Miércoles 02 de Julio de 2025, 20:08
Ocho abogados y al menos 240 personas están siendo investigados por la Fiscalía de Delitos Económicos en el marco de una denuncia por presunta estafa. Según la acusación, todos habrían solicitado préstamos personales a una financiera y, poco después, se declararon en quiebra sin abonar ninguna de las cuotas pactadas.
La denuncia fue presentada por la empresa Finanpro S.R.L., que opera bajo el nombre comercial de Rapicuotas y se dedica a otorgar microcréditos a trabajadores en relación de dependencia. La firma, que funciona desde 2023 en un local de la calle Las Heras al 400, en Mendoza, detectó una serie de operaciones sospechosas a lo largo de 2024 que encendieron las alarmas.
De acuerdo con el escrito presentado por el abogado Gustavo Gazali, apoderado de la financiera,
en los últimos meses se multiplicaron los casos de personas que solicitaban préstamos por sumas que iban desde montos menores hasta cifras de dos o tres millones de pesos. Los clientes presentaban toda la documentación requerida, recibían el dinero y, casi de inmediato, iniciaban trámites judiciales para solicitar concursos preventivos o directamente la quiebra.
La empresa asegura que esto impidió recuperar los fondos entregados, ya que los solicitantes se amparaban en su supuesto estado de insolvencia para evitar cumplir con las obligaciones asumidas.
Al analizar los casos,
la firma detectó que muchas de estas personas ya habrían utilizado la misma metodología con otras financieras del mercado. Además, varios expedientes fueron impulsados por los mismos estudios jurídicos o abogados, lo que refuerza la sospecha de que se trata de una maniobra coordinada.
“El objetivo no fue otro que frustrar el pago de los créditos, presentando documentación con plena conciencia de que no iban a cumplir con los pagos”, sostiene la denuncia, que califica los hechos como parte de un
fraude planificado y no como casos aislados de morosidad.
Para los querellantes, el patrón es claro: los préstamos fueron solicitados con la intención de no pagar, y las quiebras fueron presentadas como una estrategia para eludir el cumplimiento de las deudas
. La suma total de los créditos otorgados en estas condiciones supera los 40 millones de pesos, lo que según la denuncia configura una maniobra delictiva “deliberada y con dolo”.
La fiscal Susana Muscianisi, a cargo de la investigación, avanza en la causa bajo la carátula de “estafa genérica”. Entre las primeras medidas ordenadas, se encuentra el secuestro de los expedientes judiciales donde se tramitan los concursos preventivos de los deudores involucrados. La lista de imputados incluye tanto a los abogados como a sus clientes.
La Justicia busca ahora determinar si se trató efectivamente de una red de fraude financiero organizada, con operadores legales detrás de cada presentación judicial. /
a24
