Gobernadores suman respaldos en la pulseada con Milei por fondos y anticipan nuevo frente de tormenta

Martes 24 de Junio de 2025, 18:32

La propuesta de los gobernadores para fijar por ley una distribución automática del impuesto a los combustibles líquidos y de los Aportes al Tesoro Nacional (ATN) cosechó en las últimas horas apoyos diversos, en lo que se anticipa como un nuevo frente de tormenta entre las provincias y el Gobierno. Intendentes de todo el país y senadores, entre otros, le dieron su visto bueno a la iniciativa y sumaron potencia al scrum federal.
Este lunes, representantes de 22 de los 24 distritos se reunieron en el Consejo Federal de Inversiones (CFI) y decidieron, insatisfechos con Nación, impulsar un texto conjunto con el objetivo de garantizarse fondos que hoy le son negados por parte de la Casa Rosada, según denunciaron. Del encuentro participaron, además, el vicejefe de Gabinete, Lisandro Catalán, y el secretario de Hacienda, Carlos Guberman.
La foto, que a priori se anticipaba flaca, terminó siendo importante. Axel Kicillof (Buenos Aires), Jorge Macri (CABA), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe) y Alfredo Cornejo (Mendoza) fueron algunos de los mandatarios presentes. De hecho, hubo enviados de todas las escuderías políticas. Solo Formosa y Corrientes estuvieron ausentes. Los líderes esperaban recibir una respuesta satisfactoria a la propuesta para modificar el impuesto a los combustibles que le habían presentado al jefe de Gabinete, Guillermo Francos, semanas atrás.

Precisamente, la contestación "floja de papeles" fue la que disparó la idea de consensuar una iniciativa común, que se plasmó en un documento de unidad, cuya deriva será un proyecto de ley. Horas después de conocido el escrito, diversos sectores empezaron a cerrar filas con los caciques. Uno de ellos fue el Consejo Federal de Intendentes, que nuclea a alcaldes de todo el país.

Al respecto, aclararon que "todos coincidimos en la necesidad del equilibrio fiscal", pero marcaron que el mismo no puede darse "a costa del abandono de las obligaciones nacionales para con las provincias y municipios". Pidieron, a la par, que el federalismo sea respetado y valorizado. "Podemos pensar distinto mientras luchamos por los mismos objetivos, nos une la prioridad a los ciudadanos", cierra el texto.
El Consejo Federal de Intendentes es un espacio creado en mayo pasado como un método de autodefensa de los alcaldes ante la avanzada del ajuste de la administración libertaria. Algunos de sus referentes son el cordobés Daniel Passerini, el rosarino Pablo Javkin y la tucumana Rosana Chahla. En 2024, los jefes comunales, a través de la Red Federal de Intendentes, ya habían presentado un proyecto propio planteando la redistribución del impuesto a los combustibles, ante la disolución de Fondo Compensador del Interior, que subsidiaba los boletos de colectivo por fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).
La iniciativa de las provincias también cosechó respaldos en el ámbito legislativo. El bloque de senadores Convicción Federal, un desprendimiento del peronismo comandado por Fernando Salino (San Luis), que nuclea a Guillermo Andrada (Catamarca), Fernando Rejal (La Rioja) y Carolina Moisés (Jujuy), se manifestó en favor del proyecto. "La decisión política de los gobernadores va en línea con el proyecto de ley recientemente presentado por en el Senado por el bloque Convicción Federal, cuyas acciones siempre estarán marcadas por una fuerte defensa del federalismo", plantearon.
Sobre este punto, indicaron que las partidas contempladas en la iniciativa "resultan fundamentales para las provincias para atender contingencias y financiar obras y políticas públicas ante el escenario planteado por el Gobierno nacional de recortes de fondos públicos en distintas áreas sensibles".
Más allá del pronunciamiento de los jefes provinciales, el camino hacia el Congreso será largo. Varios descuentan que se trata un de arma para negociar en términos duros con la Casa Rosada que un fin en sí. El ecosistema no es homogéneo. Dialoguistas como Cornejo, Jalil y Frigerio, por ejemplo, pretenden una salida consensuada, mientras que Kicillof, Ziliotto y Quintela, del peronismo opositor, buscan ir a fondo en la disputa.
Concretamente, la idea de las provincias es que los ATN y el impuesto a los combustibles se distribuyan de manera automática, con el criterio de la coparticipación federal, evitando que el Gobierno disponga discrecionalmente de ellos. En el pedido conviven dos facetas: por un lado, la irritación de los distritos por la falta de recursos, con el desplome de la recaudación como puntada final; por el otro, la necesidad de los mandatarios de contrastar con el plan motosierra de Milei en la antesala de las elecciones y sacar pecho en el pago chico.

Los ATN son transferencias que realiza el Gobierno Nacional a las provincias, que tienen origen en el régimen de coparticipación federal de impuestos. Su objetivo eses atender situaciones de emergencia y/o desequilibrios financieros de los distritos. Su conformación es automática pero su distribución se realiza de modo discrecional por la autoridad de turno. Por ese motivo, a lo largo de la historia reciente fungieron como una herramienta para compensar a gobernadores aliados y castigar a opositores.
La consultora Politikon Chaco estimó que, de aplicarse la fórmula promovida por los mandatarios, en el período enero a mayo de 2025, se tendrían que haber repartido $ 214.949 millones (a precios corrientes) en lugar de los $ 80.500 millones que se distribuyeron efectivamente.
"Desagregando por distritos, hay cuatro que recibieron más de lo que le correspondería según el esquema propuesto: Salta, Santa Cruz, Chubut y Neuquén, mientras que el resto recibió menos de lo que les tocaría", señalaron.
El informe plantea que más allá de que hay provincias que actualmente recibieron más de lo que le hubiese correspondido según la aplicación del esquema propuesto por los gobernadores, esa situación podría equilibrarse en el corto plazo si se implemente un esquema automatizado de envíos, además de garantizarle a esas provincias un flujo de fondos sostenido y no un pago único aislado en el tiempo.

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