Un sujeto preso por traer droga a Tucumán lideraba una banda narco dentro de una cárcel salteña

Sábado 21 de Junio de 2025, 08:28

Una investigación federal destapó una compleja organización narco que operaba desde el interior del Complejo Penitenciario Federal de General Güemes, en Salta, con la participación de al menos ocho internos y una mujer que oficiaba como nexo externo para el ingreso de droga. La causa, dirigida por el fiscal general Eduardo Villalba y su equipo del Ministerio Público Fiscal de Salta, avanza también sobre personal del Servicio Penitenciario, bajo sospecha de haber colaborado con los imputados.

La investigación se inició formalmente en febrero de 2024, aunque se remonta al 1 de enero de ese año, cuando Cristian Ruiz Díaz, otro condenado por narcotráfico, escapó del penal sin haber sido recapturado. A partir de allí se intensificaron las pesquisas y se secuestraron más de 250 teléfonos celulares, dando origen a 126 investigaciones conexas.
Durante una audiencia celebrada el jueves pasado, las fiscales Roxana Gual y Mariana Gamba Cremaschi presentaron las pruebas reunidas: intervenciones telefónicas, denuncias internas, declaraciones de un imputado colaborador y múltiples allanamientos. Entre los elementos más comprometedores figuran videos captados por drones en los que se observa cómo los internos fraccionaban cocaína dentro de las celdas y descartaban droga y celulares ante operativos de requisa.
El modo de operación de la banda estaba minuciosamente organizado. Rodríguez, desde su celda, daba órdenes a su pareja y a los demás internos. Astigueta viajaba desde Orán hasta el penal y durante las visitas ingresaba tanto la droga como los teléfonos. Bilaja, en prisión domiciliaria, se encargaba del acondicionamiento de la sustancia para eludir controles. La droga luego era distribuida en sectores como la escuela, la capilla y los talleres bajo modalidades como el “pasamano” o escondida en huecos en el piso y paredes. El precio estimado por cada dosis de cocaína era de $ 10.000, con transferencias que ingresaban a la cuenta de Astigueta por montos de hasta $ 200.000.
El pasado 10 de junio, un operativo de gran escala, con participación de 300 efectivos de Gendarmería Nacional, permitió allanar simultáneamente el penal y la vivienda de Astigueta en Orán. En su domicilio se incautaron cinco celulares, una moto, una balanza, un rifle con mira, computadoras, libretas con anotaciones financieras, documentación y un vehículo.
Las fiscales pidieron y obtuvieron de la jueza Mariela Giménez la prisión preventiva de todos los imputados, su traslado a otras unidades penitenciarias, el levantamiento del secreto bancario y el congelamiento de cuentas de Astigueta y otros involucrados.
El escándalo también puso bajo la lupa a funcionarios del Servicio Penitenciario Federal, sospechados de complicidad. “Lo que sucede en el Complejo Penitenciario Federal NOA III es de una enorme e inusitada gravedad institucional. La droga corre de un extremo al otro del penal, bajo las narices o con la complicidad del SPF”, advirtió la fiscal Gual.
De los nueve imputados, siete ya tienen condenas firmes entre 2022 y 2025 por causas vinculadas al narcotráfico, robos y secuestros extorsivos. Solo uno, César Acosta, enfrenta un proceso pendiente desde abril de este año.
La investigación continúa y no se descarta que haya más implicados, tanto dentro como fuera del penal.
 

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