¿Cuánto cobraron como indemnización del Estado los asesinos del ERP que ejecutaron al capitán Viola y a su hijita?
Domingo 29 de Noviembre de 2020, 16:44
El capitán Humberto Viola y su pequeña hija María Cristina, ambos asesinados por el ERPEl domingo 1° de diciembre de 1974, cerca del mediodía, el capitán Humberto Viola, de 31 años, estaba por salir de paseo con su familia.
Estaciona su auto frente a la casa de Ayacucho 233 en la que vivían sus padres en Barrio Sur de San Miguel de Tucumán.
Mientras observa a su esposa Maby Picón y sus hijas no presta atención que hay en las cercanías tres autos “operativos” con miembros del ERP que han llegado para matarlo.
El hecho fue tan aberrante que estremeció a la mayoría de la sociedad argentina.
El crimen puso en funcionamiento al Poder Ejecutivo y semanas más tarde comienza el “Operativo Independencia” con la orden de “aniquilar” al enemigo en Tucumán.
Mientras el Ejército se preparaba para cumplir la orden del gobierno constitucional, en el monte los miembros que cometieron el ataque eran ascendidos por un miembro del Buró Político el Partido Revolucionario de los Trabajadores.
Esta es la historia:
Luego del 25 de mayo de 1973, a pesar de la vigencia de un gobierno constitucional, el clima de violencia que se desarrollaba en el país no decaía, ni aun en vida de Juan Domingo Perón: ataques a cuarteles, asesinatos, secuestros y asaltos a bancos. Tras la asunción de Héctor J. Cámpora, la organización Montoneros nunca abandonó las armas y el PRT-ERP, en una declaración pública, sostuvo: “¡Ninguna tregua al Ejército opresor!”.
Durante la presidencia de Juan Domingo Perón, a las 12 de la mañana del 9 de mayo de 1974, con la firma del teniente general Leandro Enrique Anaya, se extendieron las “instrucciones Nº 573/74 (seguridad personal militar del Ejército)”.
Fueron dictadas porque “las organizaciones subversivas han reiterado su intención de continuar la lucha contra las FFAA, particularizando su intensidad contra el Ejército” y teniendo en cuenta que “dichas organizaciones subversivas están en capacidad para continuar su acción de terrorismo selectivo contra el personal militar en actividad y en situación de retiro”.
A esta altura de los acontecimientos, no sólo se había atentado contra altos jefes de las Fuerzas Armadas, sino que también contra unidades militares (Comando de Sanidad en 1973 y Regimiento C 10 “Húsares de Pueyrredón” en Azul, en enero de 1974). En uno de los puntos contemplados en la directiva castrense se hace una evaluación: “El aparato subversivo es probable que incremente su magnitud y, paralelamente su actividad en la medida que sea inoperante o estéril la acción que se ejerza contra las organizaciones terroristas clandestinas o contra los elementos de superficie que las apoyan”.
Dos semanas después del fallecimiento de Juan Domingo Perón, el 14 de julio de 1974 Montoneros asesinó mientras almorzaba en un modesto restaurante del conurbano bonaerense a Arturo Mor Roig, ex dirigente radical y ex ministro del Interior del teniente general Alejandro Agustín Lanusse y dos semanas más tarde es asesinado por la Triple A el diputado nacional Rodolfo Ortega Peña, director junto con Eduardo Luis Duhalde (alias “Damian”) de la revista “Militancia”, órgano de expresión de varias organizaciones armadas de ultraizquierda.
El 10 de agosto de 1974, el Ejército Revolucionario del Pueblo atacó de manera simultánea dos objetivos militares. La “Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez” al mando de Hugo Irurzún, “capitán Santiago”, intentó copar el Regimiento de Infantería 17 de Catamarca y la “Compañía Decididos de Córdoba”, bajo el mando de Juan Eliseo Ledesma, “capitán Pedro”, tomó por asalto la Fábrica de Explosivos de Villa María, secuestrando al subdirector, el mayor Argentino del Valle Larrabure y al capitán Roberto A. García, y gran cantidad de armamentos.
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El recuerdo de la esposa de Viola, Maby Picón.
Ante esta serie de ataques al personal militar, el 20 de agosto de 1974, se originó la directiva “secreta” “Nº 581/74 (incremento de medidas de seguridad)” y el contenido de su “Anexo 1 (experiencia recogida)” representó una vuelta de torniquete aún mayor a la seguridad de los cuadros del Ejército. El anexo lleva la firma del general Jorge Rafael Videla, jefe del Estado Mayor General del Ejército. El texto de la directiva contiene varias observaciones de la Inteligencia del Ejército sobre el momento que se vivía:
- “Hasta el presente se había considerado más factible que el oponente operara en zonas pobladas o tradicionalmente conflictivas, denominadas “zonas calientes” (Córdoba- Rosario-Tucumán-etc.), apreciándose como objetivos probables se llevaran a cabo acciones en zonas alejadas de objetivos importantes, involucradas bajo la denominación de “zonas frías”.
- “Ha quedado demostrado que el oponente, de una u otra forma, ha logrado infiltrar elementos adictos en las unidades y organismos del Ejército.”
El documento hacía un detallado análisis sobre el ataque que el ERP ejecutó contra el Regimiento 17 de Infantería de Catamarca. Destacaba como decisivo “el ascendiente que la Unidad tiene en la población y el aprecio que ésta siente por la Unidad”, ya que proporcionaron “la información oportuna que permitió frustrar la sorpresa del ataque” y “negando al adversario el apoyo que lo obligó a mantenerse alejado de la zona urbana, factor que posibilitó su aniquilamiento.” En lo referente a las “Aptitudes del oponente”, el documento estima que “en las acciones ejecutadas por los elementos subversivos, éstos demostraron adecuado grado de efectividad en la lucha urbana (destreza de tiro, apoyos, coordinación de las acciones, etc). Aunque aclara que en “Catamarca, por el contrario, el oponente evidenció falta de aptitud para operar en zona rural o despoblados.”
