La Corte bonaerense y legisladores investigarán a los camaristas que liberaron a "Chocolate" y sus tarjetas
Miércoles 27 de Septiembre de 2023, 07:55
Los camaristas Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides serán investigados por las tarjetas de la corrupción bonaerenses.El fiscal recibió este martes la denuncia completa que realizaron los legisladores Ricardo López Murphy, Alejandro Iguacel y María Eugenia Talerico y ya tomó la primera medida para avanzar con la investigación en esta nueva causa.
Lo primero que hizo Mennucci fue pedir una copia de la causa que lleva adelante la UFI N° 2 de La Plata, que investiga el entramado de corrupción de las tarjeta de débito que tenía Rigau al momento de su detención.
Fuentes judiciales confirmaron a TN que en esta investigación no se podrán investigar los presuntos delitos que habría cometido el funcionario de la Legislatura bonaerense, pero sí puede abrirse una nueva línea de investigación que involucre a otras personas y no estén investigadas en esa primera causa.
“Las primeras medidas tienen que ver con determinar qué se puede investigar”, aseguraron desde La Plata.
Lo que el fiscal no puede hacer es investigar sobre lo que ya se está investigando porque la causa se declararía nula. Lo que sí puede hacer es iniciar una investigación nueva sobre personas que estén vinculadas indirectamente a la causa y no sean investigadas por la UFI N°2.
En paralelo, desde los tribunales platenses aclararon que el pedido que hicieron López Murphy, Iguacel y Talerico para iniciar un jury contra los jueces que liberaron a Rigau no es “ámbito de incumbencia” de la UFI N°6 de La Plata.
Ese aspecto ya quedó en manos de la Suprema Corte de Justicia bonaerense. La denuncia fue remitida desde la Procuración hacia la oficina de Control Disciplinario del más alto tribunal de la Provincia, donde podrían iniciar un sumario para evaluar el contenido del dictamen de los jueces Juan Alberto Benavides y Alejandro Villordo.
Con respecto a la legalidad del fallo de Benavides y Villordo, integrantes de la Sala II de la Cámara de Apelaciones de La Plata, Mennucci deberá esperar a la resolución que expida el Tribunal de Casación.
Lo que el tribunal deberá resolver es si existe un delito detrás de la resolución de los magistrados, quienes argumentaron que la causa debía ser cerrada porque el punto de investigación era nulo, ya que, según señalaron, no había motivos para detener a Rigau.
Si bien desde la fiscalía consideran que la causa estuvo mal cerrada y se pliegan a los argumentos que dio el juez Federico Mateos, el único de los tres magistrados que votó en contra, el Tribunal de Casación debe encontrar algún cuestionamiento legal para que se investigue la resolución.
“Una mera opinión sin condicionamientos no se puede investigar”, explicaron a TN. Sí puede ser investigada en caso de que haya un condicionamiento a la hora de emitir el dictamen o si hubo fallas a la hora de cumplir todas las normas de procedimiento.
De esta manera, la causa llegó a la UFI N°6 de La Plata como una denuncia y el fiscal deberá determinar en los próximos días qué es lo que puede investigar que todavía no se está investigando. “No se pueden revolear acusaciones para todos lados”, aclararon.
Una de las líneas de investigación posible, probablemente la más concreta, es avanzar con personas que estén vinculadas indirectamente a la causa que tiene la UFI N° 2 y que no sean investigadas por esa fiscalía. /TN
Los camaristas serán investigados por legisladores
Julio “Chocolate” Rigau cayó infraganti el sábado 9 de septiembre con 48 tarjetas de débito de empleados de la Legislatura bonaerense, sacando dinero del cajero automático más céntrico de La Plata, y con $1,2 millones en una bolsa negra. Estuvo 11 días preso.
El juez de Garantías Federico Atencio y la fiscal Betina Lacki avanzaron en la investigación. Ya habían declarado 15 de los 48 titulares de los plásticos, pero el jueves último, en medio de un silencio cómplice de todo el arco político, incluido los “anticastas”, dos jueces de la Cámara de Apelaciones anularon toda la causa. Fue porque al momento de la detención, la Policía olvidó recitarle al puntero del PJ sus “garantías procesales”.
Con la investigación central herida de muerte, ahora los satélites que orbitan alrededor del escándalo empezaron a moverse. El diputado nacional Ricardo López Murphy (JxC), el intendente de Capitán Sarmiento, Javier Iguacel (PRO) y María Eugenia Talerico, candidata a senadora nacional en la lista de Patricia Bullrich, denunciaron por mal desempeño a los camaristas Alejandro Villordo y Juan Alberto Benavides. El otro integrante de la Cámara, Fernando Mateos, había votado en disidencia, para que la causa avanzara.
