Jueves 24 de Julio de 2025, 05:50
El Ministerio Público Fiscal de Tucumán decidió avanzar con el pedido de elevación a juicio oral en una causa por estafa agravada que involucra a un técnico constructor y al dueño de una empresa constructora, acusados de haber generado daños por más de $ 70 millones en la vivienda de una familia que los contrató en un country de Yerba Buena.La decisión fue comunicada luego de que la justicia rechazara una propuesta de reparación económica de $ 7 millones presentada por la defensa de uno de los imputados, al considerarla "irrazonable" frente al perjuicio causado. Con esto, quedó descartada la posibilidad de una suspensión del juicio a prueba (probation), y la fiscalía ratificó su voluntad de llevar el caso a un debate oral.
El conflicto se originó en noviembre de 2020, cuando una pareja firmó un contrato con el técnico M.M.L. y los hermanos F.A.G. y C.F. para construir su casa en un barrio cerrado sobre calle La Rioja al 3.500. Aunque el plano fue aprobado en diciembre de ese año por los colegios profesionales, lo que debía ser el comienzo del sueño de la casa propia se transformó en una pesadilla.
Con el correr de los meses, los propietarios detectaron que la obra no respetaba ni los planos ni los materiales acordados. Según la acusación del MPF, se omitieron vigas, columnas y otros elementos clave para la seguridad estructural, lo que derivó en fallas críticas en sectores como el voladizo del dormitorio y el garaje.
La causa fue asumida por la Fiscalía de Estafas, Usurpaciones y Cibercriminalidad I, a cargo de
María del Carmen Reuter. Ante un delito poco común, los fiscales y querellantes,
Florencia Abdala y
Camilo Atim, solicitaron peritajes técnicos y consultaron a arquitectos e ingenieros para demostrar la mala praxis en la construcción.
En octubre de 2024, el técnico M.M.L. fue formalmente imputado como coautor del delito de estafa agravada por fraude en materiales de construcción. Luego, se formularon cargos similares contra F.A.G., supuesto copropietario de la firma constructora, y C.G., administradora de la empresa. Más adelante, se solicitó y aceptó el sobreseimiento de C.F., aunque la resolución fue apelada por los querellantes.
El martes pasado, la defensa de F.A.G., representada por el abogado
Franco Venditti, ofreció una probation con una reparación económica de $ 7 millones en tres cuotas, sumado a tareas comunitarias por 24 meses. Justificó el monto alegando que su cliente cobra $ 200.000 como albañil y es sostén de un hijo menor.
Pero tanto la fiscalía como los abogados de la familia rechazaron el planteo. La auxiliar fiscal
María Paula Bellomío fue contundente: “El imputado es el dueño de una constructora, su situación económica no justifica semejante desproporción entre el daño y la reparación”. Además, recordó que la familia debió invertir otros $ 35 millones para evitar el colapso de la estructura.
El abogado Atim reforzó la postura de la fiscalía y citó peritajes que evidencian una mala praxis grave: materiales de mala calidad, ausencia de elementos esenciales y peligro estructural. Incluso, un perito recomendó la demolición de un sector de la casa por riesgo de derrumbe. A eso se sumó un presupuesto actualizado por el Banco Nación, que eleva el costo de reparación a $ 70 millones.
Tras escuchar los argumentos, el juez
Fernando Zottoli rechazó la probation y respaldó el avance hacia el juicio oral. Ayer, el Ministerio Público Fiscal notificó oficialmente a la querella del requerimiento de elevación a juicio contra F.A.G. y M.M.L.
La causa quedó lista para iniciar el proceso judicial tras la feria de invierno. Mientras tanto, los querellantes esperan la definición sobre el recurso presentado contra el sobreseimiento de C.F., cuyo fallo todavía no está firme.
En este escenario, el caso avanza como uno de los más significativos en materia de estafas por construcción en la provincia, tanto por el monto involucrado como por la gravedad del riesgo que habría representado para la familia damnificada.