El poder político tras las usurpaciones que usan a pueblos originarios como pantalla preocupa a los productores
Domingo 23 de Abril de 2023, 06:28
PRECARIEDAD. Así viven las familias a las que los verdaderos usurpadores mandan a ocupar terrenos privados para luego usarlos como excusa en sus avances sobre la propiedad de terceros.El campo, que es explotado hace ya más de 200 años, era de propiedad de la familia Riarte. En los 50, la estancia fue comprada por Jorge Prat Gay, padre del economista y dirigente político Alfonso Prat Gay. Luego fue adquirida por un grupo de empresarios tucumanos y salteños, antes de 2010 y a partir de allí comenzaron los problemas.
El jueves, el agricultor Jorge Posse, uno de los titulares del campo, denunció haber sido víctima de todo tipo de ataques: robos, daños, amenazas, usurpaciones y hasta tentativa de homicidio. “Lo más grave de todo esto es que con esta situación no podemos producir. Estamos afectando a toda la comunidad de la zona, porque no sobran las fuentes de trabajo”, explicó.
Posse apuntó a Omar López, intendente de la localidad salteña de El Jardín, que limita con el campo, acusándolo de usurpar parte de su propiedad para instalar un establecimiento ganadero propio y, en tiempos electorales, regalar parcelas a terceros. “Lo más grave es que utiliza los recursos humanos y las maquinarias del Estado para hacer todo esto”, aseguró.
El funcionario salteño sostuvo una versión totalmente diferente. “Esas son tierras que pertenecen al pueblo originario Indio Colalao. Son ellos los usurpadores. Tenemos los papeles para demostrar que no estamos equivocados”, aseguró quien además se define como miembro de esa comunidad.
“Es cierto que los móviles de nuestro municipio ingresan a esas tierras, pero lo hacemos porque no podemos olvidarnos de los integrantes de nuestras comunidades. Los tucumanos no hacen nada por ellos”, afirmó el intendente.
El caso de la Estancia Riarte puso en guardia a los asociaciones que representan a los productores tucumanos que, hace tiempo, se movilizan por este tipo de problemas. En el discurso de apertura de la Expo Apronor (Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte), el presidente de la entidad, Luis Gonzalo Blasco se refirió al cuadro de situación. “Hace tiempo sospechamos que el dinero de la política está por detrás de llamativas operaciones inmobiliarias y últimamente se sucedieron usurpaciones en diferentes lugares de la región”, señaló.
Roberto Palomo, vicepresidente de Apronor, recordó que hace sólo unos días, un grupo de por lo menos 80 productores, lograron desalojar a una familia que había usurpado una finca en el norte de la provincia.
“En este caso tenemos en claro que hay gente con mucho más poder detrás de esta situación. Hacen tareas de inteligencia y tienen el aporte económico para hacerlo. Estamos ante un Estado que no está haciendo respetar la propiedad privada. Esa es la base de nuestra Constitución y de la Nación”, demandó.
El presidente de la Sociedad Rural de Tucumán, Sebastián Murga, pese a no conocer en profundidad los detalles de este caso en particular, no ocultó su preocupación por las situaciones de estas características que se registran en las zonas rurales.
“Hay productores y agricultores con serios problemas, no en un lugar determinado de la provincia, sino en diferentes sitios, como ocurre con la Estancia Riarte. Por ese motivo se realizaron varias jornadas de capacitación y reflexión de esta problemática”, explicó. Murga dijo que en la provincia no se vivieron casos graves como los que se registran en la Patagonia, pero sí hubo hechos violentos que generan preocupación. “Hemos recibido informes de nuestros asociados; me refiero a todo tipo de productores, que denuncian y denuncian, pero no encuentran respuestas. Pareciera que la Justicia no se anima a intervenir en estos casos”, finalizó el ruralista.
El caso de la Estancia Riarte se está ventilando en el fuero penal. El titular de la Unidad Fiscal de Delitos Complejos del régimen conclusional, Mariano Fernández, confirmó que decidieron unificar unas 30 causas de denuncias realizadas por los propietarios del campo. “Uno de los motivos por los que dimos este paso es para evitar que se prescribieran algunas de ellas. Todas están siendo atendidas y tramitadas”, explicó el investigador.
Una de ellas, por robo y tentativa de homicidio en contra de uno de los dueños del campo, posiblemente vaya a juicio en diciembre, 11 años después de que se registrara el hecho. Uno de los imputados es el intendente López.
“Estamos esperando la realización de este debate para que quede en claro que es una mentira más de las tantas que se denunciaron”, indicó Carlos Garmendia, defensor de los integrantes del pueblo originario.
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