La derrota del ERP ante el regimiento de Catamarca, las 16 bajas sufridas y la pérdida de armamentos resintió la moral de los guerrilleros que estaban instalados en el monte. Entonces, se les ordena tomar el pueblo de Santa Lucía y ultimar a dos policías a los que hacían responsables de la muerte de Ramón Rosa Jiménez (a) “Ricardo”. A esa altura de las operaciones la compañía de monte había tenido numerosas bajas en choques con la policía, por algunas detenciones de integrantes que bajaban al llano y también por deserciones. Entonces Santucho decidió reorganizar la unidad, quedando a cargo del “capitán Santiago”, Hugo Irurzún, un estado mayor en operaciones y 3 pelotones integrados por un jefe y 22 combatientes cada uno.
El 1º de diciembre de 1974, efectivos de la unidad bajan del monte para participar en el asesinato del capitán Humberto Viola. Según relató el PRT-ERP en su Parte de Guerra, durante el operativo terrorista Viola recibió un escopetazo que terminó matando a su hija María Cristina de 3 años. Luego se acerca otro integrante y le dispara una corta ráfaga de ametralladora al tiempo que otro le dispara otro escopetazo cuando Viola herido baja del auto.
Segundos más tarde otro integrante del grupo lo remata con un tiro en la cabeza con un revólver calibre 38. Durante el operativo también es gravemente herida Fernanda de 5 años con un tiro en la cabeza, que la llevo a sufrir ocho delicadas operaciones. Todo ocurrió ante la vista de la esposa embarazada de Viola, sus padres y abuelos.
Los integrantes del pelotón que participaron en el hecho fueron: Hugo Irurzun, el jefe del ataque, que terminaría muerto en acción, en la denominada “Operación Reptil”: el asesinato del dictador nicaragüense Anastasio Somoza, en Asunción del Paraguay en 1980. Lo secundaban Francisco Antonio Carrizo, José Martín Paz, Rubén Jesús Emperador, Fermín Ángel Nuñez, Miguel Norberto Vivanco y Svante Grande, un sueco-chileno que luego sería abatido en el monte tucumano.
Todos los integrantes del comando que atentó contra la familia Viola fueron detenidos entre febrero y abril del año 1975 y encarcelados a disposición del Poder Ejecutivo Nacional. La investigación judicial identificó que los autores materiales de los homicidios del capitán Viola y de María Cristina, y de la tentativa de homicidio contra María Fernanda, y fueron condenados y más tarde amnistiados.
La justicia argentina -con la celeridad que la caracteriza- hizo que las sentencias que condenaron a reclusión perpetua a Paz, Emperador, Nuñez y Vivanco, se dictaran a finales del año 1976, mientras que la de Carrizo a fines del año 1982.
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Foto del “capitán Santiago” tomada de la carpeta que el comisario Alberto Villar entregó a Perón.
La Reclusión Perpetua estaba limitada a un máximo de 20 años gracias a la Ley 23.070 aprobada en julio de 1984, durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que computaba 2 días como 3 (el tiempo de la pena se reducía a 121 días anuales: un tercio) y a partir de la fecha de detención, Carrizo, Paz y Emperador quedaron en libertad condicional en diciembre de 1988 y Nuñez en julio de 1989. Vivanco había fallecido en 1980.
Con el paso de los años los asesinos de los Viola se convirtieron en querellantes en el juicio a los militares por el Operativo Independencia en la provincia de Tucumán y, además, fueron indemnizados por el Estado Argentino. Carrizo (liquidación 4509) con $12.506.637 (monto actualizado Nov. 2020); Emperador (liquidación 3724) con $12.640.603 (monto actualizado Nov. 2020); Emperador el 9 de diciembre de 2015 pide una actualización y (por liquidación 16576) recibe otros $ 4.420.352; Nuñez (liquidación 2686) con $13.191.339 (monto actualizado Nov. 2020) y Paz (liquidación 6256) con $ 11.863.513 (monto actualizado a Nov. 2020).
El 5 de febrero de 1975 se firmó el decreto “S” 261, por el cual se ordenaba al Comando General del Ejército ejecutar las operaciones necesarias para neutralizar y/o aniquilar el accionar guerrillero en la provincia de Tucumán. En cumplimiento de esta orden, se inicia la Operación Independencia.
El 21 de febrero de 1975 apareció en Londres el número 8 (volumen IX) de “Latin America”, un semanario de información política y económica latinoamericana que se caracterizaba por su alto nivel de información.
Al analizar el “operativo Tucumán”, el medio londinense sostuvo que, efectivamente, existe un “foco” guerrillero: “Tucumán está hecha a la medida para la guerrilla. Guevara había identificado las “cordilleras” de Salta y Tucumán como la potencial Sierra Maestra de Sudamérica. La provincia tiene un territorio escabroso y densamente poblado. Los trabajadores de los ingenios azucareros tiene una tradición de rebeldía y hay en la población un amargo resentimiento por el trato que Tucumán recibe de Buenos Aires. La guerrilla tiene esperanzas de que la reconocida tradición peronista de la provincia no le impedirá ganar apoyo masivo, principalmente a expensas de los montoneros […] El ERP, “además está considerada como la que dispone de guerrillas rurales mejor financiadas y armadas y con mejores estrategas en casi toda Latinoamérica. Los secuestros le han proporcionado millones de dólares, incluidos los 14 millones obtenidos de Exxon el año pasado.”
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