Usurpaciones en El Cadillal: hay 800 edificaciones ilegales y sólo dos emprendimientos autorizados
Miércoles 02 de Abril de 2025, 07:58
EN LA MIRA. Todo el entorno del lago del dique Celestino Gelsi y los ríos adyacentes forman parte de un estudio que está arrojando resultados sorprendentes.La magnitud del hallazgo quedó plasmada en un documento que fue entregado a la Fiscalía de Estado, encargada de encabezar las acciones legales necesarias para recuperar el patrimonio provincial. El titular de Catastro, Alejandro Navarro, explicó que el relevamiento fue posible gracias a un trabajo articulado entre distintas áreas del Estado y con el uso de tecnología georreferencial. “Esto nos permitió saber con exactitud dónde estamos parados”, afirmó.
El informe forma parte de un plan más amplio ordenado por el gobernador Osvaldo Jaldo, quien tras el escándalo por la toma ilegal de tierras en la Reserva Natural La Angostura en El Mollar, disolvió la cuestionada Secretaría de Regularización Dominial y Hábitat y creó una unidad ejecutora para abordar estas problemáticas. “El objetivo era comenzar por los valles y avanzar hacia otros focos de conflicto, como El Cadillal. Y lo que encontramos confirma nuestras sospechas: este es uno de los casos más graves”, señaló una fuente de Casa de Gobierno.
El funcionamiento de los loteos en El Cadillal revela un esquema plagado de irregularidades. Según las normas vigentes, todo emprendimiento inmobiliario debe presentar estudios de factibilidad que aseguren el acceso a servicios básicos como luz y agua, avales ambientales, y certificaciones de seguridad para evitar construcciones en zonas inundables o de riesgo. Sin embargo, casi ninguno de los desarrollos respetó estos procedimientos.
“Solo dos loteos fueron aprobados por Catastro. Todos los demás se comercializaron sin respetar la ley”, confirmó Navarro. El funcionario añadió que también se detectó la omisión de controles por parte de autoridades comunales, a quienes les corresponde emitir certificados de factibilidad y denunciar emprendimientos irregulares. Por ese motivo, al menos tres ex comisionados rurales están bajo investigación administrativa, aunque todavía no enfrentan cargos penales.
El relevamiento también reflotó un punto sensible en la historia reciente de la provincia. El famoso "Loteo Olivera", donde el Ente Tucumán Turismo cedió tierras para la instalación de un camping, fue mencionado durante la investigación por el crimen de Paulina Lebbos. Allí construyó su vivienda el fallecido Sergio Kaleñuk, ex secretario privado del entonces gobernador José Alperovich. En el mismo predio también se habría levantado una casa para uso particular de un dirigente de ATSA, que incluso realizaba allí reuniones sindicales.
“Ese caso va a terminar siendo emblemático”, afirmó una fuente judicial. Según se supo, en varios de esos terrenos ya se dictaron sentencias de desalojo, pero por falta de ejecución durante más de una década, el Estado habría perdido la titularidad de las parcelas. El Código Civil contempla que en ciertos casos de posesión prolongada, los ocupantes pueden reclamar la propiedad por prescripción.
En total, se presentaron más de 800 denuncias por usurpaciones en El Cadillal. La Fiscalía de Estado ahora deberá analizar caso por caso, lo que implica una tarea minuciosa y de largo aliento. “Hay una decisión política de avanzar, pero hay que hacerlo con responsabilidad”, dijo Navarro.
La situación es crítica, pero la reacción del Gobierno marca un punto de inflexión. Tras años de descontrol, silencios y complicidades, el Estado comienza a poner la lupa sobre una de las zonas más valiosas y codiciadas de la provincia. La meta: ordenar el territorio, recuperar lo que es público y garantizar que el desarrollo turístico no se construya sobre cimientos de ilegalidad.
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