La detenida por el robo del celular del gobernador dijo que el autor de esta foto fue quien le entregó el smartphone del mandatario

Viernes 11 de Julio de 2025, 05:50

LA FOTO QUE LA INCRIMINO. Liliana “Pampita” Carrizo parece introducir su mano izquierda en el bolsillo del saco del gobernador Osvaldo Jaldo. El autor de la imagen, una de las primeras que se difundió tras el robo, fue señalado por la mujer como la p



La investigación por el hurto del teléfono celular del gobernador de Tucumán, Osvaldo Jaldo, sigue acumulando incógnitas, contradicciones y señales de una posible planificación. En una reciente audiencia judicial, la Justicia rechazó el pedido de arresto domiciliario para Liliana “Pampita” Carrizo, única detenida en la causa, pero el expediente dio un giro inesperado con la aparición de un nuevo protagonista: un fotógrafo que podría estar implicado en la secuencia del hecho.

El episodio ocurrió el pasado 18 de junio durante un acto político en el salón de fiestas Rocío, en La Cocha. En medio de la multitud, desconocidos se apoderaron del celular del mandatario. Las primeras pistas surgieron de una fotografía tomada por Héctor Juárez, en la que se ve a una mujer —luego identificada como Carrizo— aparentemente introduciendo su mano en el bolsillo interno del saco de Jaldo. Horas más tarde, la empleada comunal de Los Pizarro fue detenida.

Carrizo fue imputada por el delito de hurto y el juez Cristian Velázquez dictó 30 días de prisión preventiva, tal como lo solicitaron el fiscal Héctor Fabián Assad y la querellante Paula Morales Soria. En su primera audiencia, Carrizo se negó a declarar, aunque luego, en sede fiscal, habría ofrecido una versión diferente: aseguró que no robó el celular, sino que se lo entregaron. Dijo que intentó desbloquearlo para devolverlo y que incluso pensaba publicar el hallazgo en redes sociales.

Sin embargo, ese relato fue puesto en duda y parece haber formado parte de una estrategia legal que no prosperó. Carrizo revocó a su defensor oficial y designó a la abogada Emilia Giselle Ale, quien optó por una nueva línea de defensa. Alegó que su clienta está embarazada y tiene a su cargo dos hijas menores, por lo que solicitó el arresto domiciliario, medida que fue denegada.

La auxiliar fiscal Constanza Díaz se opuso con firmeza, señalando que no estaban acreditadas las condiciones médicas de la acusada y que, además, en su domicilio no hay conectividad suficiente para garantizar el monitoreo con pulsera electrónica. También recordó que la semana próxima debe evaluarse una posible prórroga de la prisión preventiva.

En paralelo, surgieron elementos que complejizan aún más la trama. Por un lado, los peritos confirmaron que se tomó una fotografía con el celular sustraído, en la que aparece Carrizo. Esto contradice su versión inicial e indica que el dispositivo fue utilizado tras el robo. Además, se están analizando las imágenes captadas por las cámaras de seguridad del salón, aunque la extracción de esos archivos se demoró debido a problemas técnicos.

Cuatro fotógrafos que cubrieron el evento entregaron sus tarjetas de memoria. Entre las imágenes, se detectaron inconsistencias que agregan más dudas. En una secuencia, por ejemplo, se ve a Carrizo primero sin celular y luego con un aparato en la mano. La fiscalía intenta reconstruir el momento exacto del hurto mediante análisis técnicos de tiempo y ubicación.

Pero el hecho más llamativo surgió en la última declaración de Carrizo: afirmó que fue el propio fotógrafo Héctor Juárez quien le entregó el celular. La Justicia ahora revisa cuidadosamente la cronología de las imágenes y evalúa la posible participación de otras personas. La querellante Morales Soria fue categórica: “No estamos ante un hecho aislado. Esto fue planificado. Se trata de un ataque institucional sin precedentes”.

El juez Rodrigo Martearena rechazó el pedido de morigeración por considerar que no correspondía en esta instancia del proceso. El fiscal Assad deberá decidir en los próximos días si solicita extender la prisión preventiva, mientras la causa avanza bajo la sombra de una presunta banda organizada y el misterio aún sin resolver sobre el objetivo detrás del hurto del celular del gobernador.

La investigación sigue abierta y la expectativa crece: ¿Quién sustrajo realmente el celular? ¿Actuaron en conjunto? ¿Qué buscaban obtener del dispositivo? Las respuestas podrían cambiar el enfoque de una causa que ya desborda lo judicial y toca de lleno la fibra institucional de la provincia.