Diputados kirchneristas y radicales modificaron la fórmula jubilatoria, pero Milei anulará el cambio: "defenderé la caja a puro veto"

Miércoles 05 de Junio de 2024, 07:29

La votación de la nueva fórmula de movilidad jubilatoria fue aprobada por 160 votos afirmativos mientras que obtuvo 72 negativos y 8 abstenciones.



Luego de trabajosas negociaciones en el recinto de la Cámara de Diputados, kirchneristas y radicales aprobaron esta madrugada un proyecto para instrumentar una nueva fórmula de movilidad jubilatoria distinta a la que impuso el presidente Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 274/2024 que dictó en marzo pasado. 

La iniciativa, que se giró al Senado, también incluye una recomposición de ocho puntos de los haberes jubilatorios por el pico inflacionario que se registró en enero pasado, que trepó al 20,6%; el Gobierno solo reconoció el 12,5% en aquel DNU.

Tras la aprobación en Diputados de una nueva fórmula jubilatoria que reemplace el DNU 274/2024 de Javier Milei, el Presidente ratificó su intención de dejar sin efecto ese cambio. Lo hizo en las redes sociales, donde remarcó: “Defenderé la caja a puro veto”.

El mandatario publicó un mensaje en X minutos después de que la iniciativa se aprobara con 160 votos afirmativos (de UCR, Hacemos Coalición Federal, Innovación Federal y la Coalición Cívica); 72 negativos (LLA y el PRO) y 8 abstenciones.

“Les dejo este tweet para que le quede claro a todo el mundo: no voy a entregar el equilibrio fiscal de ningún modo”, advirtió Milei.

Milei cuestionó a la oposición, que aportó los votos para darle media sanción a la iniciativa y girarla al Senado, al recordar que "a puro déficit fiscal empobrecieron al país".

"De ningún modo voy a permitir que se repita. VLLC", completó el Presidente en un posteo en el que citó a una cuenta que lo apoya, que publicó un video donde el propio Milei menciona a los "degenerados del gasto público" que "lo único que están haciendo es mandar proyecto al Congreso para romper el equilibrio fiscal" del Gobierno.

Fue en ese mismo discurso teórico que dio en el congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF) el 21 de mayo pasado donde anticipó su postura acerca de esa clase de iniciativas.

El acuerdo opositor se selló cuando el kirchnerismo deliberadamente permitió que en la votación perdiera su dictamen, que era el de mayoría y el más oneroso en términos fiscales. 

Esa primera votación arrojó 135 votos negativos frente a 99 afirmativos y 7 abstenciones. 

Acto seguido, se pasó a votar el primer dictamen de minoría, elaborado por la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal, más moderado en su impacto fiscal. La votación arrojó 162 votos positivos, 72 negativos y 8 abstenciones, en su mayoría de la izquierda.

El oficialismo y sus aliados de Pro rechazaron a la iniciativa opositora porque, a su juicio, impactará negativamente en el equilibrio fiscal que el Gobierno procura preservar. Los opositores, en cambio, retrucaron que buena parte del superávit fiscal que ostenta la gestión libertaria se alcanzó merced a la licuación que sufrieron las jubilaciones y pensiones por efecto de la inflación y exaltaron que su propuesta es “fiscalmente responsable”. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), de convertirse en ley esta iniciativa tendría un impacto fiscal del 0,43% del PBI.

Asimismo, la OPC informó que, al cierre del primer cuatrimestre, los haberes jubilatorios tuvieron una caída del 28,5% interanual en términos reales al cierre del primer cuatrimestre 2024. Las jubilaciones que superan el haber mínimo tuvieron una caída del 37%.

Este fuerte deterioro del poder adquisitivo de los ingresos de los jubilados y pensionados motivó a que la oposición dialoguista -encarnada por la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal- unieran filas con el kirchnerismo y la izquierda para consensuar una ofensiva común. Acordaron, en primer lugar, adicionar un 8% de recomposición a los haberes jubilatorios por efecto de la inflación por enero pasado. Además, diseñaron una nueva fórmula de movilidad jubilatoria que combina el índice de inflación con la variable salarial (RIPTE).

En efecto, proponen que los ingresos se actualicen mensualmente por inflación (en sintonía con el DNU presidencial) e incluyen una cláusula para que se instrumente un aumento adicional en marzo de cada año de acuerdo al índice de salarios Ripte. Si este indicador es mayor al índice de inflación, se trasladaría a las prestaciones un alza equivalente al 50% de la diferencia. Si esta variación no hubiera sido positiva, no se aplicará ajuste alguno y el cálculo al año siguiente se hará en base al último índice utilizado.