La Procuración, a cargo de Julio Conte Grand, ya envió la denuncia a la Suprema Corte de Justicia, más precisamente a la oficina de Control Disciplinario- y en la justicia penal -ordinaria- el fiscal Juan Menucci inició la investigación por el desempeño de los camaristas.
Ahora, la Secretaría de Enjuiciamiento de Magistrados de la provincia de Buenos Aires, a cargo de Ulises Giménez, recibió este martes un pedido de jury contra de los camaristas. “Vamos a notificar a la Corte y llamaremos para dentro de una semana, diez días, a los denunciantes para que ratifiquen en persona la presentación”, le dijeron a este medio fuentes de ese organismo de control de los funcionarios judiciales.
La Secretaría funciona en el Senado, caja de resonancia del escándalo Rigau. Cada jurado está compuesto por el presidente de la Suprema Corte y diez conjueces, cinco legisladores abogados (senadores y diputados) y cinco abogados de la matrícula por sorteo público.
Esto quiere decir que los propios legisladores analizarán el comportamiento de los dos jueces que impidieron que avance la inédita investigación sobre la caja millonaria de la Legislatura.
El jueves último la Cámara de Apelaciones de La Plata dictó en tiempo récord la anulación de la causa en una sentencia tan escandalosa como el silencio del oficialismo y la oposición. Recién este martes, un comunicado del bloque de legisladores de la Libertad Avanza pidió una investigación a fondo. Además, la fundación Poder Ciudadano pidió ser querellante en la causa original.
El escándalo había sido revelado por la periodista Josefina López Mackenzie en el programa Somos Buenos, de TN, el 12 de septiembre.
Los dirigentes de Juntos por el Cambio que presentaron la denuncia contra los camaristas tildan de “aberrante” el argumento de que la policía no podía detener al sospechoso. También advierten que la anulación de la causa “pone al descubierto un posible contubernio con la política”.
La sospecha es que Rigau sería un eslabón más de una cadena que conduce a una “caja negra” de la política, con el reparto de contratos a prestanombres que como contraprestación reciben obra social y los aportes para poder acceder a una jubilación en el futuro.
Toda la trama es escandalosa: el abogado defensor de Rigau, Alfredo Gastón Cotti, de un estudio de elevados honorarios, en vez de apelar ante Atencio recurrió directamente a la Cámara con un hábeas corpus.
El manto de sospecha cubre a toda la Legislatura, pero sobre todo a los supuestos operadores detrás de Rigau y de una maniobra subterránea en la justicia para voltear la causa.
Rigau es electricista, figura como empleado en la Cámara de Diputados bonaerense y tiene vínculo con Fabián Albini, concejal massista que busca la reelección. Más arriba aparecen los nombres de dos espadas de Sergio Massa, Raúl “El Cabezón” Pérez y Rubén Eslaiman. Por el maratónico ascenso del camarista Benavides apuntan a Axel Kicillof y Julio Alak.
La Secretaría Permanente del Jurado de Enjuiciamiento fue creada por la ley 13661 después de la Reforma Constitucional de 1994. Tiene la potestad de aplicar cesantías, suspensiones o relevos de los funcionarios judiciales. Ahora los camaristas Villordo y Benavides serán investigados en paralelo por la justicia ordinaria -penal- y por el Jurado de Enjuiciamiento, donde se enfrentan a un jury.
Sin embargo, según pudo saber TN “lo más probable es que se agote la instancia penal y después resuelva la Magistratura”, confió una fuente judicial.
El fiscal de La Plata Héctor Vogliolo ya hizo reserva para apelar la decisión de la Cámara de Apelaciones y tiene un plazo de 20 días a partir de la notificación del fallo de la Cámara. Entonces, se sorteará la sala de Casación que intervendrá en el caso. El juez Atencio y la fiscal Lacki pretenden abrir el celular de “Chocolate” Rigau y prometen llegar hasta las últimas consecuencias si los dejan.
“No sé por qué López Murphy no se presentó en el juzgado de Atencio. Ahora el fiscal Menucci se mete en la investigación. Embarran la cancha”, le dijo a TN un pateador de los pasillos judiciales de La Plata que cree que la causa debe seguir en manos del juez de Garantías y Lacki.
¿Pura coincidencia?: hace días que estalló el escándalo y la denuncia se presentó el lunes último cuando estaba de turno el fiscal Juan Menucci, familiar de un linaje histórico de radicales platenses encabezado por Luis Menucci. El “Colo”, como le dicen, es contemporáneo al López Murphy que militaba en la Franja Morada de la Facultad de Ciencias Económicas de La Plata. Al parecer, por el caso “Chocolate”, nadie se pone colorado. /TN
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