Denuncia penal: irregularidades en compra de medicamentos por parte del ex Ministerio de Desarrollo Social

Jueves 08 de Febrero de 2024, 14:05

Preocupación por la entrega de medicamentos



El equipo de la Subsecretaría Legal del Ministerio de Capital Humano encontró que 2300 pedidos de pacientes no han sido atendidos desde la gestión anterior, según una investigación interna sobre cómo la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (Dadse) seleccionaba y compraba proveedores. Y las compras se realizaban a través de una cadena de correos electrónicos sin verificar cuentas de gmail o hotmail. Se referían a laboratorios o droguerías por algunos nombres.

"Muy confuso". En la excartera de Desarrollo Social se mencionaba en estos días la existencia en los últimos años de una oficina encargada de proporcionar medicamentos, prótesis y otros recursos médicos a personas sin cobertura y en situación de alta vulnerabilidad social. Un proyecto de resolución interna que había sido filtrado hace unos días alertó a pacientes y asociaciones que los nuclean.

El Estado pagaba sumas de cientos de millones de pesos, con valoraciones en dólares, a través de un sistema exprés protegido por la urgencia. Para asistir en casos de emergencia, no era más ágil que la compra directa regular debido a las demoras detectadas.

Desde diciembre pasado, se han investigado "irregularidades graves" en la contratación y el pago a los proveedores. No se puede determinar a quién se estaba pagando o si el precio informado por correos electrónicos sin identificación clara correspondía a valores reales o si había sobreprecios, entre las faltas por las que se abrieron sumarios administrativos, debido a los datos recopilados en las oficinas de Bernardo de Irigoyen 272.

El área legal de Capital Humano presentó una denuncia penal por defraudación contra la administración pública, abuso de autoridad y violación e incumplimiento de los deberes de funcionario público a partir de estos resultados y los informes de auditoría interna de 2019 y 2022. Esta denuncia abarca desde 2016, cuando se implementó un procedimiento de compra exprés por urgencia para reemplazar un sistema de compras de facto, hasta el 10 de diciembre de 2023. El Juzgado en lo Criminal y Correccional Federal N° 11 fue responsable de esa presentación.

En simultáneo, se está llevando a cabo el proceso de restitución de la Dadse al Ministerio de Salud de la Nación, una demanda también expresada por las organizaciones de pacientes. Ante la consulta, dijeron oficialmente que “es cuestión de días”. Además, se espera la designación de un funcionario responsable.

Hay inquietud sobre la posible interrupción de la atención médica o la dispensación de medicamentos a los pacientes que no pueden obtenerlos de otra manera, según las asociaciones de pacientes dentro de la red Unidos por el Cáncer. El temor surge de versiones cruzadas después de que se filtrara el texto de un proyecto de resolución que suspendía el proceso de compra exprés y ordenaba al personal de la Dadse a seguir comprando los remedios de acuerdo con las reglas del resto del Estado.

El asesor letrado de Movimiento Ayuda Cáncer de Mama (Macma), Federico Ferrari, informó que a los pacientes que intentan presentar su solicitud en la sede de Rivadavia al 800, se les toma la documentación pero se les informa que no pueden brindar el medicamento debido a la falta de financiamiento. Desde la semana pasada, la presidenta de la Asociación Civil Sostén y coordinadora de Unidos por el Cáncer, María Alejandra Iglesias, informó que están recibiendo llamados de pacientes debido a la falta de atención médica. El miércoles, la representación gremial de Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) en Capital Humano anunció la reapertura de la Dadse. El gremio también denunció la falta de atención por parte de la dependencia.

Iglesias también mencionó que los pacientes están consultando desde hace al menos un mes porque no estaban avanzando sus trámites para obtener medicamentos. El Ministerio de Salud debería incluir esas medicinas en su lista del banco nacional de drogas, que complementa (en la provisión) a los bancos provinciales. Continuó diciendo que las compras de Dadse son más costosas porque las realiza de manera individual para cada paciente. No se puede detener la entrega a pacientes adultos y pediátricos mientras auditan e investigan posibles soluciones. Cuando el banco de drogas de su provincia y el banco nacional rechazan su pedido, las personas acuden a Dadse. Ahí es cuando solicitan la provisión a lo que antes era Desarrollo Social.

