Sábado 27 de Septiembre de 2025, 19:47

El empresario Sergio Andrés Aguirre, socio de Martín Menem, en la sede de Osprera.
“Dejaron todos los dedos pegados”, resume un investigador judicial para resumir esta historia. El protagonista es Sergio Andrés Aguirre, más conocido como “el socio de Martín Menem”. Médico de profesión, Aguirre desembarcó en Osprera en octubre del año pasado, de la mano de la primera interventora puesta por el Gobierno, Virginia Montero. En los registros de la obra social -la segunda más importante del país, con 500.000 afiliados- figuraba como “asesor en sistemas”. Idéntico cargo tenía su madre, Casandra Mirabelli, una mujer de 71 años que daba órdenes como si fuera una autoridad. Ambos tenían mails corporativos y concurrían con frecuencia a la sede de la obra social. Al mismo tiempo, eran socios de Htech Innovation, una empresa “fantasma” contratada para auditar los sistemas informáticos de la obra social.
La Justicia ya tiene confirmado que esa firma, allanada este semana, cobró al menos $156 millones en apenas cuatro meses. ¿Dónde terminó ese dinero? Hay transferencias a cuatro cuentas bancarias. También se hicieron inversiones en bonos y se pagaron a supuestos proveedores.
Aguirre es socio del presidente de la Cámara de Diputados desde 2019 en la empresa TR Nutrition SRL, dedicada a la comercialización de suplementos dietarios. La relación entre ambos habría comenzado como médico y paciente. Aguirre es endocrinólogo, deportólogo, y siempre combinó la medicina con la tecnología. “En su consultorio utiliza una aplicación muy buena, la diseñó él mismo”, contó un paciente.
LA NACION intentó comunicarse con los protagonistas, pero se negaron a contestar preguntas.
En abril del año pasado, cuatro meses después de la asunción de Javier Milei como presidente, Aguirre creó la empresa, Htech Innovation, junto a su madre, María Casandra Mirabelli, y Stefano Zanetti, un empresario de 39 años, con domicilio en la localidad de San Isidro.
En los registros comerciales, Mirabelli figura como presidenta de esa firma. En los hechos, es la socia de su hijo.
Apenas seis meses después de su creación, HTECH fue contratada por la interventora estatal en Osprera, Virginia Montero, para realizar un trabajo de auditoría en los sistemas informáticos de la obra social, según reveló en su momento el sitio El Disenso.
El primer paso ocurrió el 29 de octubre, cuando Montero reclama la contratación de HTECH. “Esta contratación resulta de suma importancia y urgencia para la intervención, ya que permitirá dar continuidad a los trabajos iniciados en el mes de agosto, optimizando los sistemas y procesos en TI y evaluando su seguridad y cumplimiento normativo”, dice ese documento al que tuvo acceso LA NACION.
Un mes después, luego de la intervención de otras áreas, desde la coordinación general de Osprera, se “recomendó” la contratación de esa empresa para realizar una “asesoría externa en sistemas, seguridad y tecnología”.
El documento interno, al que accedió La Nación, donde también aparece la firma de Montero, admite que la primera factura de HTECH era la 001: “La Gerencia de Administración y Finanzas informa que para el mes noviembre el canon será de $19.828.512 final. Para los meses agosto y octubre se calcula un proporcional de 25% y 14% respectivamente. Este monto resulta abonado mediante factura N° 01-001 por un total $7.733.119,68?.
Montero también contrató el servicio de “asesoría estratégica”. Eso explica los montos millonarios de las facturas que comenzaron a llegar a Osprera: “Adicionalmente, solicito la contratación de los servicios mensuales de asesoría estratégica de HTECH Innovation, como parte de una gestión continua de apoyo experto en la planificación y ejecución de estrategias que mejoren los procesos de la obra social”.
La primera interventora en Osprera ya había tenido un breve paso por la obra social: en esa primera etapa duró menos de diez días. Retomó su función en octubre del año pasado.
Una de sus primeras decisiones, llamativamente, fue contratar a HTECH. En las reuniones de asesores compartían la misma mesa el propio Aguirre (sistemas), el contador Eduardo Belizo, y Marcelo Petroni, que la terminó sucediendo en el cargo.
Montero aguantó menos de dos meses en esa segunda etapa. “Se asustó”, repiten en los pasillos de Osprera. El negocio ya estaba hecho.
Transferencias sospechosas
La Justicia ya tiene probado que entre noviembre de 2024 y febrero de este año, Osprera le transfirió a HTECH al menos $156 millones. Esa cifra corresponde a las primeras cinco facturas de la empresa. El primer pago se efectivizó en noviembre, cuando Montero todavía cumplía funciones. A partir de ese momento, los pagos continuaron hasta el 28 julio de este año. “La cifra de 156 millones es parcial, hay que sumar las últimas facturas que encontramos en los allanamientos”, explicó una fuente con acceso a la causa.
La contratación de HTECH está siendo investigada por el fiscal Guillermo Marijuan. El expediente principal comenzó con una denuncia del secretario general de la Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores (Uatre), José Voytenco, contra sus rivales en el gremio, a los que acusó de haber querido tomar ilegalmente el control. Luego se sumaron otras tres causas satelitales donde se investiga la muerte de nueve pacientes de Osprera, los pagos a las droguerías Disval y Suizo Argentina, y la contratación específica de HTECH Innovation.