Los opositores también coincidieron en que la ley debería garantizar un piso del haber mínimo jubilatorio, el cual no debe ser menor al valor de una canasta básica de adulto mayor, que actualmente es de $250.286 mensuales. El kirchnerismo y los dialoguistas fijaron como parámetro el valor de 1,09 canasta básica.

El mayor punto de conflicto era cómo financiar, sin provocar un golpe fiscal al Tesoro, el pago de las deudas de la Nación con las provincias cuyos sistemas previsionales no fueron transferidos al Estado Nacional, como así también el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes a favor de los jubilados. La UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal proponían echar mano de los activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS), pero el kirchnerismo se opuso.

Finalmente se acordó otra salida: que estas deudas sean solventadas con la asignación específica que destinan a la ANSES algunos impuestos nacionales, como el del cheque, PAIS e IVA.

El único punto en el que el radicalismo, el Pro y los libertarios se pusieron de acuerdo fue en su intento de eliminar las asignaciones mensuales vitalicias que perciben los presidentes y vicepresidentes. Sin embargo, Hacemos Coalición Federal y Unión por la Patria impusieron su criterio en contra de dicha eliminación con 111 votos, frente a 109 legisladores a favor. Hubo 15 abstenciones.

Debate intenso

El debate del proyecto insumió largas horas de discursos cruzados entre oficialistas y opositores por la responsabilidad del deterioro que vienen sufriendo los haberes jubilatorios. Los libertarios y sus aliados de Pro se cansaron de achacarle al kirchnerismo su responsabilidad por la caída de las jubilaciones durante el gobierno de Alberto Fernández. Y aprovecharon la oportunidad para apuntar a sus exsocios radicales por trabar alianzas con el kirchnerismo.

“No nos prestamos a este show que el radicalismo junto con su nuevo socio el kirchnerismo quieren hacer en este recinto. Vengo escuchando discursos para desligarse de culpas, dicen que quieren ayudar (al Gobierno) pero lo están cagando -enfatizó Cristian Ritondo, jefe de Pro-. Hoy no recuerdan que de diciembre de 2019 a diciembre de 2023 los jubilados perdieron poder de compra un 32.4%. Son unos caraduras”

Desde la otra vereda, los opositores advirtieron que el Gobierno solo pudo alcanzar el equilibrio fiscal a costa de licuarle los ingresos a los jubilados.

“Licuar es fácil, gestionar es más difícil”, asestó el jefe del bloque radical, Rodrigo de Loredo, quien le achacó al Gobierno que no haya siquiera anunciado una reforma previsional de fondo. “Nuestra propuesta es de una sensatez y un equilibrio fiscal absoluto y total. Lo ha dicho la Oficina del Presupuesto del Congreso de la Nación, que tiene un vasto prestigio, solamente afecta un 0,4% del PBI. La propuesta del Gobierno, Naranja Fanta, se sigue ajustando a los jubilados. La propuesta original del peronismo, Disneylandia, hacer todo lo que no hicieron ellos cuando gobernaron, era más de 2 puntos del PBI. Nuestra propuesta es de razonabilidad”, dijo.

Más temprano, su colega de bloque, Gabriela Brouwer de Koning, presidenta de la Comisión de Previsión aleccionó que la búsqueda del déficit cero no debería afectar la capacidad de los sectores más vulnerables. “Hoy el 86 % de los jubilados y pensionados no logran cubrir la canasta básica. Por eso es imperativo que nos aboquemos a resolver este problema”, enfatizó.

Desde Unión por la Patria, el diputado Itai Hagman advirtió que buena parte del ajuste del gasto público que ejecuta el Gobierno es a costa de la licuación de las jubilaciones por efecto de la inflación. “Más de un tercio de todo el ajuste del gasto primario que está haciendo el Poder Ejecutivo, recae sobre las espaldas de jubilados, jubiladas y adultos mayores que cobran pensiones”, alertó.

“Si, como dice el oficialismo el objetivo de este DNU fuera defender el poder adquisitivo de las jubilaciones, este decreto lo hubiera sacado en enero. No hicieron eso. Dejaron que corran las meses de inflación más altos, que se licúen las jubilaciones, y recién ahí, cuando la jubilación estaba en nivel más bajo en la historia argentina, deciden pagar”, asestó.

En la misma línea, desde Hacemos Coalición Federal, Alejandra Torres alertó que el deterioro de los haberes jubilatorios “representa el 40% del famoso superávit y reducción de gasto que alardea el oficialismo”, mientras que el mendocino Lisandro Nieri, de la UCR, enfatizó que, contrario a lo que denuncia el oficialismo, este proyecto es “factible, razonable y responsable”.

Desde la Coalición Cívica, Paula Oliveto refutó las críticas oficialistas. “Hay que ser cínicos para decir “de dónde vamos a sacar la plata” cuando no votaron que pague impuestos el señor del tabaco y no quieren que pague impuestos el que nos hace pagar los teléfonos caros, que es el primo de Caputo”, asestó.

