Fin de los superpoderes de Javier Milei: qué facultades perdería y qué cosas ya no podría hacer

Miércoles 25 de Junio de 2025, 19:30

Dentro de dos semanas se vence el plazo de las facultades delegadas por el Congreso al presidente Javier Milei, una pieza central del "plan motosierra" cuyo brazo ejecutor es el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, quien verá muy afectada la tarea que cumplió hasta ahora en la modificación y eliminación de numerosos organismos públicos.

Comúnmente llamadas "superpoderes", las facultades delegadas son una herramienta que tuvieron todos los presidentes desde 2002 a la fecha. En el caso de Milei, entraron en marcha en 2024 con la sanción de la Ley Bases y por el plazo de un año, el cual se cumple el próximo 8 de julio.

Si bien esa ley bisagra de la gestión libertaria estableció que la delegación es prorrogable por otro año más, el Gobierno avisó en mayo a través del propio Sturzenegger que no tienen esa intención, aunque según deslizaron fuentes del oficialismo a iProfesional también saben que hoy no alcanzan el consenso suficiente en el Congreso para conseguir esa prórroga.

Así Milei se quedaría sin una herramienta que le permitió avanzar con numerosas reformas en organismos y empresas públicas bajo la bandera de la "motosierra" sobre el Estado, aunque quién más tiene que perder es Sturzenegger, cuyo cargo está íntimamente vinculado a las facultades que la Ley Bases le dio al Presidente.

Las facultades delegadas implican que el Presidente puede ejercer algunas de las funciones que la Constitución le asigna al Congreso a través de decretos, que son revisados posteriormente por los diputados y los senadores. Para justificarlas, se declara una situación de "emergencia" en ciertas materias o áreas.

Con esas facultades el Gobierno pudo hacer recortes de personal, modificar, fusionar y eliminar organismos del Estado con el objetivo de "mejorar el funcionamiento del Estado" y "reducir el sobredimensionamiento de la estructura estatal a fin de disminuir el déficit" -según fijó la Ley Bases- al amparo de la emergencia en materia administrativa, económica, financiera y energética.


Al aprobar la Ley Bases el Congreso le negó al Presidente la facultad de disolver esos organismos puntuales y otros, pero si lo habilitó para modificar por completo su estructura e incluso eliminar sus competencias, algo que en varios casos ya hizo.

Otra cosa que el Gobierno no podrá hacer por decreto al perder las facultades delegadas es cambiar la estructura jurídica de algunas empresas y sociedades del Estado, por ejemplo convirtiéndolas en Sociedades Anónimas, o transferirlas a las provincias. Tampoco podrá, luego del 8 de julio, modificar, unificar, disolver o liquidar fondos fiduciarios sin pasar por el Congreso.

Por esa razón, en los últimos meses Milei aceleró el "plan motosierra". Además de la reducción de numerosos trámites burocráticos y la promocionada eliminación del INADI, se disolvieron organismos como el Instituto Nacional Juan Domingo Perón y se modificaron otros como el Instituto Nacional del Teatro, donde fueron desvinculados el 20% de los empleados.

También se modificó el Banco de Datos Genéticos y se eliminaron varios fondos fiduciarios como el Fondo de Integración Socio Urbana, destinado a obras en barrios populares. En abril pasado, el Gobierno también anunció la transformación en Sociedades Anónimas de cinco empresas públicas, entre ellas Fabricaciones Militares, la Empresa de Navegación Aérea y Administración General Puertos.

Más recientemente, en el uso de las facultades delegadas el Gobierno eliminó la Marina Mercante y creó un Régimen de Excepción para el sector, medida que generó una movilización de 70 gremios este miércoles a las puertas del Ministerio de Desregulación que encabeza Sturzenegger.

En rigor, la protesta va más allá de esa medida y busca manifestar un repudio a los 47.000 despidos que hubo en el sector público desde que asumió Milei en 2023, los cuales en su mayoría se deben a la eliminación de más de 200 áreas, algo que el Gobierno exhibe con orgullo como un cumplimiento del "plan motosierra" que además le permitió ahorrarle al Estado unos u$s1.885 millones.

En ese marco, el mismo Sturzenegger generó expectativa sobre la posibilidad de que en los próximos días aparezcan nuevos decretos de delegación legislativa, entre los cuales figura la posibilidad de una reestructuración del INTA, el ente que se encarga del desarrollo tecnológico para el sector agropecuario.

Asimismo, el Ministerio de Desregulación apura cambios en la ANMAT (encargada de la supervisión de medicamentos y alimentos, a la que le quitaron intervención en las importaciones comerciales de productos medicamentos de bajo riesgo) y en el INTI (desarrollo de tecnología industrial), que dejará de ser descentralizado al igual que el INTA.

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