El gobernador Jaldo defendió el DNU para reactivar el Procrear: “Nosotros nos hacemos cargo”

Miércoles 25 de Junio de 2025, 21:03

La escena se repite con matices, pero con una urgencia constante: un micrófono, un gobernador, un ministro y un decreto que despierta tantas críticas como respaldos. Esta vez, fue el DNU N° 3/5, firmado por el Ejecutivo tucumano, el que volvió a poner en el centro del debate la delgada línea entre necesidad y legalidad. El objetivo, según el gobernador Osvaldo Jaldo y el ministro de Economía, Daniel Abad, es claro: evitar “un desastre social y económico” en la provincia.

Con tono firme, Jaldo defendió la decisión de retomar las obras del programa PROCREAR —abandonadas por la Nación— a través de contrataciones directas. “Este es el megaproyecto habitacional más grande del país. Pararlo sería condenar a 7.000 trabajadores al desempleo y dejar a 100 hectáreas en manos del abandono o la usurpación”, dijo, tajante.

Lo que está en juego no es menor: más de 3.000 viviendas y lotes con servicios, 22 empresas paralizadas y una inversión provincial de $70.000 millones en su primera etapa. La piedra angular del programa es Manantial Sur, una zona que quedó a la deriva tras la disolución del fondo fiduciario nacional en 2024, por decisión del presidente Javier Milei.

“Nosotros nos hacemos cargo”, repitió Jaldo. Lo dijo como quien ya no espera asistencia externa y se prepara para apagar un incendio con sus propios medios.

El DNU no solo autoriza la continuidad de obras, sino que habilita a los Ministerios de Obras Públicas y de Economía a contratar directamente sin pasar por licitación pública. La medida fue cuestionada por algunos sectores opositores, pero desde el Gobierno aseguran que no se trata de contratos nuevos. “Ya hubo una licitación, ya hay 22 empresas adjudicadas. Lo que hacemos es continuar el trabajo con las mismas condiciones, ya que los contratos originales no se podían transferir desde Nación”, explicó Abad.

El decreto, que ya cuenta con dictamen de la Comisión de Hacienda y Presupuesto de la Legislatura, será tratado en sesión especial. Allí se espera su aprobación para avanzar con la construcción de 507 viviendas en esta primera etapa.

“Este no es un capricho, ni mucho menos una violación al régimen de contrataciones”, señaló Abad, y adelantó que los fondos provendrán de recursos provinciales y financiamiento externo. También remarcó que el proceso será auditado por el Tribunal de Cuentas.

Más allá de los tecnicismos legales y los tironeos políticos, el trasfondo es social. “No podemos permitirnos que esta parálisis se convierta en una tragedia para miles de familias. Esta es una respuesta concreta del Estado cuando otros se retiran”, cerró Jaldo.

En un contexto donde la recesión marca el pulso económico, Tucumán vuelve a apostar a la obra pública como motor de empleo y contención. Esta vez, con un DNU que busca más que reactivar ladrillos: intenta sostener el entramado social en tiempos de ajuste. /El Ocho

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