Sábado 19 de Abril de 2025, 06:33

EL LUGAR. El complejo deportivo de la Unión Tranviarios Automotor donde se produjo el crimen, en el marco de una fiesta de fin de año.
Un chofer de colectivos de la capital tucumana fue condenado a seis años y ocho meses de prisión por haber herido de tres puñaladas a un compañero de trabajo durante una violenta pelea ocurrida en el marco de una fiesta organizada por la Unión Tranviarios Automotor (UTA) para despedir el año 2023.
El hecho ocurrió en la sede gremial de la localidad de San Andrés, en el este provincial, y generó conmoción en el ámbito del transporte público.
El condenado, identificado como Darío Sebastián Salazar, fue hallado culpable del delito de homicidio en grado de tentativa, tras un proceso judicial que culminó este jueves.
egún determinó la investigación, Salazar atacó con un cuchillo a su colega Miguel Omar Pereyra, a quien hirió en tres ocasiones en la zona del abdomen. La víctima debió ser hospitalizada de urgencia y permaneció varios días internado en un sanatorio privado debido a la gravedad de las lesiones.
El violento episodio se produjo alrededor de las 5:30 de la madrugada, en medio de una celebración organizada por el gremio UTA en diciembre pasado.
De acuerdo con la acusación formulada por el fiscal Mariano Fernández, Salazar se encontraba en estado de ebriedad al momento del ataque, y habría actuado con intención de quitarle la vida a su compañero, en el marco de un conflicto interno vinculado a la representación gremial.
“El acusado fue directamente a buscar a la víctima para agredirla”, indicaron testigos durante el juicio, quienes también afirmaron que el trasfondo de la disputa estaría relacionado con el desplazamiento de Salazar como delegado de la empresa por parte de Pereyra.Ante esta situación, el fiscal solicitó una pena de nueve años de prisión, argumentando la peligrosidad del hecho y la intencionalidad homicida. El querellante Ernesto Baaclini, en representación de la víctima, adhirió a esta calificación legal y al pedido de pena.
Por su parte, los abogados defensores
Carlos Rodríguez y
Sergio Saruf intentaron revertir la acusación argumentando que su cliente actuó en legítima defensa, luego de una supuesta agresión inicial por parte de Pereyra. En ese marco, solicitaron la absolución o, subsidiariamente, una pena de ejecución condicional.
Sin embargo, la jueza
Isolina Apás de Pérez de Nucci, tras evaluar la prueba presentada y los testimonios recolectados durante el debate oral, rechazó la versión de la defensa al considerar que no logró acreditar los hechos que alegaba.
Finalmente, la magistrada resolvió condenar a Salazar a seis años y ocho meses de prisión efectiva por el delito de tentativa de homicidio, en consonancia con lo solicitado por la fiscalía y la querella.
El caso expuso no sólo un episodio de violencia extrema, sino también las tensiones internas que atraviesan a los cuerpos gremiales del transporte. El móvil del ataque, según se desprende de la investigación, estaría vinculado al desplazamiento de Salazar de su rol sindical dentro de la empresa de colectivos en la que ambos trabajaban.
Con esta condena, la Justicia envía un mensaje claro sobre la necesidad de resguardar los ámbitos laborales y gremiales de conductas violentas, especialmente en contextos de conflicto interno.
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