Miembros de una cooperativa de trabajo acusan a otro grupo con "apoyo político" de usurpar un terreno fiscal y venderlo
Sábado 10 de Mayo de 2025, 07:41
EL LUGAR. El predio en disputa se ubica a pocos metros del puente Lucas Córdoba, y aparece registrado a nombre de la Nación y la Provincia.La situación fue denunciada ante la Justicia por los propios integrantes de la cooperativa, que funciona desde 2012 en el marco del programa Potenciar Trabajo y que, en su momento, recibió el respaldo del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación para instalarse en un sector próximo al puente Lucas Córdoba. La zona, estratégica por su cercanía con fuentes de áridos, permitió a las familias levantar galpones y producir bloques, postes de cemento y macetas.
“Éramos 60 familias que vivíamos de esto, pero después de que se agravaron los conflictos, quedamos apenas 10 trabajando. El resto se tuvo que ir”, explicó César Rodríguez, vocero del grupo. “Lo único que pedimos es recuperar las tierras para seguir trabajando como lo hicimos durante años”, añadió.
Los problemas comenzaron en 2023, tras la muerte de Miguel Malangoni, referente del proyecto. Según el relato de Rodríguez, dirigentes de la cooperativa “La Arbolada” solicitaron permiso para utilizar uno de los galpones. “Como tenían respaldo político, accedimos. Pero luego uno de ellos se quedó a dormir ahí con la excusa de cuidar las cosas, y desde entonces todo fue para peor”, relató.
Con el paso de los meses, miembros de una familia identificada con el apellido Herrera comenzaron a ampliar su presencia en el terreno y, según la denuncia, iniciaron la venta de lotes fiscales. “Aparecieron ofreciendo parcelas a $ 2 y $ 3 millones. Incluso una publicación en redes ofrecía un lote a $ 4 millones, pero financiaban en cuotas. Fue escandaloso”, indicó Rodríguez. Entre las pruebas, presentaron capturas de pantalla de esas publicaciones y fotos donde se observa a los supuestos vendedores —dos de ellos policías— mostrando los terrenos a interesados.
El caso quedó en manos del fiscal Carlos Saltor, de la Unidad Fiscal de Decisión Temprana, quien tras detectar indicios suficientes de actividad ilegal, derivó la investigación a su equipo. Un primer informe de la Dirección General de Rentas confirmó que las tierras en disputa son de dominio público: una parte pertenece a la Nación y otra a la Provincia.
Ante esta constatación, la Fiscalía de Estado ya designó a los abogados José María Molina y Santiago Luis Xamena como representantes en el expediente. Al mismo tiempo, se pidió tanto a los denunciantes como a los implicados que presenten más pruebas para avanzar en el proceso.
“Tenemos miedo de que nos vinculen a esta maniobra. Nosotros nunca vendimos un metro de tierra”, sostuvo Rodríguez. “Queremos trabajar tranquilos. Incluso la otra cooperativa nos perjudica, porque además de usurpar, produce lo mismo que nosotros y le quita espacio a nuestros clientes”, agregó, en referencia a que “La Arbolada” estaría elaborando bloques —algo que no estaba previsto en su actividad— e impidiendo el acceso al depósito principal de “Cartoneros en Movimiento”.
El caso se suma a una larga lista de conflictos por tierras fiscales en Tucumán, que suelen involucrar a organizaciones con respaldo político o conexiones institucionales. Mientras tanto, la producción de la cooperativa continúa paralizada, y las familias que aún sostienen el emprendimiento claman por una solución que les permita recuperar su fuente de ingresos sin exponerse a riesgos judiciales ni a la pérdida definitiva del predio.
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