Los libertarios, al igual que Pro, rechazarán este dictamen, lo que augura que estará a tiro de veto presidencial si el Senado lo convierte en ley.

Desde Pro, María Eugenia Vidal focalizó su embestida contra el kirchnerismo. “Estamos discutiendo jubilaciones de miseria porque durante los últimos años metieron 4 millones de personas en el sistema previsional sin aportes, porque usaron el FGS para colocar deuda pública, porque estas cámaras votaron más de 200 regímenes de excepción, las dos jubilaciones de privilegio que cobra la ex vicepresidenta”, disparó.

Su colega de bloque Silvana Giudici calificó a las propuestas opositoras de “fórmulas mágicas que no tienen el sustento fiscal necesario” y enfatizó que el decreto del Gobierno permitió “acumular un 12,42% de mejora en relación a la ruinosa fórmula de (Sergio) Massa”.

El dictamen de Pro ratifica el DNU presidencial y si bien reconoce el 8% de pérdida por la inflación de enero, le da la potestad al Gobierno para instrumentar la modalidad de pago para no alterar la meta de déficit cero, la obsesión del Gobierno. Pese a estas facilidades, los libertarios rechazan incluso la iniciativa de sus aliados. Su propuesta se limitó a que se ratifique el decreto presidencial.

El jefe del bloque libertario, Gabriel Bornoroni, responsabilizó a quienes gestionaron durante los últimos 20 años por el colapso que atraviesa el sistema previsional. “En los últimos 20 años se ha hecho moratoria tras moratoria y se repitieron jubilaciones como si fueran planes sociales”, asestó.

Fonid y universidades, postergados

La sesión de hoy se limitó a discutir solo los proyectos sobre movilidad jubilatoria. El kirchnerismo intentó colar en el temario otros dos temas urticantes para los libertarios: la restitución del Fondo de Incentivo Docente (Fonid), eliminado por el Gobierno a principios de año, y los dictámenes sobre financiamiento universitario. No tuvo éxito porque los dialoguistas prefieren dar el debate una vez que el Senado apruebe la Ley Bases y el paquete fiscal, previsto para la semana próxima

“Se quiere hacer un aprovechamiento político para salir en la tele, en las redes –enfatizó la radical Danya Tavella ante el presión kirchnerista para discutir el financiamiento educativo en la sesión–. Nosotros hemos defendido a los docentes durante cuatro años cuando ellos [por el kirchnerismo] estuvieron en el gobierno sin hacer absolutamente nada. Tenemos cinco dictámenes diferentes, no hay una postura común, por lo que podríamos arriesgarnos, con un rechazo, a que el tema no se trate durante el resto del año”.

La legisladora anticipó que solicitará una sesión especial para el 3 de julio próximo para intentar acercar posiciones hasta esa fecha.

Pettovello, en la mira

En el arranque de la sesión los opositores aprovecharon el recinto como caja de resonancia para amplificar su embestida contra el Gobierno y, en particular, contra la ministra de Desarrollo Social, Sandra Pettovello, por su responsabilidad en no haber repartido entre los sectores más vulnerables casi 6000 toneladas de alimentos, acopiados en dos depósitos de su cartera.

Quien arrancó la embestida fue el diputado de izquierda Nicolás Del Caño, que reclamó la interpelación de la ministra en el recinto; si bien el resultado de la votación fue favorable, no se alcanzó el apoyo de las tres cuartas partes de los presentes para incorporar la propuesta en el temario. El resultado de la votación fue 115 votos afirmativos, 87 negativos y 22 abstenciones.

Ante el fracaso de la interpelación, el jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, propuso que la funcionaria sea citada a las comisiones pertinentes. Como el proyecto no tiene dictamen de comisión, también se requería el voto de las tres cuartas partes de los legisladores presentes para ser aprobado.

“No hay real dimensión del problema, cuanto más oscurantismo haya, más va a incrementar el escándalo, que se da en un momento donde pobreza está por encima del 55% y la indigencia supera el 15%, el doble de hace seis meses –planteó–. Además, se está incumpliendo una manda judicial. Todo esto en medio en el contexto de un ministerio que ya eyectó a su número dos y se suceden las renuncias.”

La propuesta de Martínez no prosperó: el oficialismo y los libertarios votaron en contra, al igual que los bloques de Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal. La mayoría del radicalismo se abstuvo, salvo los diputados Mario Barletta, Fernando Carbajal, Facundo Manes, Jorge Rizzotti y Natalia Sarapura, que votaron la propuesta de Unión por la Patria. Según anticipó la diputada Karina Banfi (UCR), mañana la Comisión de Salud citará formalmente a la ministra Pettovello.