Causa YMAD: recta final al juicio que desnudó la corrupción en la Universidad Nacional de Tucumán

Martes 17 de Junio de 2025, 05:52

El eje de la investigación es el uso de alrededor de $ 353 millones (aproximadamente U$S 85 millones al cambio de la época) que la UNT recibió como parte de las utilidades mineras de Yacimientos Mineros Aguas de Dionisio (YMAD), sociedad que integra junto a la provincia de Catamarca. Según establece la ley, el 60% de las regalías va a Catamarca y el 40% a la UNT, destinado inicialmente a concluir la Ciudad Universitaria en San Javier y Horco Molle. Una vez finalizada esa obra, el 40% debía dividirse: la mitad para el resto de las universidades del país y la otra mitad de libre disponibilidad para la UNT.
Cerisola, quien dirigió la casa de estudios entre 2006 y 2014, firmó en 2008 un acta con YMAD en la que se declaró concluida la Ciudad Universitaria. A partir de entonces, la UNT dejó de recibir esos fondos con destino específico. En 2014, Florencio Aceñolaza, entonces representante de la UNT ante YMAD, denunció que esta modificación privó a la institución de unos $500 millones (U$S 110 millones, a valores de ese momento). Años más tarde, en 2018, el Consejo Superior de la UNT declaró nulo el acta y judicializó el caso en Catamarca.
El caso judicial comenzó en 2010 a partir de la denuncia del arquitecto Ramón Eudal por supuestas irregularidades en las obras financiadas con esos fondos. También hubo una presentación ante la Procuración General de la Nación del abogado Oscar López. El expediente avanzó con una auditoría de la Sindicatura General de la Nación (Sigen), allanamientos ordenados por el fiscal Carlos Brito y pericias realizadas por Gendarmería Nacional. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) también intervino en la investigación.
Durante el juicio declararon exrectores, decanos, técnicos, empleados y funcionarios universitarios, aportando testimonios clave que hoy serán retomados en los alegatos. Hubo pericias dispares: el experto Daniel Fontana, de la Corte Suprema, concluyó que “no hubo irregularidades comprobables”, mientras que su colega Francisco Pedro Guzmán aseguró haber detectado anomalías en todos los expedientes revisados.
Cerisola enfrenta cargos por administración fraudulenta y por incumplimiento de deberes de funcionario público, tanto por las decisiones sobre los fondos mineros como por el régimen paralelo de ejecución de 13 obras universitarias, entre ellas, la remodelación de la Facultad de Derecho. También se le imputa haber autorizado colocaciones financieras con los fondos de YMAD.
Sacca está acusado por los mismos delitos, en relación directa a esas operaciones financieras. Cudmani enfrenta cargos por la administración fraudulenta vinculada a la ejecución de las obras públicas. Por su parte, Venturino fue imputado por su participación específica en una de esas obras, identificada como la número 533, correspondiente también a la Facultad de Derecho.
Tras los alegatos del Ministerio Público, será el turno de la querella, representada por el abogado Patricio Esperguín, y luego las defensas: Silvia Peyrachia y Rosa Luz Casen por Cerisola, Víctor Taleb por Sacca, Alfredo Falú por Cudmani y Pamela Tenreyro por Venturino. Esta etapa se desarrollará entre el lunes y el miércoles, aunque se estima que podría extenderse debido a la complejidad del caso y la cantidad de acusados.
Dado que en julio comienza la feria judicial, todo indica que la sentencia se conocerá recién en agosto. Así, se cerrará un juicio que expone una de las causas por presunta corrupción más importantes en la historia reciente de la Universidad Nacional de Tucumán.
 

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