La suspensión del proceso de regularización de las usurpaciones generó dudas y hasta amenazas de protestas en El Cadillal
Sábado 31 de Mayo de 2025, 07:18
CAMBIO DE PLANES. Muchos de los residentes irregulares deberán ceder parte de los predios que usurparon para cumplir normas de urbanización, algo que no todos están dispuestos a aceptar.“Era lo que sabíamos que sucedería tarde o temprano. El problema que nos aflige es qué pasará con todos nosotros”, expresó Maximiliano Pedraza, uno de los habitantes afectados por la medida. Según estimaciones oficiales, más del 50 por ciento de las viviendas fueron levantadas entre 2019 y 2024, muchas durante el contexto de la pandemia, sin que las autoridades locales intervinieran para frenar la ocupación.
“Durante la pandemia acá pasó de todo y nadie hizo nada para detenerlos. Hubo unos pícaros que se apoderaron de lotes, los dividieron en parcelas y luego los comercializaron con el apoyo estatal porque los delegados comunales sabían lo que estaba pasando. ¿A ellos nunca les harán nada?”, cuestionó Pedraza.
El proceso de regularización surgió como respuesta a una problemática histórica: el asentamiento de miles de familias en tierras fiscales, muchas de ellas desde hace décadas. Para dar un marco legal a esta situación, se dictó una ley que habilita a los ocupantes a comprar los lotes al Estado, siempre que cumplan ciertos requisitos: haber ocupado el terreno antes de 2018, no estar instalados en zonas de reserva natural o arqueológica, y presentar un expediente administrativo acorde a lo previsto.
De los aproximadamente 1.400 propietarios que se consideraban aptos para entrar en el plan, sólo 300 completaron correctamente el trámite. En tanto, cerca de 1.000 optaron por vías paralelas, según informaron fuentes oficiales, que motivaron una denuncia penal por presunto cobro de sobornos en la ex Subsecretaría de Regularización Dominial y Hábitat. La causa está siendo investigada por la Justicia penal.
A esto se sumaron objeciones técnicas que frenaron el avance de otros 200 expedientes: muchas de las viviendas fueron construidas sobre calles de apenas cuatro metros de ancho, cuando la normativa exige un mínimo de 12 metros. El Estado, no obstante, ofreció una alternativa: continuar con los trámites si los vecinos ceden parte de sus terrenos para ampliar la traza vial.
“La propuesta es entendible, pero habrá que ver cuántos vecinos aceptarán. Algunos querrán ceder su terreno, otros no. Es como cuando se instaló el gas natural: siempre había quienes no querían pagar su parte y después se beneficiaban igual”, reflexionó María Laura Rivadeneira, otra residente.
En cambio, los ocupantes de terrenos en zonas prohibidas no tendrán la misma posibilidad. “Nos sorprendieron porque estábamos buscando una salida. Con esto, no sé qué pasará. Hay algunos que quieren salir a cortar la ruta para evitar que se avance con este plan”, advirtió Eduardo Giménez, vecino del sector más comprometido.
La tensión crece en El Cadillal, donde el sueño de la casa propia hoy se entrelaza con la burocracia, las disputas legales y la amenaza de desalojo. El futuro del proceso de regularización queda ahora atado a la decisión de cientos de familias y al avance de las investigaciones judiciales en curso.
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