlos Cruz, y el apoyo de la UFEM, el
ala de la Procuración dedicada a delitos de violencia de género, con el
expediente que recayó en el Juzgado N°6 de Alejandra Provítola. La jueza
dictó la falta de mérito para el diputado en un comienzo, algo que fue
apelado por la UFEM, pero ratificado por la Sala IV de la Cámara de
Apelaciones.
Este martes 19, con una nueva composición, la Sala
IV, hoy integrada por los jueces Ignacio Rodríguez Varela y Alberto
Seijas decidió revocar la decisión previa. Así, Orellana fue finalmente
procesado. La jueza Provitola recibió el expediente de vuelta y podrá
elevar a juicio al actual intendente tras darle vista a las partes.
Poch siente alivio.
“Es
una cosa inmensa. Es una resolución que nos trae mucha esperanza para
poder seguir. Fueron años muy duros en lo personal para seguir esta
causa. La Justicia, siento yo, escuchó una parte del relato, hasta
ahora, que han revisado”, dice hoy Agustina.
Ricardo Bussi
La
denuncia que investiga la Justicia contra el legislador Ricardo Bussi
tiene varios capítulos: abuso sexual, amenazas de muerte e ilícitos
bancarios de Fuerza Republicana en los que habrían participado policías
retirados.
Algunos de los pasajes de las denuncias policiales y judiciales contra Bussi parecen extraídos de una novela de terror:
"A
fines de enero me dirigí al Banco Galicia a fines de cobrar la
asignación social, y la cajera me dice que tenía otra caja con 600 mil
pesos y si yo la había abierto. Le dije que no. A otras personas que
trabajaban para Bussi les pasó lo mismo. Nunca cobré esas
transferencias, que desaparecieron de la cuenta.
El 11 de mayo Bussi me dice que me presente en la Legislatura a las 10, porque a las 9 tenía una reunión.
Ese
día fui a la Legislatura en Muñecas y avenida Sarmiento. Bussi me
atiende luego de 30 minutos, en su despacho del quinto piso, en la
última oficina, lado derecho.
Ahí entra Bussi, yo nunca lo había
visto personalmente, me pregunta que pasaba, yo le digo que quería que
me expliquen y me solucionen lo del banco, que no quería saber más nada
con Fuerza Republicana, entonces Bussi me dice que espere, que terminaba
una reunión por videollamada y me atendía.
El vuelve a salir, demora unos diez minutos, vuelve a entrar y me pregunta qué es lo que tenía que hablar.
Yo
le muestro la computadora, me dice que la deje en la silla. El cerró la
puerta, estábamos los dos parados, y en se momento me dice “vení
chiquita, que te pasa”, me quiere besar, él me agarra de la nuca
diciéndome que me agache.
Le dije que no dos veces, me dice que
le haga sexo oral. Le dije que no, me agarró de la mano, me hizo que lo
toque, y me hace que lo toque por encima de la ropa.
Me dijo
“chiquita bajate”. Entonces él se sentó en una silla a la par mía y me
obligó a que me agache. Me tenía agarrada de la nuca.
Tres veces le dije que no, me dice “así no vamos a solucionar las cosas”.
Me
agarró de la cintura y me obligó a que me arrodille en el piso y me
agarró de la cara, y me obligó a que lo haga, a que le haga sexo oral.
Después eyaculó afuera, limpiándose el miembro con servilletas de papel.
Yo
aproveché para levantarme y salir rápido y el me quiso manotear la
computadora. Ya no había nadie en la oficina. Traté de salir tranquila,
detrás de mí venía un policía que vino conmigo en el ascensor y me
preguntaba qué me pasaba, yo no le dije nada, estaba muy nerviosa.
Afuera
estaba lleno de periodistas, salí por la puerta del estacionamiento y
caminé hacia la plaza Urquiza, en la parada del taxi un remisero me dio
agua y me preguntó si me pasaba algo.
Yo les venía mandando mensajes a las chicas de Fuerza Republicana, que necesitaba verlas.
Mientras
las esperaba recibí mensajes del legislador Bussi desde el número XXX,
diciéndome que me quede tranquila, que todo se iba a solucionar, que
tengo una boquita de bebé.
Yo le dije que lo iba a denunciar, él me dijo que no sea tontita, que lo que me había pasado me iba a volver a pasar.
El borró todos los mensajes, pero yo hice captura de todo.
Llegaron
las chicas y una me dijo que fuéramos al Observatorio de la Mujer en el
Hospital Centro de Salud, adónde nos dirigimos a hacer la denuncia..."
Horacio Vermal
Por requerimiento de la Fiscalía en Violencia Familiar y de Género, la
justicia penal ordenó la Prohibición de Acercamiento del legislador
bussista José Horacio Vermal, DNI 17074114, por un plazo de ciento
ochenta días, y en un radio de 200 metros, a su mujer, quien lo denunció
por violencia.
La medida cautelar
ordenada por la juez de instrucción penal María Carolina Ballesteros
además prohíbe al legislador Vermal "realizar cualquier acto de
turbación, perturbación y/o intimidación directa o indirecta hacia
ella", y ordena al personal policial tomar todos los recaudos
pertinentes para proteger a la víctima.
En las redes sociales, en tanto, el bussismo lanzó ataques contra la víctima.
Paralelamente a las denuncias por violencia familiar, la esposa de Vermal inició los trámites de divorcio.
La
decisión de la justicia hace referencia a "amenazas y hechos de
violencia que pueden repetirse, encontrándose en riesgo la integridad
física y psíquica de la denunciante".
"Se
encontraría en riesgo la integridad física y psíquica de la víctima, por
lo que corresponde ordenar la Prohibición de Acercamiento del
denunciado", señala la medida cautelar.
Además, ordena: "córrase vista al Defensor de Menores que por turno corresponda, para que tome intervención por ellos, con carácter de urgente".
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