Hoy serán interrogados en la fiscalía que conduce Mónica García de Targa los ex ediles Luis María Díaz Augier y Adolfo Díaz Chavero. Ellos fueron los que hicieron una presentación el viernes luego de que la Policía presentara un informe sobre las actuaciones que realizaron sobre el audio viralizado. Ese mismo día ratificaron los motivos por los que decidieron realizar esa presentación. Se supone que en el encuentro se les pediría que amplíen sus dichos.
García de Targa ya anunció que investigará a Campos por incumplimiento de los deberes de funcionario público, ya que consideró que el ex intendente no cumplió con su obligación de denunciar los hechos que quedaron al descubierto en el audio. Giménez podría ser acusado de coacción agravada. No se descarta que en los próximos días amplíe la acusación.No trascendió si la investigación que se desarrolla en el fuero local hay más personas investigadas por este caso.
Por su parte el fiscal federal Rafael Vehils Ruiz, que inició una investigación por narcotráfico, asociación ilícita y lavado de activos, envió un oficio a la Casa de Gobierno solicitando una copia oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que firmó el gobernador Osvaldo Jaldo el lunes para ser incorporado como prueba.
“Desde hace tiempo los habitantes del Municipio de Juan Bautista Alberdi han sido víctimas de sucesivos hechos vinculados con la venta ilegal de estupefacientes, que se han agravado con las denuncias penales formuladas contra las autoridades del órgano Ejecutivo y del Concejo Deliberante”, fue uno de los párrafos más duros del documento.
“Que los hechos acontecidos en los últimos días -sumados a otros anteriores han originado una crisis de gravedad institucional que afecta seriamente el orden público institucional del municipio, la seguridad y las buenas costumbres de sus habitantes”, añadió el mandatario en el texto.
En el oficio recibido el lunes por la tarde y respondido al día siguiente, Vehills Ruiz consultó a las autoridades si estaban en condiciones de enviar documentación oficial que podría ser útil para la investigación. Los abogados de la Fiscalía de Estado no sólo dijeron que sí, sino que aclararon que estaban en condiciones de hacerlos porque se habían asegurado conseguirlo.
En el acta que se hizo para certificar la asunción de Guillermo Norry, el ex intendente Campos y Rebeca Figueroa, se comprometieron a entregar toda la documentación sobre el funcionamiento del municipio al interventor, que se encargará de enviarla de manera urgente.
El ex intendente firmó ese documento en su domicilio. No podía abandonarlo porque ese lugar estaba siendo allanado por el personal de Gendarmería Nacional. /
Radio Bicentenario