Millonaria caja política: concesionarios de autos contratan a la mitad de los empleados del Ministerio de Justicia

Lunes 27 de Mayo de 2024, 08:08

"La vamos a desmantelar", dijo el ministro Cúneo Libarona sobre la insólita caja política de ACARA.



En la Argentina, el debate sobre los contratos con los que se mantiene la militancia política y la indignación por las discrecionales regresan de vez en cuando, generalmente cuando un diputado o senador cruza el límite de la sensibilidad social y nombra a familiares o amigos y no selecciona por idoneidad para el cargo. mejor. Lo mismo ocurre con los aumentos de funcionarios y también con las compras sin filtros ni controles en la Administración Pública Nacional.

Fuera de todos esos escándalos que destacan en los medios, el caso de Los oscuros negocios que han estado ocurriendo durante más de tres décadas.al amparo de las leyes 23.283 y 23.412, en el “entidades de cooperación técnica y financiera«que fueron creadas con el objetivo de solucionar problemas con los trámites que las personas debían realizar ante los registros de automóviles, pero que terminaron patrocinando un fondo fenomenal y millonario para la política.

El mayor volumen es el que surgió del acuerdo que durante la administración de Raúl Alfonsín firmó el entonces Ministerio de Justicia con la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA). Tanto es así que hoy apoya el funcionamiento del ministerio que dirige Mariano Cúneo Libaronaque seis meses después de asumir el cargo afirma querer desmantelarlo.

No será fácil para ti. No sólo porque el Ministerio de Justicia Funciona hoy gracias a esos fondos gestionados por un privado: mas de la mitad de los agentes que reportan en la zona son contratados por la Entidad Cooperante Acara y otros convenios, cuyos fondos son administrados por el organismo que agrupa a concesionarios de todo el país y provienen del bolsillo de todos los argentinos cuando enfrentan el proceso de la compra y venta de un vehículo.

Además de los gastos de personal, ACARA paga gastos de viaje, servicios de consultoría, alquiler, compra de bienes de consumo, enfrenta gastos bancarios y otros gastos de capital por millones. Todo sin control ni responsabilidad más allá del accionar de una comisión supervisora ??que depende del Ejecutivo.

«Es un agujero negro, nadie sabe exactamente en qué se gasta», explica una fuente conocedora del funcionamiento de la entidad, que también contrata con cooperativas para prestar servicios, universidades para impartir cursos y productores para seguros. .

«Sin ACARA hoy el Ministerio no existe, no podría funcionar, pero lo vamos a desmantelar«, dicen cerca de Cúneo Libarona. De un total de 6.107 empleados, sólo 2.100 pertenecen a la planta del Sistema Público Nacional de Empleo. El resto se agrupa de la siguiente manera: 2.483 agentes (en marzo eran 3.042) bajo el régimen de ACARA y un poco más de mil a través de convenios con otras entidades.

Otro aspecto controvertido para ACARA es también la bonificaciones. Cuando Milei asumió, 113 agentes del Ministerio de Justicia de la administración anterior recibieron un bono en forma de “incentivos”, por un total de $71.933.344,52. Es decir, fondos que se utilizan discrecionalmente para ampliar los ingresos de los empleados que ya obtienen un contrato en el sector público.

En enero, ya durante la actual administración, la nómina de los afortunados se redujo a 69 empleados, para un total de $32.544.168. Pero, en marzo, la cifra se mantuvo estable: $59.402.600 distribuidos entre 70 agentes. La Coalición Cívica, a iniciativa de la diputada Victoria Borrego, presentó un proyecto para que los fondos de las entidades cooperantes sean incorporados al Presupuesto y en consecuencia al control estatal, y para derogar el artículo que permite el pago de «incentivos».

Si el debate sobre la propiedad de las 1.558 oficinas de registro de automóviles expuso el negocio de la política, la cobro millonario de la Entidad Explica en gran medida por qué el sistema se profundizó durante el gobierno de Carlos Menem, Fernando de la Rúa y los Kirchner, y Mauricio Macri tampoco logró desactivarlo.

¿¿De dónde vienen los fondos?? Al final del camino, de lo que se recoge cada venta de autos. Desde que Milei asumió el cargo, el 10 de diciembre de 2023, hasta febrero de 2024, los ingresos de la Entidad Representaron cerca de 14.000 millones de pesos. La cifra exacta surge de una solicitud de acceso a información pública a la que accedió Clarín: Fueron 13.546.185.209,37 pesos. Ellos estiman que La cifra superará ampliamente los 140 millones de dólares en el año, teniendo en cuenta que la Entidad se embolsó $52.179.397.106,17 en los dos años anteriores, entre diciembre de 2021 y noviembre de 2023.

Él El sistema es un verdadero monopolio.: La entidad vende a los registros de todo el país los formularios, cédulas de identificación, sellos, expedición de placas, carpetas, hojas, placas y adhesivos que se venden en los registros al precio que fija el Ministerio de Justicia. Eso es sólo en lo que respecta al convenio con la Nación: por ley, ACARA también pudo adelantar convenios con provincias y municipios para la administración de bases de datos de infracciones, la interconexión en línea y la recopilación de registros automotores.

ACARA, que agrupa a los concesionarios oficiales que deciden adherirse (no es obligatorio), se lleva un recorte importante: Como administración recibe el 5 por ciento de todo lo que recauda.. Mucho menos de lo que permite la ley (10%), pero un poco más del 3,5% que se había fijado la gestión de Germán Garavano.

La cifra explica por qué la organización asume tal riesgo al contratar miles de agentes, cuando sólo cuenta con unos 60 empleados para cubrir su negocio.

Un amplio pedido de informes sobre la gestión de ACARA, al que la Justicia respondió tras una propuesta de la Coalición Cívica, reveló que en el momento en que Javier Milei asumió la Presidencia, 3.080 empleados del Ministerio de Justicia trabajaron bajo contrato con ACARA. Se trata de una media estable: dos años antes, eran 3.281.

Pero, según Ricardo Salomé, expresidente de ACARA, quien hoy libra una intensa batalla por el poder de la entidad con su actual titular Sebastián Beato, la La entidad contaba con «4.800 empleados» que trabajaban exclusivamente en el Ministerio de Justicia.

Durante el gobierno de Macri, una solicitud de acceso a información realizada por Clarín Reveló que en julio de 2018 había 3.816 personas asignadas a pedido del Gobierno.

Es curioso porque hasta Oficina Anticorrupciónla organización que debe velar por el fortalecimiento de la ética y la integridad en la gestión, debe su funcionamiento en gran medida a ACARA: decenas de empleados son contratados a través de la entidad.

Más allá de la polémica porque los trabajadores afiliados al sector privado trabajan en el Estado, esto puede generar un doble daño a las arcas públicas: según fuentes oficiales inobjetables, se han dado casos de personal despedido que tuvo que ser indemnizado por ACARA y también por el Estado,  /Es de Latino