500 víctimas: tras una denuncia por sextorsión descubrieron una red de pedofilia internacional

Cuando, en julio de 2022, Marta Mabel V. hizo una denuncia por sextorsión nunca imaginó que iba a permitir que se descubriera una banda que producía, comercializaba y distribuía material de abuso sexual infantil (MASI). Detrás de la organización criminal hay 500 víctimas, todas niñas y niños menores de 13 años.

Así surge de un expediente judicial, a cargo de la jueza nacional en lo criminal y correccional Alejandra Provítola y del que participa la fiscal Paula Asaro.

La investigación, de la que formaron parte varias divisiones de la Policía Federal Argentina (PFA), tiene 21 sospechosos imputados, cuatro de los cuales están prófugos.

La organización criminal operaba en la ciudad de Buenos Aires, en la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santiago del Estero, Santa Fe y Misiones. Además, tenía conexiones en otros países como Arabia Saudita, Argelia, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Croacia, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Estados Unidos, Guatemala, Honduras, India, Italia, Malasia, México, Nicaragua, Paraguay, Panamá, Perú, Reino Unido y Venezuela, según surge del expediente judicial, al que tuvo acceso La Nación.

“[La organización criminal] estaría dedicada a la producción, financiación, ofrecimiento, distribución, facilitación, divulgación y comercialización de MASI. Es decir, de contenido de abusos o agresiones sexuales a personas menores de edad, víctimas de hechos previos de afectación a su vida, libertad, dignidad e integridad corporal, física, psicológica y sexual, que serían captados por fotos, videos, audios o cualquier otro tipo de archivo multimedia ilustrativo de esos ilícitos. Dicho contenido habría sido producido por una cadena de personas a la fecha no identificadas, por hechos desplegados tanto en el país como en el exterior, que fotografiaban, filmaban, grababan o captaban en distintas ocasiones y modalidades los acontecimientos de abuso sexual infantil; siendo luego ello ofrecido, distribuido, suministrado, difundido y hasta comercializado por otro grupo de personas, entre las que se encontrarían al menos los ya identificados, principalmente a través de conformación, utilización, implementación y administración de una comunidad virtual formada por intermedio de un grupo de mensajería instantánea de la aplicación WhatsApp, integrado por los abonados de los que los imputados serían los efectivos usuarios, en algunos casos con sus propias identidades y en otros con algunas ficticias o anónimas, pero en definitiva, demostrativo de sus identidades digitales”, sostuvo la jueza Provítola en una reciente resolución donde procesó a 15 sospechosos.

Los archivos de MASI eran distribuidos por medio de un grupo de WhatsApp que llevaba el nombre de Friend’s. El mismo fue creado el 29 de junio de 2022 por quien sería el jefe de la banda, uno de los 15 procesados con prisión preventiva por la magistrada.

El sospechoso tiene 42 años. Para la jueza Provítola, “por su función de dirección, planificación y ordenamiento de la actividad delictual, al haber creado el grupo, definido o designado a sus administradores, distribuir su actividad en la red e intentar atraer más miembros, mantener su efectivo funcionamiento y rédito, además de sus tareas en la administración del grupo y en la distribución del contenido” desplegó el rol de jefe.

Como se dijo, la investigación comenzó en julio de 2022 por una denuncia de sextorsión presentada por la víctima en la Comisaría Comunal 9A de la Policía de la Ciudad. Dos meses después, por pedido de la fiscal Asaro se hizo un procedimiento en la casa del supuesto extorsionador, situada en el barrio porteño de Mataderos.

En el operativo, se secuestraron cuatro teléfonos celulares, una computadora de escritorio y una notebook. Se ordenó un peritaje que estuvo a cargo de la División Pericias Telefónicas y División Pericias Informáticas de la PFA y se le dio intervención a la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (Datip) del Ministerio Público Fiscal de la Nación: se descubrieron 190 archivos de imagen y 304 archivos de video “respecto de los cuales se concluyó que se observan conductas que corresponderían al abuso sexual infantil”, según el expediente judicial.

También se determinó que el sindicado jefe de la banda envió a los integrantes del citado grupo de WhatsApp varios mensajes con el siguiente “Vendo contenido de todo tipo (…) Más de 200 videos (…) Menores, ancianas, violaciones”.

En la citada resolución donde procesó a los sospechosos, la jueza Provítola se refirió a un “perverso negocio” y sostuvo: “Al menos por ahora, puede sospecharse fundadamente que las características, envergadura, modo de consumación, extensión en el tiempo y gravedad de la tipología de las conductas de difusión o comercialización de esos archivos, con una verdadera organización conformada para ello, sin dudas propende y motiva a que las víctimas continúen siendo abusadas y agredidas, facilitando de esta forma con el mismo accionar, que se siga torciendo el normal desarrollo de su integridad psicosexual".

Los sospechosos fueron detenidos por detectives de la Policía Federal Argentina.

De la investigación que permitió desbaratar a la organización criminal participaron más de 120 detectives de la PFA del Departamento Investigaciones Federales (DIF), del Departamento Unidad de Investigación Antiterrorista (DUIA), del Departamento Trata de Personas, del Departamento Unidad de Investigación Contra la Corrupción, de la División Homicidios, de la División Delitos Tecnológicos, de la División Falsificación de Moneda, de la División Delitos Contra la Salud Pública, de la División Investigación contra el Robo Organizado, de la División Búsqueda de Prófugos, de la División Antidrogas de Reconquista (en Santa Fe), de la División Ciberpatrullaje y de las dependencias de la División Unidad Operativa Federal (DUOF) de Córdoba, Santa Fe, Rosario, Tucumán, Santiago del Estero y de la zona de la Triple Frontera. /La Naciòn