Cambios sobre la hora: Tucumán adhirió al RIGI pero mantuvo la prohibición de la megaminería

Viernes 27 de Septiembre de 2024, 09:22

APROBADO. Tucumán adhirió al RIGI con cambios de último momento al proyecto remitido por el Poder Ejecutivo.



La sesión legislativa en la que se trató adhesión de Tucumán al régimen de incentivo para grandes inversiones (RIGI) se caracterizó por las desprolijidades, sorpresas, confusiones, y sobre todo las modificaciones que se le imprimieron en su paso por  Cámara.

Aún cuando el proyecto fue remitido hace ya un mes por el gobierno y que la comisión de Hacienda y Presupuesto le dio dictamen favorable hace dos semanas, en el recinto se definieron cambios que terminaron descolocando a la misma oposición.

Hasta tuvieron que pedir un cuarto intermedio para aclarar el panorama y poder cerrar un acuerdo arribar a un consenso que finalmente decantó en una adhesión que sumó incentivos locales y desestimó la derogación de la ley que prohíbe la minería metalífera.

El presidente de la comisión que abrió el camino del proyecto en la Legislatura, Carlos Gallia, dijo que el programa permitirá aumentar el desarrollo económico y la competitividad con incentivos fiscales, aduaneros y cambiarios por 30 años.

El ex intendente de Lules agregó que confían en que la norma ofrecerá condiciones necesarias para lograr que lleguen a la provincia inversiones superiores a U$S 200 millones orientadas a la forestoindustria, el turismo, la minería, infraestructura, tecnología, siderurgia, energía, petróleo y gas, siempre que atiendan los requisitos.

Gallia remarcó que se atendieron los pedidos de sectores ecologistas y de comunidades originarias, que impulsaron la eliminación del artículo que determinaba la derogación de la Ley 7.879, que prohíbe la minería metalífera.

En su lugar se dejó abierta la posibilidad de la exploración minera.

Otro cambio incluido para atraer capitales consistía en no aplicar tasas o tributos provinciales por 30 años, lo que desató duras críticas de la oposición.


Al respecto el legislador Claudio Viña sostuvo que “nos parece excesivo e inconsulto. Si bien uno intenta seducir inversiones, tampoco creo que sea el modo regalando”.

El parlamentario demandó mayor autonomía para la comisión sobre lo que disponga el Ministerio de Economía y Producción, a la vez que resaltó que se dejar vigente la ley 7.879, porque a su juicio “la minería no ha salvado a ninguna provincia o región, sí a sus inversores”.

Tras escuchar los cuestionamientos de algunos sectores, Gallia se mostró dispuesto a buscar equilibrio, en tanto que el presidente de la bancada oficialista, Roque Tobías Álvarez, afirmó que los 30 años son “una exorbitancia”.

El peronista pidió un cuarto intermedio para tratar con los presidentes de bloque y con la presencia del vicegobernador Miguel Acevedo un punto medio y tras discutirlo, se definió que la exención sea sólo por ocho años, con la posibilidad de una prorroga por el mismo lapso, aunque cumpliendo determinadas condiciones.

En cuanto a lo referido a lo vinculado a lo minero, hubo cuestionamientos reiterados de que la iniciativa por el RIGI no haya contado con tratamiento en la comisión de Medio Ambiente. Hubo celebración generalizada de los parlamentarios por el sostenimiento de la Ley 7.879, que prohíbe la minería metalífera y el uso de mercurio y de cianuro. Incluso el oficialista Hugo Ledesma opinó que era redundante sumarlo al proyecto en debate, dado que ya existe un ordenamiento jurídico nacional en esa materia. 

También hubo voces a favor del desarrollo minero dado que -según argumentaron- la provincia debe traer capitales y hay procesos de muy bajo impacto en cuanto contaminación. Este artículo se aprobó por mayoría, con la abstención de Elías de Pérez, Seleme, Cano y Agustín Romano Norri.