Un polémico fallo judicial aleja la posibilidad de que Tafí del Valle cuente con un helipuerto para atender emergencias sanitarias
Sábado 31 de Mayo de 2025, 07:54
EL LUGAR. Parte del predio por el que el Estado insistirá ante la justicia al considerar que debe primar el bien común sobre los intereses particulares.La Dirección de Catastro de Tucumán enfrenta un duro revés judicial tras la confirmación de la caducidad de un juicio por la posesión de un terreno estratégico en la zona de La Quebradita, Tafí del Valle.
El predio, de más de cuatro hectáreas y registrado a nombre del Gobierno provincial, fue reservado originalmente como espacio verde y para escorrentías, pero actualmente alberga una vivienda con vista privilegiada al espejo de agua.
La Justicia falló en contra del reclamo oficial por “falta de impulso procesal”, pero el Gobierno anunció que llevará la causa a instancias superiores.
El terreno en cuestión, identificado con el padrón 682.474, se encuentra ubicado en la intersección de la ruta 307 y la avenida San Martín —conocida como “la subida del hospital”—, y está inscripto en el Registro Inmobiliario a nombre de la Provincia. Según vecinos de la zona, en su centro hay una edificación atribuida a Hugo Alfredo Yapura, quien habría ocupado el lugar sin documentación que avale la tenencia.
La Provincia inició acciones legales en agosto de 2020, a través del apoderado Horacio Geria Lepore, con el objetivo de recuperar el predio mediante un juicio de reivindicación. La demanda argumentaba que las tierras habían sido adquiridas por el Estado en 1942 tras una expropiación y que no existían registros de ocupación por parte de particulares. Incluso, se dictó una medida cautelar de no innovar, aceptada en ese momento por la Justicia.
Sin embargo, en octubre de 2024, la defensa de Yapura —a cargo del abogado Juan Pablo Torres— planteó la caducidad de instancia alegando que el Gobierno provincial dejó vencer los plazos legales sin realizar las gestiones necesarias para el avance de la causa. La jueza Luciana Eleas, del Centro Judicial de Monteros, dio lugar al pedido tras constatar períodos de más de seis meses sin actividad en el expediente, lo que interpretó como desinterés manifiesto, incluso reconocido por el propio apoderado de la parte actora.
La Cámara Civil y Comercial de Concepción (Sala II), integrada por los jueces María José Posse y Roberto Santana Alvarado, confirmó el fallo el pasado 19 de mayo. Esto motivó la reacción inmediata del Ejecutivo, que considera que se trata de un grave error judicial y anunció que apelará la decisión ante tribunales superiores. “Esta resolución perjudica directamente el interés público. Castiga a la Provincia por una supuesta inacción cuando lo que se intentó fue proteger un bien del Estado”, manifestaron fuentes oficiales.
Según la documentación aportada, los fondos estatales y las políticas públicas en salud fueron directamente afectados, ya que el predio había sido destinado a la construcción de un helipuerto para emergencias sanitarias, planificado por el Siprosa por su ubicación estratégica: próximo al hospital, al cuartel de Bomberos y a dependencias policiales. Incluso, la Legislatura había tratado un proyecto de ley para formalizar esta construcción en 2017, pero el conflicto legal con Yapura paralizó toda posibilidad de avanzar con la obra.
La investigación reveló que en 2022 se intentó sortear la disputa legal mediante la asignación de otro terreno para el helipuerto, pero errores técnicos en la redacción del proyecto obligaron a una nueva ley que se aprobó y promulgó en octubre de 2024 bajo el número 9.812.
El caso, que involucra cuestiones de planificación urbana, legalidad administrativa y protección del patrimonio estatal, promete escalar en los próximos meses. El Gobierno provincial buscará revertir lo que considera una “decisión injusta” que permite, según su postura, que un particular se beneficie de una conducta procesal evasiva, en perjuicio de los intereses generales de la comunidad tafinista.
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