Tras el éxito del operativo en Alpa Puyo quieren crear la figura del agente encubierto para la Policía tucumana

El caso abrió un debate porque los defensores de los acusados sostienen que la utilización de esa figura no está legislada en Tucumán, por lo que impugnaron la decisión del juez Guido Buldurini, de ordenar la prisión preventiva para César Fernández Fazio (30) y Mariano Valdez (31).

A raiz de esto surgieron en principio dos proyectos de legisladores que proponen incorporar a la legislación provincial una norma que crea las figuras de agente revelador, agente encubierto y del informante.

“Será considerado agente revelador todo aquel agente de las fuerzas policiales designado con el fin de simular interés y/o ejecutar el transporte, compra o consumo, para sí o para terceros de dinero, bienes, personas, servicios, armas, estupefacientes o sustancias psicotrápicas, o participar de cualquier otra actividad de un grupo criminal, con la finalidad de identificar a las personas implicadas en un delito, detenerlas, incautar los bienes, liberar a las víctimas o de recolectar material probatorio que sirva para el esclarecimiento de los hechos ilícitos”, se lee en el proyecto elevado por los legisladores Carolina Vargas Aignasse y Walter Berarducci.

El artículo que crea esta figura en particular, también dice que el agente revelador no cumplirá esa tarea por un tiempo prolongado, ya que su misión se limitará a reunir pruebas claras contra los delincuentes.

La misma iniciativa propone dar forma a la figura del agente encubierto, una función que implica mucho más riesgos para el uniformado que se haga cargo de ese rol.

Además esta sí sería una misión sostenida en el tiempo para llegar a desenmascarar a los líderes de las organizaciones criminales.

“Será considerado agente encubierto todo aquel funcionario de las fuerzas policiales autorizado, altamente calificado, que prestando su consentimiento y ocultando su identidad, se infiltre o introduzca en las organizaciones criminales o asociaciones delictivas, ya sea de manera personal o digital mediante tecnologías de la información y comunicación, con el fin de identificar o detener a los autores, partícipes o encubridores, de impedir la consumación de un delito, o para reunir información y elementos de prueba necesarios para la investigación, con autorización judicial”, establece el proyecto.

Las identidades de los policías afectados a estas tareas serán reservadas y, en caso de que sean imputados por un delito en el marco del cumplimiento de su función, el fiscal que lo hiciera deberá ser informado de su rol y “la cuestión se resolverá sin revelar la identidad del imputado”.

Además, en caso de ser convocados a declarar, su testimonio “no constituirá prueba dirimente para la condena del acusado, y deberá valorarse con especial cautela por el juez”.

En otro proyecto similar, los legisladores Gerónimo Vargas Aignasse, Gabriel Yedlin y Christian Rodríguez proponen crear y delimitar las funciones de las figuras, pero también suman la del investigador antinarcóticos.

“La idea es complementar las técnicas especiales que estaban faltando en el código procesal de la Provincia, entendiendo que son figuras probadas a nivel nacional y que, a medida que el delito se va complejizando, se vuelven necesarias para que la Policía y la Justicia puedan contar con herramientas más sofisticadas para poder abordar este tipo de investigaciones ”, sugirió Carolina Vargas Aignasse.

Gerónimo Vargas Aignasse consideró que “es un recurso investigativo de vanguardia que se utiliza en todo el mundo en casos de delitos complejos como el narcotráfico o la trata de personas. Poder usar esto en la provincia será muy significativo para la ley de Narcomenudeo, porque se tomará una participación más activa en la lucha contra ese delito. Queremos que no quede ni un solo ‘quiosco’ de drogas en la provincia”.