Duro cruce de acusaciones entre el consorcio a cargo del manejo de los residuos metropolitanos y la empresa que perdió una licitación
Sábado 10 de Mayo de 2025, 08:19
DENUNCIAS CRUZADAS. Mientras la empresa que perdió la licitación reclama una deuda, el consorcio acusa a sus directivos de adeudar fondos millonarios destinados a salarios.El conflicto entre el Consorcio Público Metropolitano para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos (Girsu) y la empresa Moviser SRL, antigua operadora del servicio de disposición final de residuos, sumó un nuevo capítulo.
La firma oriunda de Yerba Buena intimó formalmente al ente intermunicipal a pagar una supuesta deuda que, según sus cálculos, asciende a $ 3.600 millones. Sin embargo, desde el Consorcio negaron tajantemente la existencia de tal obligación y acusaron a la compañía de retener fondos destinados al pago de salarios, situación que derivó en una protesta de trabajadores en la planta de San Felipe.
La disputa se da apenas días después de que Moviser dejara de operar, tras perder la licitación frente a la UTE Polo Ambiental de Tucumán, integrada por las firmas Esur SA y Ciageser SA. En una nota enviada el jueves pasado a la presidenta del Consorcio, Eugenia Andrade, el socio gerente de Moviser, Máximo Ignacio Jiménez Montilla, intimó al organismo a abonar "de forma inmediata y sin más dilaciones" los montos que, según la empresa, se le adeudan por servicios prestados.
La presentación detalla que la deuda incluye un anticipo de $600 millones correspondiente a abril y un pasivo acumulado de $3.600 millones, producto —según Moviser— de diferencias pendientes en expedientes administrativos previos. El escrito además advierte que, de no abonarse los montos reclamados, la firma iniciará acciones legales.
Moviser argumenta que esos fondos son esenciales para hacer frente a compromisos laborales, impositivos y operativos, y responsabiliza al Consorcio por cualquier perjuicio derivado del incumplimiento. No obstante, desde Girsu respondieron con dureza y desmintieron por completo los números que maneja la empresa.
“Esa suma la desconocemos absolutamente”, afirmó Eugenia Andrade, presidenta del ente. “Moviser no cumplió con varias cláusulas contractuales, y por eso se le aplicaron deducciones. Además, los plazos de abril están suspendidos por falta de documentación, y enero ni siquiera está vencido. Estamos al día”, subrayó.
La funcionaria fue más allá y acusó directamente a la empresa de no haber utilizado un anticipo de $ 300 millones —entregado de manera excepcional— para saldar los sueldos del personal de la planta de San Felipe. “Ese dinero era para pagar haberes, y no lo hicieron. Lo reconocieron. Ahora los trabajadores están de paro, y nosotros tenemos toda la documentación gremial que acredita la falta de pago”, aseguró Andrade.
Desde el Consorcio insistieron en que el anticipo no estaba previsto en los contratos vigentes, pero que se realizó para evitar un conflicto laboral mayor. Sin embargo, esa ayuda financiera no se habría traducido en el cumplimiento de las obligaciones laborales por parte de la prestataria saliente.
El conflicto ya generó la paralización del transporte de residuos en la planta de San Felipe, afectando el servicio en un punto crítico para la logística de la recolección metropolitana. En paralelo, crecen las versiones de que el Consorcio analiza iniciar una demanda contra Moviser por presunta administración indebida de fondos públicos.
Con un proceso judicial en puerta y una transición aún no consolidada hacia la nueva prestadora, el caso promete derivar en un fuerte enfrentamiento institucional que podría impactar en la gestión de residuos de todo el Gran San Miguel de Tucumán.
La disputa por los millones y las responsabilidades cruzadas ya no se limita a los balances: el conflicto amenaza con trasladarse a los tribunales, y el servicio esencial de recolección de residuos vuelve a quedar en el centro de la polémica.
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