La flamante Fiscalía Ambiental multará a quienes arrojen basura a la calle en San Miguel de Tucumán

Miércoles 29 de Enero de 2025, 21:42

La Fiscalía Ambiental de San Miguel de Tucumán se alista para comenzar a operar. Esta nueva dependencia se encargará de supervisar el cuidado del medio ambiente en el municipio y aplicar sanciones cuando sea necesario. Los delitos más frecuentes en la región incluyen el arrojo de residuos en la vía pública y la destrucción de áreas verdes.

“Cualquier persona que contamine o deseche residuos en la vía pública será multada. Se acabaron las acciones que deterioran el medio ambiente. Vamos a ser responsables y muy estrictos, sin tolerancia, porque sabemos que cuidar el medio ambiente es cuidar la salud”, expresó la intendenta, Rossana Chahla, sobre el inicio de funciones de la Fiscalía, que comenzará a operar en febrero.

El abogado Roberto Chustek ha sido seleccionado para desempeñarse como fiscal ambiental. La propuesta será comunicada al Concejo Deliberante, y una vez aprobada, la Fiscalía iniciará sus tareas en una oficina ubicada en el edificio de la Municipalidad de San Miguel de Tucumán, en la intersección de 9 de Julio y Lavalle.

La norma establece que “no es necesario que exista una afectación real y concreta para que el fiscal ambiental pueda intervenir, sino que basta con que exista la posibilidad de que se produzca un daño para que se le permita actuar en defensa de los intereses ambientales”. Para apoyar el trabajo de control, la Municipalidad ha dispuesto canales de comunicación vía WhatsApp, donde los vecinos podrán informar sobre incidentes como la contaminación, acumulación de basura o destrucción de espacios verdes, entre otros. Además, la ciudad cuenta con un Centro de Monitoreo Ambiental y la Brigada Ambiental Municipal (BAM), que colaborarán en la supervisión de delitos ambientales cometidos por empresas, organizaciones o ciudadanos. También se llevará a cabo un trabajo de concientización para fomentar el cuidado del medio ambiente.

San Miguel de Tucumán cuenta con un Código Ambiental propio, que establece la utilización de la compensación ambiental como mecanismo para mitigar indirectamente los daños causados por actividades o instalaciones que tengan efectos moderados y tolerables sobre el medio ambiente, pero que representen un beneficio económico y social para la ciudad. Esta compensación puede implicar un aporte de recursos u otros elementos para la mejora ambiental. Según la nueva normativa, el fiscal ambiental deberá emitir una opinión antes de la aprobación de tales compensaciones, aunque su parecer no será vinculante para el Departamento Ejecutivo.

A nivel nacional, en Argentina, la Unidad Fiscal para la Investigación de Delitos contra el Medio Ambiente (Ufima) es la principal entidad encargada de abordar los delitos ambientales. Con sede en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, también cuenta con puntos de enlace en diversas regiones del país, incluyendo Tucumán, Paraná, Mendoza, Comodoro Rivadavia y Bahía Blanca. Además, en septiembre del año pasado se creó la Red Argentina de Fiscales Ambientales (RAFA), una iniciativa que reúne a los Ministerios Públicos Fiscales de varias provincias para coordinar esfuerzos en la investigación y persecución de delitos ambientales en todo el territorio argentino.

 

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