Secuestran cubiertas y cigarrillos a bordo de un tour de contrabando

Jueves 14 de Noviembre de 2024, 07:35

DECOMISO. Las cubiertas y los cigarrillos, ingresados al país de manera ilegal, fueron secuestrados en el puesto limítrofe de Cabo Vallejo.



En el marco del operativo "Lapacho 2024", la policía tucumana apostada en el límite con Salta realizó este miércoles el decomiso de un cargamento de mercadería ilegal, transportada en un colectivo de la empresa Sol Mar Viajes y Turismo S.R.L. El operativo tuvo lugar alrededor de las 17, cuando el personal policial detuvo el vehículo para un control de rutina sobre la Ruta Nacional 9.

El colectivo, un doble piso marca Volvo Marcopolo, modelo B12R, era conducido por Ricardo Hipólito Roldán, de 39 años, oriundo de El Naranjo, departamento de Burruyacú. Como coordinador de la excursión se encontraba Franco Andres Espinoza Suárez Vargas, de 28 años, domiciliado en San Miguel de Tucumán.

Durante la inspección del vehículo, que había partido de la ciudad de Orán, los agentes descubrieron una importante cantidad de productos no declarados en el interior del mismo. Según el reporte policial, se encontraron 80 cubiertas de distintas marcas y tamaños, así como 350 atados de cigarrillos sin documentación correspondiente, lo cual constituye una infracción a la Ley 22.415 del Código Aduanero, que regula la importación y exportación de mercadería en el país.

La policía procedió al secuestro de la mercadería, ya que su transporte incumplía con las normativas aduaneras vigentes. La operación es parte de los esfuerzos por intensificar el control de mercancías en tránsito, en particular aquellas que suelen ingresar de manera ilegal desde zonas fronterizas hacia distintas provincias argentinas.

El operativo "Lapacho 2024" es una de las acciones en curso para combatir el comercio ilegal, con énfasis en rutas estratégicas utilizadas para el traslado de mercaderías hacia el interior del país. Las autoridades informaron que continuarán con este tipo de controles de manera aleatoria para asegurar el cumplimiento de la ley y desalentar el tráfico ilegal que afecta la economía formal y la seguridad pública.

Hasta el momento, no se ha informado si se procederá a una imputación penal en contra de los responsables del vehículo o de la empresa, aunque es posible que se inicien acciones legales conforme a la normativa aduanera. /Los Primeros