Zacarías Khoder, otro político que tiene múltiples denuncias y se refugia en el aguantadero de la Legislatura

Jueves 08 de Octubre de 2020, 17:13

Zacarías Khoder



El fiscal penal Claudio Bonari resolvió darle curso a la investigación que involucra al hoy legislador oficialista Zacarías Khoder por una serie de supuestas irregularidades registradas en 2015, cuando cerraba su última gestión como intendente de Banda del Río Salí.

Khoder es el jefe de la Comisión de Juicio Político que esta semana cerró el paso a todos los pedidos de juicio político contra el juez de la Corte Daniel Leiva, acusado de presionar al camarista Enrique Pedicone para que "manejara" la causa por abuso sexual y corrupción contra Ricardo Bussi.

Al igual que Bussi, Jorge Yapura Astorga y otros legisladores, para evitar las acusaciones, Khoder se refugiará en los fueros, aprovechando que la Legislatura tucumana se votó para sí misma un sistema único en el país, que les permite a estos ciudadanos de primera no rendir cuentas ante los jueces, como deben hacerlo el resto de los mortales en Tucumán.

Bonari, representante del Ministerio Público Fiscal, al analizar la denuncia del abogado Oscar López, consideró que existen indicios suficientes para requerir al juez que corresponda la apertura de una investigación jurisdiccional en contra de Khoder, en el marco de un proceso que menciona además a familiares del dirigente peronista y a personas de su confianza que formaron parte su gestión.

El fiscal Bonari puso la lupa en los lazos de parentesco y en la contratación de empresas posiblemente vinculadas al personal de la Intendencia en la previa a la campaña de 2015.

Y consideró que es necesario profundizar en ciertos aspectos de la denuncia de López para determinar su hubo o no irregularidades de orden penal en el manejo de fondos públicos por parte del ex jefe municipal.

El abogado López denunció a Khonder por la extracción de fondos públicos y el uso irregular de esos fondos. Por otro, consignó una serie de supuestos vínculos entre Khoder y personas de su entorno con empresas prestatarias de servicios contratadas por la Municipalidad de Banda del Río Salí.

El fiscal examinó la denuncia de López con relación a la presunta administración fraudulenta mediante el libramiento de 25 cheques oficiales por casi $ 500.000 en favor de una imprenta para "el pago de la campaña propagandística y proselitista que llevaban adelante Zacarías Khoder, candidato a legislador, y Camila Khoder, ex legisladora y candidata a intendente". Según la pesquisa, la firma contratada para la impresión de afiches estaría a nombre de un empleado de la Municipalidad de esa gestión.

"La verificación de los datos antes mencionados tornan razonable y necesaria una profundización en la investigación de estos hechos con el fin de corroborar si efectivamente se libraron los mencionados cheques y, en su caso, en qué concepto, en virtud de la presunta comisión del delito de defraudación en perjuicio de la administración pública municipal", sostuvo Bonari, al justificar en este punto el pedido para avanzar con la causa.

Según la denuncia, entre junio y octubre de 2015 fueron librados 36 cheques en favor de una ferretería, por un total de $638.000. En este caso, López planteó que el "modus operandi delictivo se realizaba a través de la venta de materiales de construcción". El abogado aseveró que el dueño de la empresa era pareja de una mujer quien, a su vez, era pariente de Khoder, además de ocupar un cargo clave en el ámbito del municipio. Así, según la operatoria planteada, parientes del intendente contrataban y autorizaban las contrataciones, mientras la ferretería en cuestión proveía los materiales.

"No surge, prima facie, que haya habido una disposición patrimonial indebida por parte de la administración municipal, pues no se indica que se hayan abonado sobreprecios y/o que los presuntos materiales adquiridos no hayan sido efectivamente entregados", consideró Bonari.

De todos modos, advirtió que "las circunstancias detalladas sí podrían configurar el delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública".

"El supuesto entramado de vínculos familiares que habrían existido entre las partes involucradas genera una obvia sospecha de parcialidad en la contratación", agregó el fiscal, al solicitar la apertura de la investigación en este punto.

La denuncia sostiene que la Municipalidad bandeña contrataba "dos colectivos para el transporte de deudos" en servicios fúnebres. Además, sostiene que los rodados llevaban la leyenda: "al servicio de la gente", y que por la forma en que estaban pintados, se los "identificaba a los Khoder".