El banco nacional de drogas oncológicas, que depende del Ministerio de Salud, rechazó 15.458 solicitudes de pacientes sin recursos o con cobertura pública entre 2020 y 2022.

Según fuentes oficiales, la Dadse no cuenta con los recursos necesarios para atender las solicitudes debido a la prolongación del presupuesto nacional. El Ministerio de Capital Humano aclaró que los ingresos de pedidos no se han detenido y que los subsidios para medicamentos y otros insumos médicos siguen siendo otorgados con un procedimiento claro de compra.

La resolución que finalmente se publicó con la firma de Pablo de la Torre, secretario nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, estableció que "para los pacientes, nada cambia". El exministerio liderado por Victoria Tolosa Paz se concentró en esa zona.

El año pasado, la Dadse administró un presupuesto de poco más de $37.000 millones, que se prorrogó en un crédito de $ 37.985.218.890 para 2024. Los expedientes incluyen solicitudes de medicamentos para el cáncer y otras afecciones que requieren productos de alto costo, como los que se consideran poco frecuentes. Hay muchas solicitudes de productos para cirugía, como prótesis.

De acuerdo con la denuncia presentada, el proceso de compra utilizado en 2016 para corregir las anomalías en la adquisición de insumos hasta ese momento terminó en un sistema que comenzaba con el envío de correos electrónicos a una lista de contactos desde urgentedadse@desarrollosocial.gob.ar.

La denuncia indica que la selección de proveedores de la Dadse para la adquisición de medicamentos por miles de millones de pesos por parte del Estado argentino se realiza mediante correos electrónicos simples y comunes, no encriptados, sin sobre cerrado ni seguridad, a una cadena de usuarios que no se actualiza periódicamente ni se certifica su titularidad. Después de recibir estos correos electrónicos, algunos supuestos proveedores envían presupuestos informales sin firma ni requisitos estrictos, y la administración, siguiendo la disposición establecida en 2016, elige antojadizamente al proveedor para comprar los costosos medicamentos (sin presentar un cuadro comparativo como exige la norma).

La Unidad de Auditoría Interna advirtió en 2019 y 2022 que ese procedimiento no cumplía con las normas de compra para el gobierno nacional. Se utilizaban presupuestos informales para elegir medicamentos costosos y el procedimiento no era tan rápido porque tardaba dos o tres semanas en que un paciente pudiera recibir el medicamento o la sustancia que necesitaba.

Los funcionarios que tuvieron acceso a esas auditorías, quienes permanecieron en reserva de nombres, explicaron que esto se podría haber hecho mediante contratación directa por urgencia, de manera transparente, a través del sistema oficial ComprAR. A pesar de los rumores de desvíos, la administración de Alberto Fernández continuó con un proceso que no era seguro, rápido ni transparente.

Se estaban comprando medicamentos por cientos de millones de pesos a precios en dólares para pacientes con diversos tipos de cáncer, lupus, sífilis, hipertensión pulmonar, hemofilia y hemoglobinuria paroxística nocturna, entre otros problemas médicos, en circunstancias similares. Sin embargo, los médicos que participaron en el relevamiento indicaron que la mayoría de los casos eran oncológicos y relacionados con enfermedades graves de la sangre o genéticas.

En seis expedientes se abonaron $632 millones sin precios de referencia entre los montos que se siguen auditando. "Había 2300 casos en los que las compras no se habían realizado. No estamos seguros de cuándo y cómo se enviaron los pedidos de esos pacientes o cómo se enviaron, ni si los precios que se pagaban a los mismos proveedores siempre eran correctos. Los registros están informatizados, pero las compras se hacían a través de direcciones de correo, en algunos casos que tenían seis años de constituidas pero no estaban validadas”, concluyeron. /LaNación