Crearon un protocolo para que las comunas impidan usurpaciones

Sábado 28 de Junio de 2025, 08:09

AVANCE. La herramienta legal creada por la Legislatura permitirá terminar con las ocupaciones ilegales de terrenos fiscales en toda la provincia.



La Legislatura de Tucumán aprobó una ley que establece un protocolo de acción para las comunas rurales ante la ocupación ilegal de tierras fiscales y áreas protegidas. La iniciativa, que refuerza la línea política impulsada por el gobernador Osvaldo Jaldo de ser inflexible contra las usurpaciones, obtuvo el respaldo de todas las bancadas y busca dotar de herramientas concretas a los comisionados para que actúen rápidamente frente a estos hechos.

El proyecto, presentado por el legislador justicialista Carlos Gómez y trabajado en la Comisión de Asuntos Municipales y Comunales, recibió un amplio consenso. La normativa establece que, ante la detección de una usurpación, el comisionado rural deberá notificar al Ministerio del Interior, la Policía, la Fiscalía de Turno o las autoridades competentes, y solicitar el auxilio de las fuerzas de seguridad para intervenir en la recuperación de los inmuebles.

Además, la ley contempla que se deberá coordinar con organismos como la Secretaría de Medio Ambiente y los entes de Cultura y Turismo en caso de que la ocupación afecte zonas de valor ambiental o patrimonial. “Queremos darle a las comunas un instrumento claro para actuar. No solo se trata de recuperar tierras fiscales, sino también de proteger áreas naturales ante un daño ambiental que muchas veces no se considera”, explicó Gómez al fundamentar el dictamen.

Desde la oposición, el legislador radical Manuel Courel (Cambia Tucumán) acompañó el proyecto y destacó que se trata de una problemática que “ha tomado mucha visibilidad”. En ese sentido, mencionó como ejemplo el loteo Gaucho Castro, en El Mollar, uno de los casos más resonantes de apropiación de tierras en la provincia. También mencionó otras zonas críticas como la ruta 307 y La Quebradita.

Por su parte, Gerónimo Vargas Aignasse se sumó al debate con un encendido discurso: “No se puede pretender quedarse con tierras del Estado por el simple paso del tiempo. Los grandes apropiadores no son los humildes, sino las familias poderosas con vínculos en el poder económico y político”, sostuvo, marcando un punto de inflexión en el debate. La idea fue reforzada por su par Roque Tobías Álvarez, quien agregó que en la Capital también hay terrenos usurpados que hoy funcionan, por ejemplo, como estacionamientos de hoteles.

La sanción de esta ley se enmarca en la política de “tolerancia cero” que viene promoviendo el Ejecutivo tucumano frente a las ocupaciones ilegales, en particular sobre tierras públicas y en zonas ambientalmente sensibles. El protocolo, explicaron desde el oficialismo, busca brindar un respaldo institucional a los delegados comunales que muchas veces enfrentan presiones y amenazas al intentar frenar estas situaciones.

Con esta norma, Tucumán formaliza una política de Estado para evitar que el avance de loteos irregulares y tomas de tierras siga erosionando el patrimonio público. Ahora, las comunas tendrán un camino legal y administrativo más claro para actuar ante estas situaciones.