López sostuvo que la empresa prestataria era propiedad de una "sobrina del intendente", pariente además de otros funcionarios municipales. "Sólo entre el 7 de julio de 2015 y el 28 de agosto de ese año (...), emitió 20 facturas por supuestos transportes realizados, por la suma de $ 126.000", detalla, siempre consignando valores de hace cinco años.

"El denunciante no cuestiona, al menos directamente, el precio del servicio ni que el mismo no haya sido prestado conforme lo facturado, sino que nuevamente lo que se pone en tela de juicio es que la presunta proveedora tendría lazos familiares con los denunciados, lo que conlleva como lógica consecuencia la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", analizó Bonari, al requerir también sobre este aspecto la posibilidad de profundizar la investigación.

En el marco de este expediente, el fiscal analizó también la contratación de una empresa dedicada a la "constatación, por medios electrónicos -sobre todo, cámaras-, de las infracciones de tránsito que acontecen en el ejido municipal, y a su posterior cobro".

López sostuvo que se trata de una "empresa pantalla", y que en realidad pertenecía al propio Khoder. Además, relató una presunta maniobra irregular en la liquidación efectuada por la Municipalidad, en septiembre de 2015, en favor de esa firma.

En ese aspecto, Bonari no halló indicios de una infracción al Código Penal. "La supuesta desprolijidad contable señalada no constituye per se un delito (...). Si la suma abonada es correcta, es posible inferir con facilidad que la administración municipal podía acceder a la liquidación de lo recaudado por otros medios, diversos del informe bancario, no por ello necesariamente ilícitos", consideró el fiscal.

No obstante, aclaró Bonari, se planteaba una situación diferente ante la posibilidad de que la firma fuera "una pantalla", sobre todo tras los informes de AFIP. "En base a las pruebas colectadas, este Ministerio Público Fiscal no pudo corroborar la existencia de dicha empresa", indicó. Y agregó que, según las pruebas aportadas por López, "las facturas contendrían un domicilio impreciso (sin indicar la ciudad del domicilio social) y carecerían de teléfono y dirección de correo electrónico, datos relevantes si se trata de una empresa de cobros de multas",

Estas cuestiones, añadió el fiscal, "plantean la necesidad de disponer otras medidas investigativas tendientes a corroborar" la situación, por lo que pidió la apertura de una investigación jurisdiccional al respecto.

El Ministerio Público Fiscal también puso la lupa sobre la adjudicación directa del servicio de recolección de residuos en el distrito bandeño durante la gestión de Khoder.

Según López, esta firma tenía "similar domicilio" al de una sociedad integrada por la esposa de un funcionario de la Intendencia, quien a la vez era familiar directo del jefe municipal. Advirtió que estas empresas contaban con "el mismo socio" -quien según la denuncia también sería funcionario de la Intendencia-, y que ambas eran "utilizadas para la comisión de delitos contra la administración pública".

"En base a lo expuesto, con los elementos obrantes en autos, por ahora, no es posible descartar la configuración de un injusto penal, por lo que se solicita la investigación jurisdiccional con el fin de profundizar la investigación en orden a la presunta comisión del delito de negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública", requirió Bonari al juez.

Debido a que el intendente Khoder cuenta con fueros constitucionales, Bonari deberá aguardar la definición del juez de Instrucción que corresponda para poder avanzar con la obtención de pruebas, entre las que figuran pedidos de informes a la Municipalidad de Banda del Río Salí, a la AFIP y al banco.

El representante del Ministerio Público señaló a: Zacarías Khoder; a Hortensia Cecilia Toledo; a Arnaldo Toledo; a Alejandro Khoder; a Luis Drovetta; a Marco Antonio Cañoto; a Jose Augusto Lescano Torres; y a Sonia Tripi.

Según el requerimiento de instrucción, se investigará: "la presunta utilización de fondos públicos en el financiamiento de la publicidad gráfica de la campaña política realizada previa a las elecciones 2015"; la supuesta contratación de la empresa de ferretería "que sería propiedad de quien tendría lazos familiares cercanos con funcionarios del municipio en el año 2015"; la presunta "contratación del Servicio de Transporte de Deudos, cuya propietaria tendría lazos familiares cercanos con funcionarios del municipio en el año 2015"; y la firma de fotomultas, "a fin de verificar si la misma es de propiedad del justiciable Zacarías Khoder".

Por último, se analizará el caso de la empresa de servicio de recolección de residuos, "cuyo socio-gerente tendría vínculo comercial con familiares directos de funcionarios del municipio en el año 2015", determina el informe oficial.