El cierre de Vialidad Nacional oscurece el futuro del acceso a San Miguel de Tucumán por ruta 9
Sábado 19 de Julio de 2025, 06:19
OBRA PRIORITARIA. El acceso a San Miguel de Tucumán por ruta 9 es una de las incógnitas que se abren tras la polémica decisión del gobierno nacional de suprimir la Dirección Nacional de Vialidad.La iniciativa, financiada originalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), comenzó en julio de 2022 durante la presidencia de Alberto Fernández, con la promesa de descongestionar uno de los nudos viales más transitados de la provincia, con más de 23.000 vehículos por día. No obstante, la ejecución quedó paralizada primero por conflictos operativos —como problemas con expropiaciones— y luego por falta de financiamiento, acumulando apenas un 15% de avance.
Si bien la DNV había catalogado el cruce de San Andrés como uno de sus proyectos prioritarios para 2024, la iniciativa presidencial de absorber sus funciones dentro del Ministerio de Economía —sin una estrategia clara para la continuidad de obras— dejó todo en suspenso. En paralelo, el gobierno de Osvaldo Jaldo había iniciado gestiones para provincializar la obra, como ocurrió con la rotonda de Juan Bautista Alberdi, pero nunca se cerró un acuerdo formal. “No nos comunicaron nada”, admitieron esta semana desde la Casa de Gobierno provincial.
La medida de Milei generó además un fuerte impacto institucional, ya que —más allá de la cautelar emitida por un tribunal bonaerense— instaló la incertidumbre sobre proyectos claves para las provincias. En este contexto, la obra de San Andrés quedó sin ejecutor, sin financiamiento, y sin una hoja de ruta clara.
Según datos del pliego original, el monto previsto para la obra rondaba los $ 1.471 millones a precios de 2020, pero actualizaciones de costos realizadas por técnicos del Ejecutivo provincial estiman que hoy serían necesarios unos $ 30.000 millones, sin contar imprevistos. La intervención incluye dos rotondas, un puente sobre el río Salí y la duplicación de calzadas, además de obras de semaforización y drenaje.
Gabriel Acosta, secretario general del sindicato de Vialidad Nacional en Tucumán, explicó que los trabajos comenzaron pero se detuvieron por problemas legales: “Se arrancó, se hicieron los pilotes y la base granular, y de ahí se frenó”. Consultado sobre la posibilidad de que la Provincia asuma la obra, fue tajante: “No creo que tenga presupuesto para semejante proyecto”.
La Memoria Descriptiva del Acceso Sur expone que la actual infraestructura ya no da abasto: el cruce de las rutas nacional 9 y provincial 306 presenta un tránsito en constante congestión. “La semaforización resulta insuficiente incluso fuera del horario pico, con colas de más de un kilómetro”, señala el documento. Esto, advierten, aumenta la peligrosidad y multiplica las maniobras imprudentes, como la circulación por banquinas.
La falta de avances impacta no solo en la movilidad, sino también en la productividad logística, al tratarse de una vía clave para el tránsito comercial del sur de la provincia hacia la capital tucumana.
La posible desaparición de la DNV y la paralización de sus obras reavivan la tensión entre el gobierno de Milei y los gobernadores, especialmente con mandatarios peronistas como Osvaldo Jaldo. Aunque el mandatario tucumano ha mantenido una postura de diálogo, la falta de certezas desde la Casa Rosada comienza a encender alarmas sobre el impacto territorial del ajuste nacional.
En medio de una crisis económica generalizada, los recursos de las provincias no alcanzan para asumir obras de magnitud, y Tucumán no es la excepción. Mientras tanto, el cruce de San Andrés sigue estancado, con sus pilotes a medio hacer y las promesas de descongestión varadas en la banquina.
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