La batalla política y jurídica por el control del gremio y la obra social comenzó con una denuncia contra Voytenco por enriquecimiento ilícito. Luego se sucedieron más de media docena de denuncias en Comodoro Py.Esta semana, el fiscal Marijuan ordenó varios allanamientos y secuestró pruebas muy valiosas.
Uno de los operativos fue en el domicilio fiscal de HTECH, en Jorge Newbery al 1500. Los efectivos de la Policía Federal no encontraron empleados ni oficinas a nombre de esa firma, pero se toparon con otra empresa de Aguirre, Wellmets SRL, que ofrece servicios médicos, nutrición, rehabilitación y asesoramiento deportivo de vanguardia”. Para los investigadores, igualmente, el operativo fue “positivo” porque secuestraron entre 9 y 10 facturas de HTECH por supuestos servicios a la obra social de los empleados rurales.
Hay otra prueba que ya está en poder de la Justicia: los registros bancarios. Según pudo saber LA NACION de fuentes con acceso al expediente, la cuenta de HTECH en el Banco Francés recibió transferencias millonarias de Osprera y luego hizo movimientos sospechosos a cuatro cuentas. Una de esas cuentas receptoras pertenece a la madre de Aguirre, María Casandra Mirabelli, que hasta el 31 de agosto daba instrucciones dentro de la obra social y es la presidenta de HTECH. Los otros tres destinatarios serían monotributistas. “Suponemos que tercerizaban el trabajo de Osprera, eso explicaría las transferencias, después habrá que probar si se justifican”, explicó un investigador.
El cuadro se completa con otro dato inquietante
: los investigadores sospechan que la empresa no tenía empleados registrados. Falta una respuesta oficial de ARCA.
En Osprera aseguran que Aguirre y su madre no concurrían regularmente a la obra social y que tenían un pequeño “equipo” para desarrollar las tareas que reclamaban los interventores. En enero de este año, por citar un caso, el socio de Martín Menem ingresó apenas seis veces al edificio de Reconquista al 600. En otras ocasiones accedía desde el estacionamiento, ubicado en el subsuelo, y no quedaba registrado. También era una maniobra para esquivar el clima de tensión que se vivía en el edifico de UATRE.
Correos, documentos e informes oficiales
Según el peritaje que hizo el fiscal sobre el teléfono de Petroni, interventor actual en Osprera,
Aguirre oficiaba como una suerte de nexo con la familia Menem. El 20 de enero, Petroni le mandó dos mensajes muy sugestivos: “
Avisale a Lule” y “eso lo tiene que saber Martín y Lule”.En los registros de la Casa Rosada, a los que accedió LA NACION, aparece un solo ingreso de Aguirre. Ocurrió el 5 de julio pasado. El médico fue a ver a “Lule” Menem junto a la interventora Montero, la misma que lo contrató en Osprera. Entraron a las 18:15 y se fueron a las 20 horas. ¿El motivo? Una “gestión institucional”.
Petroni asegura por estas horas que se enteró por los medios del vínculo comercial entre Aguirre y Martín Menem. Y que ese mismo día se comunicó con el médico para pedirle explicaciones. La comunicación terminó abruptamente y a los gritos. Horas después, el interventor suspendió los pagos a HTECH y ordenó una auditoría. Sin embargo, Aguirre y su madre mantuvieron un vínculo laboral con la obra social hasta el 31 de agosto. Recién ese día, les suspendieron sus mails corporativos.
El interventor de Osprera es un abogado penalista sin antecedentes en la función pública. Militaba en la La Libertad Avanza hasta que fue nombrado por la Superintendencia de Salud (SSS). En las últimas horas, le dijo a sus allegados que seguirá con su objetivo: bajar el déficit de la obra social, pese a las denuncias y los aprietes. Petroni recibió amenazas por las redes sociales y llegó a vivir dos meses con una custodia permanente de la Policía Federal. Ahora solo tiene efectivos de la Policía de al Ciudad para custodiar su despacho, ubicado en el tercer piso del edificio de UATRE.
El interventor asegura que no tuvo trato con el presidente de la Cámara de Diputados. Dice que lo vio “una sola vez” en diciembre de 2024, dos meses después de asumir en el cargo.
Con las pruebas recolectadas hasta ahora, los investigadores tienen serias sospechas que la contratación de HTECH fue un gran negociado. Los registros de la cuenta bancaria de la empresa revelaron que además de las transferencias a la madre de Aguirre y a varios monotributistas, se compraron bonos en dólares, y se pagaron gastos millonarios.
La investigación recién comienza. Este miércoles, Marijuan también allanó la sede de Osprera con la orden de llevarse toda la documentación disponible sobre esa firma. Reclamó especialmente los mails corporativos “que permitan reconstruir la relación entre OSPRERA y la sociedad HTECH INNOVATION SA, sus socios y/o responsables”. La Policía estuvo ocho horas en la sede de Uatre. Las pruebas comenzarán a llegar a la Fiscalía recién esta semana, pero ya hay avances que encendieron todas la alarmas.
Por Nicolás Pizzi / La Nación
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