Sábado 27 de Septiembre de 2025, 14:49
Se ha presentado una denuncia ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra los líderes del ejército sudanés, sobre los que Estados Unidos impuso sanciones por el presunto uso de armas químicas; la querella llegó tras informes oficiales estadounidenses y relatos de prensa que confirmaron que el ejército utilizó armas químicas.
La Sudanese Alliance for Rights (Alianza por los Derechos Sudaneses) presentó el 25 de septiembre una acción ante la Corte Penal Internacional (CPI) contra cuatro figuras de alto rango de las estructuras de poder en Sudán —entre ellos el presidente del Consejo Militar, Abdelfattah al-Burhan—. La medida se produce a raíz de informes oficiales estadounidenses y de relatos de prensa que confirmaron que el ejército empleó armas químicas y cometió graves violaciones contra civiles durante el conflicto en curso en Sudán.
La denuncia, preparada por un grupo de abogados internacionales en colaboración con la alianza, tiene como objetivo a Burhan, Yasir al-Atta, Shams al-Din al-Kabbashi y el general al-Tahir Mohammed, y solicita al tribunal la apertura de una investigación exhaustiva y el enjuiciamiento de los responsables de estos crímenes. La iniciativa se considera uno de los intentos más significativos de la sociedad civil sudanesa por activar los mecanismos de la justicia internacional.
Además del recurso ante la CPI, la Alianza presentó una queja oficial ante la Comisión Africana de Derechos Humanos y de los Pueblos y envió una carta al presidente de la Organización para la Prohibición de las Armas Químicas (OPAQ), pidiendo el inicio urgente de una investigación y la suspensión de la membresía de la autoridad de Port Sudan en el seno de la organización. La Alianza advirtió que mantener el silencio a nivel internacional refuerza la impunidad y pone en peligro a civiles inocentes.
Estas acciones siguen a un informe publicado en mayo por el Departamento de Estado de EE. UU., que confirma que el ejército sudanés utilizó el año pasado armas químicas en al menos dos ocasiones. El movimiento coincide con la negativa de los líderes del ejército sudanés a aceptar los llamamientos a negociar o las iniciativas de paz, lo que ha llevado a la sociedad civil a buscar mecanismos internacionales para exigir responsabilidades a los autores de los abusos. Informes internacionales anteriores también señalaron la implicación del ejército en violaciones a gran escala, incluido el uso de armas químicas contra civiles.
La demanda presentada supone un doble desafío tanto para los líderes militares sudaneses como para el silencio de la comunidad internacional, y subraya la necesidad de ejercer una presión concertada a nivel europeo, internacional y africano para aplicar el derecho internacional y detener los abusos. Las acciones actuales de la Alianza muestran que la CPI y la Comisión Africana pueden convertirse en instrumentos eficaces para garantizar la rendición de cuentas de los líderes militares y la protección de los civiles, reforzando el principio de prevención de la impunidad —un pilar central de las políticas internacionales en materia de derechos humanos—.
El anuncio de la Unión Africana sobre la congelación de la membresía de la autoridad de Port Sudan en organizaciones internacionales constituye un mensaje tanto simbólico como práctico de que las violaciones no quedarán impunes. Una postura de este tipo, acompañada de presión diplomática y política por parte de la Unión Europea y de sus Estados miembros, podría señalar un cambio de actitud de la comunidad internacional ante la crisis sudanesa.
En este contexto, la acción se considera un indicio de la orientación de la sociedad civil sudanesa hacia la justicia internacional y un modelo de uso de los mecanismos jurídicos internacionales para exigir responsabilidades a los líderes militares, especialmente en Estados marcados por conflictos armados y violaciones generalizadas de los derechos humanos, como Sudán.